El camarista Freiler y sus cómplices en la justicia federal

Con otro estilo, el camarista federal Eduardo Freiler parece dispuesto a recorrer la senda del escándalo judicial que en su momento hizo tristemente famoso al ahora ex juez Norberto Oyarbide.

Los escándalos judiciales que protagoniza Freiler, integrante de la Sala I de la Cámara Federal porteña, tienen, también, la rara virtud de mostrar una red de complicidades y encubrimientos en la justicia federal que va más allá de él y que revela un muy preocupante modus operandi al que es preciso poner fin. Se trata de los delitos cometidos por jueces y fiscales que se apañan y se protegen entre ellos y que, al hacerlo, cometen nuevos delitos a los que ellos otorgan un blindaje de impunidad.

Son varios los problemas de Freiler, uno de los magistrados más allegados y funcionales al kirchnerismo. Para empezar, un gigantesco enriquecimiento que hasta ahora no ha podido explicar y que se compone de caballos de carrera, campos, una mansión en Olivos, un departamento en Pinamar y una flota de automóviles de colección y un yate, además de un 50% de un balneario en Necochea. Lo más llamativo es que, como informó LA NACION, buena parte de esos bienes habrían sido adquiridos entre 2012 y 2015 con su sueldo de camarista. Freiler también es propietario de una financiera en sociedad con la ex esposa de Alfredo Lijo, hermano del juez federal Ariel Lijo.

Luego de que el abogado Ricardo Monner Sans lo denunció por enriquecimiento ilícito y por su sospechosa participación societaria en la financiera, se puso en marcha la aceitada maquinaria judicial para defender a sus miembros a partir del principio "hoy por vos, mañana por mí".

Así fue como en la causa por enriquecimiento ilícito actuó el fiscal Ramiro González, quien se desempeña como profesor en la cátedra de Freiler. En tiempo récord y sin que se llevaran a cabo peritajes ni ninguna medida de prueba, la enorme fortuna de Freiler se volvió lícita y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo sobreseyó basándose en los dichos del propio investigado. Importante pieza en esta deleznable maniobra, Martínez de Giorgi, a diferencia de Freiler, se caracteriza por su bajo perfil. Su esposa, Ana María Juan, es secretaria en la misma sala de la Cámara Federal de Freiler.

Como dijimos en esta columna en abril pasado al ocuparnos de los escándalos de Freiler, Martínez de Giorgi asumió una jurisdicción que jamás debió haber asumido pues, por razones de elemental decoro, debió haberse excusado, y absolvió con una velocidad inédita al jefe de su señora. Lo mismo cabe decir del fiscal González, quien también debió haberse excusado, dados sus vínculos con el camarista investigado. En este punto, dichos funcionarios parecen no ser conscientes de que es imprescindible que quienes administran justicia no incurran en conducta alguna que pueda arrojar dudas sobre la imparcialidad con la que deben actuar.

En cuanto al fiscal González, Monner Sans lo denunció penalmente para que se lo investigue por presunto enriquecimiento ilícito. La causa recayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral.

A su vez, por considerar con mucha razón que el sobreseimiento de Martínez de Giorgi a Freiler es fraudulento, el abogado pidió la reapertura de la causa con el argumento de que se trata de una sentencia írrita pues se sobreseyó sin ninguna investigación. En declaraciones a Perfil, Freiler calificó de "aberración jurídica" la cosa juzgada írrita, y al presentar ante el Consejo de la Magistratura donde se lo investiga su descargo, que en realidad pareció un descaro, argumentó que aquel sobreseimiento en la causa de enriquecimiento ilícito es cosa juzgada.

Quizá debiera recordársele a Freiler que la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta reconoce antecedentes en fallos de la propia Corte Suprema y también de la Cámara Federal de Casación Penal, que son sus superiores jerárquicos, lo cual revela, una vez más, su incompetencia para ocupar el cargo que ostenta. O que su criterio es tan parcial como interesado, pues la impunidad que se otorgan unos a otros los magistrados requiere que no haya la menor fisura en la cosa juzgada si el beneficiado es uno de ellos.

No hace mucho, al analizar en esta columna el tema de la sentencia írrita, señalábamos que la cosa juzgada o la imposibilidad de rever una sentencia firme es uno de los pilares del Estado de Derecho, pero planteábamos también que cuando se utiliza a la Justicia para garantizar el fruto de la corrupción y la impunidad de los culpables, la sociedad no puede quedar inerme teniendo que soportar en el futuro a los corruptos devenidos en honestos por sentencias judiciales inamovibles y no revisables. En síntesis, ¿puede lograrse impunidad a través de fallos inescrupulosos? En ocasiones, se recurre también hasta a la autodenuncia para obtenerlos con jueces amigos que garantizan impunidad.

Si el juez no accede a beneficiar a sus colegas, se lo quita del medio. En 1991 el juez Miguel Pons procesó a su colega María Servini de Cubría por su escandalosa actuación en el Yomagate en beneficio de Amira Yoma, ex cuñada de Carlos Menem, y pidió su juicio político, pero fue ascendido a juez de tribunal oral y la causa terminó en la Corte con sólo un descuento de 60 pesos en el sueldo de Servini de Cubría.

Freiler ha sumado otra denuncia en su contra, basada en versiones coincidentes sobre un pago a este juez que habría realizado el empresario del juego, presidente de Boca Juniors y operador judicial del Gobierno, Daniel Angelici, para beneficiar a Mauricio Macri en la causa de las escuchas telefónicas. El 14 de junio pasado, la Sala I de la Cámara Federal, que integra Freiler, confirmó el sobreseimiento del Presidente, que había resuelto el juez federal Sebastián Casanello en diciembre del año pasado, pocos días después de que Macri asumió la presidencia. La denuncia por el pago de las presuntas coimas la realizó un diputado del massismo e incluye a Angelici.

La Justicia es la institución fundamental para llevar a cabo la tan ansiada lucha contra una corrupción que en las últimas décadas ha crecido exponencialmente.

Pero no hay ninguna posibilidad de librar esa contienda si al mismo tiempo no se procede a sanear la Justicia de personajes tan siniestros como Freiler y varios de sus colegas del fuero, como también muchos fiscales. En el caso de ellos, el problema consiste no sólo en que no combatan la corrupción, sino que forman parte de ella.