El capital que no se usa

Por Humberto Quiroga Lavié Para LA NACION
(0)
27 de junio de 2002  

Una nota de Raquel San Martín publicada en LA NACION el 9 de este mes indica con toda precisión y realismo la necesidad de que el notable capital científico que poseen nuestras universidades nacionales no sea desperdiciado, sobre todo en tiempos de penuria como los que vive nuestro país. No se trata sólo de que las universidades le reclamen recursos al Estado para poder funcionar, obligación inexcusable si queremos salir de la crisis. En tiempos en que el saber es el capital más importante en términos de generación de riqueza, paralizar el quehacer universitario implicaría ponerle esposas, más que un corral, al crecimiento económico argentino. Se trata, además, como bien lo señala Raquel San Martín, de que las universidades ofrezcan al Estado propuestas concretas dirigidas a implementar el crecimiento o la resolución de los problemas estructurales que nos agobian.

Capacidad científica

El actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Daniel Martínez, rector de la Universidad Nacional de La Matanza, ha propuesto públicamente que el Estado tome en cuenta a nuestras universidades, en igualdad de condiciones con las consultoras privadas, a la hora de tercerizar obras o servicios públicos: debería regularse la propuesta. También ha sugerido, coincidiendo en ello con el rector Daniel Malcom, de la Universidad Nacional de San Martín, que todas las universidades efectúen un relevamiento de la capacidad científica instalada en cada una de ellas; yo diría, tanto para resolver los problemas más acuciantes que impiden nuestro desarrollo como para aprovechar los múltiples recursos no utilizados con que cuenta el país, y generar novedosas o creativas propuestas con tal objeto.

En tiempos en que la información es poder y la desorganización implica un camino de servidumbre, resulta propio que la Argentina implemente caminos concretos para desburocratizar los servicios públicos. Eso es lo que hemos intentado desde el Consejo de la Magistratura al propiciar la instalación de programas de gestión de calidad, con aplicación de reglas ISO 9001, en un juzgado nacional de la Capital, en el Federal N° 3 de Lomas de Zamora, con el apoyo de la Universidad Nacional de Lomas, y en la Cámara Nacional Electoral. Múltiples reformas organizativas a la burocracia estatal y privada, al fisco en primera línea, se precisan para hacer competitiva la Argentina. Sabemos que en la Universidad Nacional de La Plata hay investigaciones avanzadas con propuestas concretas para ser utilizadas en la resolución del grave problema que generan las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Agregamos estos señalamientos a las múltiples indicaciones que en tal sentido formula Raquel San Martín en su nota.

Estado y Universidad

Lo concreto es que los argentinos debemos superar antagonismos infructuosos: caso de la discusión sobre si el responsable de la no utilización del capital universitario es el Estado, porque no utiliza dichos recursos, contra la opinión de que las universidades son las responsables, porque no avanzan con propuestas precisas y concretas. Ese debate debe saldarse a partir de una concertación entre el Estado y sus universidades nacionales, para lograr que entre uno y otras se concrete una planificación estratégica del desarrollo nacional -concepto este último que le hemos escuchado a José Luis Coraggio, que fue hasta estos días rector de General Sarmiento-: una propuesta mucho más realizable que ir a una "segunda república", instalando un sistema parlamentario en la Argentina, propuesta que, sin transformaciones estructurales en la organización de la producción, estamos ciertos de que no logrará modificar el actual estado de cosas.

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Usa gratis la aplicación de LA NACION, ¿Querés descargala?