El arma secreta de María Eugenia Vidal

¿Cómo se cambia la cultura de una época? Una respuesta posible, con decisión política, férrea. Otra, con datos. En la provincia de Buenos Aires, ambos caminos están en juego en la estrategia que María Eugenia Vidal despliega hoy para dirimir quién se queda con el gobierno del sistema educativo bonaerense: si el ejecutivo provincial o los sindicatos docentes.

Por un lado, su voluntad de dar batalla es continuidad en la provincia de una “batalla cultural”, como le gusta decir al ministro de Educación nacional Alejandro Finocchiaro , que se da a nivel nacional en pos de devolverle al estado, y al gobierno, el rol de defensor de los intereses comunes, el bien público de la educación, y arrinconar a los sindicatos en su papel de defensores de beneficios meramente corporativos. Para ganar una guerra, hay que construir un “malo”.

En ese sentido, las paritarias docentes modelo 2018 no son una filigrana más del folklore trillado de mesas paritarias que se repiten desde 2008 a nivel nacional, y sancionadas por ley desde 2006 en provincia de Buenos Aires, con una lógica idéntica y con final conocido: paro docente sostenido, gobiernos doblegados.

Vidal pretende hacer lo que los gobiernos peronistas o kirchneristas que se sucedieron en la provincia no pudieron hacer: plantarse con efectividad ante los sindicatos docentes y cambiar la lógica de la negociación. Gobernar el sistema educativo, en definitiva.

Desde 2002 hasta 2017, en provincia de Buenos Aires con cada paritaria, y aún antes de que existiera, hubo paros, con la excepción de 2015 cuando las elecciones nacionales disciplinaron a los principales sindicatos docentes provinciales, más alineados con el kirchnerismo. Entonces no hubo huelga docente por primera vez en trece años.

Aunque con el macrismo en el poder los sindicatos bonaerenses volvieron al paro, 6 días en 2016 y 17 en 2017, la lógica paritaria ha cambiado rotundamente.

Por un lado, porque el desmantelamiento de la paritaria nacional perpetrada por el gobierno de Cambiemos el año pasado dejó claro que la pretensión de legitimidad incuestionable que se atribuye el sindicalismo docente no es algo que inquiete demasiado al macrismo. La historia de reivindicaciones y luchas del gremialismo docente le es ajena culturalmente a PRO.

Puede haber también otra razón para una vocación tal de resistencia al gremialismo docente: que buena parte de los votantes de Cambiemos no elige la escuela pública y el paro docente que la afecta no impacta negativamente en sus preferencias electorales. En ese sentido, Cambiemos está blindado.

El macrismo, en cambio, sí está atento a resultados, los educativos por ejemplo. Lo mismo que buena parte de sus votantes. Y en ese punto, la provincia de Buenos Aires después de décadas de gobiernos peronistas y sindicalismo docente con vocación de paro, tiene problemas educativos profundos.

Ese panorama da legitimidad a la estrategia de Vidal en su puja con los gremios docentes. La síntesis es Vidal versus Baradel, cada vez más acorralado por sus lealtades sindicales. O como lo resuelve la brutalidad del universo paralelo de twitter: la Bella versus la Bestia.

Es ahí entonces que a la vocación de Vidal de disputar el poder educativo, se le suman los datos. Por un lado, Vidal, con esa envergadura comunicativa que irrita a la oposición y despierta el amor entre sus votantes, moldea la conversación pública en torno a la educación, se coloca como defensora de los chicos frente a gremialistas que parecen defender egoístamente sus intereses corporativos y pone al estado como representante de la sociedad civil, convertida en rehén de los gremialistas y los paros.

Por el otro lado, el arma secreta más poderosa con la que cuenta Vidal en la puja educativa de los últimos meses: su ministro de Educación, el director general de Cultura y Educación de la provincia, Gabriel Sánchez Zinny, dedicado, entre otras cosas, a algo muy puntual: recabar datos.

Con cifras de todo tipo, Sánchez Zinny viene desplegando una política “transaccional”, según definen en su entorno, de intercambio de soluciones que los actores del sistema, el gremialismo incluido, le reconocen.

Y esto es central: la estrategia de Vidal y su ministro pone sobre la mesa de la opinión pública datos que en esta Argentina con déficits estadísticos ningún gobierno antes pudo exhibir a la hora de negociar con los gremios y ganarles la parada. Por ejemplo, las tasas de ausentismo que ocupan el centro de la escena en la negociación paritaria de este año. Y la pérdida económica que representa o el premio económico que podría representar para los docentes si se pudiera reducir.

Ni en 2012, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner decidió enfrentar a los docentes, contó con datos firmes sobre ausentismo: el 24,8 por ciento de tasa de ausentismo a nivel nacional que denunció fue considerado poco confiable.

La gestión de Sánchez Zinny dice haber detectado que la tasa de ausentismo en provincia de Buenos Aires es del 17 por ciento, con un promedio de 117.343 licencias mensuales otorgadas en 2017 entre los 282 mil docentes y 80 mil auxiliares de la provincia. Esa tasa de ausentismo, sostienen desde el ministerio, le cuesta a la provincia $19 mil millones.

