El campo necesita más consenso

Las conversaciones del 23 de septiembre de la Mesa de Enlace con el secretario de Agricultura y los anuncios poco significativos de éste el 9 de octubre ratificaron que se está lejos de una solución del conflicto del Gobierno con el agro. La luz roja sigue encendida.Las perspectivas mundiales del negocio agropecuario han variado negativamente. Los precios de la soja, el maíz y el trigo han caído a la mitad. La leche en polvo, más todavía.

Respecto de la carne, el Gobierno parece haber decidido desde hace más de dos años que nos convirtamos en importadores, y hasta se ha dado el lujo de haber perdido, al cerrarse el plazo de embarque, 2000 toneladas de las 28.000 anuales de la cuota Hilton, asignadas por la Unión Europea, y que tal vez nos será difícil recuperar.

Fácil es advertir que las necesidades del sector agropecuario, con inflación galopante en el costo de los insumos, con precios de los productos agropecuarios en baja y sin ninguna política específica a la vista, son mucho mayores que las del 11 de marzo y, más aún, que las del momento del histórico voto del presidente del Senado.

Ya no es que los productores no quieran que se les sigan metiendo las manos en los bolsillos. En realidad, se trata de no poder seguir soportándolo, porque se nos viene encima la quiebra del sector y de toda nuestra economía. El conflicto no se arregla con autorizaciones esporádicas para aumentar unos centavos la leche y el ganado en pie o sacar algunas restricciones burocráticas que atentan contra nuestras exportaciones de granos y productos regionales.

Hay que ser realista: se quiera o no, ha llegado el momento de empezar a eliminar las retenciones. Hay que hacerlo rápidamente con las de la carne, la leche y las economías regionales y poner en marcha un programa de progresivo desmantelamiento de las aplicadas a los granos.

El camino se va angostando. Nadie en el campo quiere conflictos ni estar al borde de una ruta en una noche de frío, o sufriendo calores agobiantes, en tren de protesta. Lo que la gente quiere es salir a trabajar temprano, con la dignidad de los que se ganan seriamente el pan de cada día. Pero ¿se puede esperar una solución racional y equitativa con un gobierno que por un aumento del 2% de recursos fiscales enfrentó un conflicto político desgastante de más de cuatro meses? Parecería una quimera. Ahora, con la tormenta económica mundial, las perspectivas de las negociaciones entre el Gobierno y el campo son cada vez más inciertas.

Mientras los productores argentinos se enfrentan con el Gobierno para lograr un trato oficial no tan negativo, en la última reunión de la FAO con la OCDE, meses atrás, se llegó a la conclusión de que en los próximos diez años la demanda mundial alimentaria se duplicará y que la India, Brasil y la Argentina aparecen potencialmente como las grandes reservas del planeta para producir y exportar mucho más de lo que necesitan para su mercado interno.

El mundo nos observa azorado y no nos entiende. ¿Cómo es posible que se desalienten la ganadería, la lechería, la producción de granos y los productos de las economías regionales con precios ridículos para el productor y cierre periódico de exportaciones?

Quienes nos gobiernan hoy y quienes lo hagan mañana deben sentir que son o serán personalmente responsables de cualquier conflicto internacional que tengamos que soportar por nuestra actitud renuente al clamor mundial de que suministremos más y mejores productos alimenticios. Esta responsabilidad se extenderá a todo el campo político argentino si no es capaz de unirse y establecer por mayoría parlamentaria políticas agropecuarias expansivas al estilo de las leyes agrarias de los Estados Unidos. Para establecer esas políticas adecuadas es necesario modificar la estructura de ambas cámaras del Congreso y lograr mayorías suficientes y comprometidas con aquel objetivo.

Si el gobierno actual no da un giro copernicano en breve plazo, lo más razonable sería lograr un acuerdo de los partidos que no comulguen con el oficialismo para la formación de un consenso republicano.

El consenso surge de una convergencia alrededor de ideas, de acordar no sólo políticas básicas en favor de la producción, sino también de eliminar toda legislación surgida de la delegación de poderes o de los superpoderes. Eso está destruyendo la decisión de nuestros constituyentes de adoptar la fórmula de gobierno republicana, representativa y federal.

Este consenso valdría inicialmente sólo para las elecciones de 2009, sin tomar compromiso para las presidenciales de 2011. Listas de consenso permitirían en cada distrito reunir nóminas de candidatos de alta capacidad legislativa, con la inclusión de ciudadanos de prestigio en las distintas ramas de actividades del país, muchos de ellos independientes y no afiliados.

De tal forma, podríamos elegir como diputados, en el caso del campo, a dirigentes agropecuarios, en lo posible jóvenes, pero con alta especialización y oficio en los temas rurales.

Hoy, a diferencia de lo que pasó hasta fines de 2007, no hay ningún dirigente rural con mandato legislativo. Y en consecuencia, el campo está a merced de la mayoría de un Congreso que en la Cámara de Diputados aprobó la resolución 125 y la estatización de Aerolíneas Argentinas, una ley de movilidad previsional con serios defectos, un presupuesto para 2009 sobre parámetros arbitrarios y una apurada estatización de las AFJP. También sería bueno que la representación de la actividad privada en el Congreso contara con expertos en la industria, el comercio, los servicios y las profesiones liberales. No me cabe duda de que un consenso republicano puede ser visto por muchos como una utopía y por algunos como lesivo para sus expectativas políticas inmediatas.

Si no prosperara esta idea, los partidos políticos deberían ubicar en sus listas a especialistas en el tema productivo, de modo de que en los recintos legislativos se supiera de qué se está hablando. Si el consenso republicano no se da en el nivel nacional, por lo menos debería intentarse en algunas provincias decisivas, como la de Buenos Aires.

Si esto tampoco ocurre, los partidos políticos deberían llamar a gente de la producción para incorporarla a sus listas y en poco tiempo no tendrá razón de ser este conflicto, que parece hoy interminable, entre el Gobierno y el agro.

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