El bautismo de fuego de Alberto Fernández

Con la sanción y la promulgación de la llamada ley de solidaridad social y de reactivación productiva, Alberto Fernández pasó su bautismo de fuego frente al Congreso y se transformó en el presidente de la era democrática que gozará de mayores facultades legislativas delegadas. Sin embargo, también quedó envuelto en un juego de ensayo y error, que lo llevó a formular algunas promesas de complejo cumplimiento.

La megaley de emergencia ha planteado las bases de un nuevo hiperpresidencialismo, pero también una novedad o, si se quiere, una curiosidad. Este hecho novedoso es que, por primera vez en mucho tiempo, un gobierno peronista parecería mostrar preocupación por el déficit fiscal, aunque como tantas otras veces el ajuste no recaerá sobre el Estado, sino sobre distintos sectores de la sociedad.

Esa preocupación por paliar el déficit tiene nombres y apellidos. Y muchos de ellos corresponden a buena parte de los jubilados.

Hasta la semana pasada, los integrantes de la llamada clase pasiva sabían que, en función de la ley de movilidad jubilatoria, a partir de marzo y por un semestre, iban a percibir un aumento en sus haberes del orden del 28%, consecuencia de un cálculo aprobado a fines de 2017 y que contempla subas en función de un índice compuesto en un 70% por la inflación y en un 30% por la variación general de los salarios. Después de la sanción de la ley de solidaridad social, que incluyó la suspensión por 180 días de la movilidad jubilatoria, nadie sabe a ciencia cierta qué incremento recibirá. El nuevo cálculo para el incremento de los haberes dependerá pura y exclusivamente de la voluntad del presidente de la Nación.

Probablemente, como en otras épocas del kirchnerismo, se busque beneficiar a quienes perciben el haber jubilatorio mínimo, hoy de 14.068 pesos, aunque a costa de jubilados y pensionados que reciben algo más.

Alberto Fernández negó públicamente que hubiera un congelamiento de los haberes jubilatorios y ratificó que, en marzo, habrá un incremento, que se sumará al bono de 5000 pesos que se pagará por los meses de diciembre y enero a quienes ganen la mínima, y de un valor menor y proporcional a quienes ganen hasta 19.068 pesos.

El primer mandatario alegó fines "redistributivos y solidarios". Pero lo cierto es que la redistribución y la solidaridad quedarán a cargo de los jubilados que perciban actualmente algo más que el haber mínimo. Se produciría así un progresivo achatamiento de la pirámide, que podría derivar en una nueva ola de demandas judiciales.

Uno de los primeros golpes que recibió Alberto Fernández se produjo el viernes pasado, cuando, en medio de la discusión de la ley en la Cámara de Diputados, se supo que la suspensión de la movilidad jubilatoria no regiría para exfuncionarios de alto rango ni para exjueces que gozan de elevados haberes jubilatorios, aunque sí para abuelos que aportaron toda su vida para lograr un magro beneficio.

La respuesta inmediata del Presidente fue anunciar que se prorrogarán las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 29 de febrero, con el fin de que se trate un proyecto de ley, aún no elaborado, "que termine con las jubilaciones de privilegio", en referencia al Poder Judicial y al cuerpo diplomático. Un desafío tan inesperado como de difícil resolución.

Quedó la sensación de que el jefe del Estado advirtió tardíamente que pedir esfuerzos a los ciudadanos exige como contrapartida un ejemplar ajuste de la política.