Según explican desde el equipo del ministro, la fuente de esos datos es obvia: la base de datos de recursos humanos del ministerio de Educación provincial donde se consigna cada docente con su DNI, sus salarios y las licencias solicitadas que figuran en sus recibos de sueldo.

“Ese software tiene 30 años de antigüedad así que tiene las imprecisiones propias de un software viejo, pero es lo más preciso con lo que contamos”, explican off the record desde el ministerio. ¿Por qué ningún gobierno lo hizo antes?, es la pregunta. “Porque no quisieron”, responden.

Los datos de ausentismo son, por el momento, un punto de partida. Requieren ser precisados: falta comprender bien cómo se llega al porcentaje del 17%. Y es necesario también comparar el ausentismo docente con otras ramas de la economía para determinar su gravedad real.

La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) elaborada por el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social da una dimensión del ausentismo que tiene en cuenta el porcentaje de trabajadores del sector privado ausentes al menos un día al mes. A 2015, en el sector de la construcción, ese porcentaje fue del 19,8 por ciento, similar a la del sector industiral. En comercio y servicios, el porcentaje de trabajadores que faltó al menos una vez al mes fue de 15,4 por ciento.

Los datos abundan en la gestión de Sánchez Zinny. El ministerio detectó, por ejemplo, que miles de personas ajenas al área, muchos de ellos gremialistas, tenían acceso a la base de recursos humanos educativos, es decir a la información de sueldos de los docentes de todo el sistema. A partir de eso se decidió cambiar los códigos de autorización, lo que generó el reclamo de algunos gremialistas.

En noviembre, el equipo de Sánchez Zinny contabilizó 26 mil docentes que esperaban legítimamente la confirmación en sus cargos desde 2004 y decidió titularizarlos. Para el 5 de marzo, espera poder aplicar de manera implacable la legalidad del Estatuto del Docente que exige título docente para estar frente a un aula y dejar cesantes a personas que no cumplen ese requisito, medida que los gremios no apoyan: el ministerio está elaborando ahora esa estadística. En los últimos días avanzó con el cierre de secciones o grados en escuela porque se encontró que había menos de 10 chicos por aula con el argumento de que iba en contra de su socialización, medida que generó polémica.

Sánchez Zinny no es un pedagogo sino un licenciado en Economía por la Universidad de San Andrés, empresario del sector educativo, autor de varios libros sobre educación, lobbysta con años de trayectoria en los pasillos del poder de Washington en Estados Unidos, el segundo ministro más rico del gabinete de Vidal en una clase política donde el éxito económico suma puntos. Capaz de dialogar fluidamente con Baradel, con quien mantiene un diálogo productivo según reconoce el propio sindicalista. O con la kichnerista Verónica Magario, intendente de La Matanza, y con su referente educativa, la kirchnerista Silvina Gvirt, que también elogia la capacidad de trabajo en equipo de Sánchez Zinny, más allá de las diferencias políticas. Un hiperactivo, como lo definen muchos de quienes lo conocen, que desafía los tempos a los que obliga la política.

El ministro de Educación provincial ve la educación como una gestión de recursos finitos. Y está atento a la presión que desde el ejecutivo nacional ejercen en torno a las metas de inflación. En ese sentido, las metas macroeconómicos pesan en la gestión educativa de Vidal y Sánchez Zinny por encima de cualquier inversión decidida a partir de un objetivo educativo. El presentismo, aunque también apunta a asegurar un mejor proceso de aprendizaje con docentes estables en las aulas, está motivado centralmente por el ahorro y destinado a compensar salario sin impactar en la inflación.

Ayer volvió al tapete en la segunda mesa paritaria del año, donde el gobierno provincial ofreció una compensación por presentismo de $6 mil sin tocar el 15 por ciento de aumento salarial.

Esta estrategia basada en datos está dando resultados: ni Baradel ni el resto de los gremios han puesto hasta ahora la amenaza contundente del paro sobre la mesa y el ítem del presentismo parece haber llegado para quedarse.

Pero si se trata de hacer historia en la transformación educativa del distrito escolar más grande del país, está claro que doblegar sindicatos no es lo mismo que contar con una política educativa. Disciplinar sindicatos es una cosa. Mejorar estructuralmente el sistema educativo bonaerense, es otra cosa. Y ni siquiera está claro que el primer éxito conduzca al segundo logro: en definitiva, un gremialismo docente informado y moderno es necesario también para alcanzar el balance de fuerzas e intereses que permiten desarrollar políticas educativas sostenibles.

También que el ausentismo o la baja calidad de los aprendizajes de la escuela pública no son sólo datos que interesan a la hora de negociar paritarias. Son necesarios día a día para transformar lo que sucede dentro de las aulas.

Las victorias estridentes sobre el gremialismo docente pueden ser buenas para las encuestas de intención de voto a favor de Cambiemos. Pero si lo que interesa es la educación argentina y el largo plazo, eso no alcanza.