El caso Maldonado y los derechos humanos

Era un secreto a voces, pero ya no lo es más. A las primeras revelaciones de Julio Blanck en el diario Clarín se sumaron las de Elisa Carrió y las declaraciones del propio juez Lleral, lo que desencadenó un verdadero aluvión de notas, columnas y editoriales en todos los medios de prensa televisiva, oral y escrita, e innumerables mensajes y comentarios en las redes sociales.

Todo indica que los usurpadores del Pu Lof Resistencia Cushamen, el RAM y algunas de las organizaciones de derechos humanos locales supieron, desde el primer día, que Santiago Maldonado había perdido la vida el 1° de agosto, mientras cruzaba el río Chubut y luego de que el invisible "testigo E" le soltara la mano, a pedido del joven que murió ahogado.

Han existido dos investigaciones simultáneas. Una primera, la oficial, llevada adelante por la Justicia, dirigida a conocer el paradero de Santiago y encontrar la verdad. Y una segunda, la paralela, concebida, dirigida y convenientemente manipulada por quienes se han apropiado de la causa de los derechos humanos en la Argentina desde 2003, en función de tiempos y expectativas electorales, con la vil pretensión de favorecer a Cristina Kirchner.

La operación de las organizaciones de derechos humanos, travestidas en un verdadero holding internacional al comando de Horacio Verbitsky desde la presidencia del CELS, contó con el habitual e interesado apoyo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Serpaj, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires junto a otras cada día más desprestigiadas organizaciones. Aquellas mismas que, hasta hace sólo algunos años, eran respetadas y admiradas, y a las que los sucesivos gobiernos kirchneristas corrompieron profundamente, confiriéndoles un poder desmesurado y recursos económicos sin límite, a cambio de apoyo para obtener impunidad para el saqueo de la Argentina.

Resulta también escandaloso que a esta verdadera canallada -que Elisa Carrió calificó como "macabra" y a la que le cabe más ajustadamente tener por perversa- se hayan sumado, una vez más, la CIDH, la Acnudh y hasta Amnesty International, entre otras agencias y organizaciones internacionales.

El Gobierno está ahora obligado a exigir las explicaciones, los pedidos de disculpas y la rectificación de políticas por parte de organizaciones y dirigentes, cuya parcialidad manifiesta en este caso y en otros anteriores es inexplicable y sólo podrá aumentar el creciente desprestigio de las organizaciones de derechos humanos locales.

Desde el 1º de agosto pasado, la célula terrorista pretendidamente mapuche del Pu Lof Resistencia Cushamen, el RAM y las organizaciones de derechos humanos -con el CELS a la cabeza- parecen no haber hecho otra cosa que plantar u ocultar pruebas, preparar y hacer declarar mentiras a falsos testigos, obstruir la investigación, exigir y obtener poder de policía sobre la parcela usurpada, como si se tratara de la soberanía de un estado independiente sobre su territorio nacional, sosteniendo para eso el pretendido carácter de "tierra y aguas sagradas" de las muchas hectáreas ocupadas y del río Chubut, disparate que fuera lamentablemente admitido y tolerado por el coro de los políticamente correctos, que actuaron a la manera de idiotas útiles al servicio de los objetivos e intereses de aquellos.

La actitud de la familia debe quedar indulgentemente amparada por el dolor, lo que no exime de responsabilidades a su principal vocero y representante, Sergio Maldonado, por sus errores y omisiones en el trágico caso de su hermano.

La muerte de Santiago Maldonado debe esclarecerse hasta sus últimas consecuencias y los eventuales culpables de los delitos colaterales que pudieran probarse deben ser castigados por la Justicia con todo el rigor de la ley.

Para eso, las investigaciones y los procesos judiciales que están en curso deben enfocarse también en la actuación de las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales y de sus dirigentes.

Quedó en claro que estas organizaciones pusieron más énfasis y esfuerzo en tratar de probar el carácter de desaparición forzada de Santiago Maldonado y en buscar a los culpables de tal delito, que en determinar su estado y paradero. Y ahora, encontrado ya el cuerpo, parecen contrariados ante la falta de evidencia de golpes o violencia en el cadáver que surge de la autopsia. Ya no podemos alentar la esperanza de que Santiago esté vivo, lo que parece hubiera sido la peor de las alternativas para los apropiadores de los derechos humanos en la Argentina, por terrible que sea pensarlo y, ni qué decir, escribirlo.

El gobierno del presidente Macri está a punto de convocar a un gran acuerdo nacional para un ambicioso plan de reformas. Una política de Estado para los derechos humanos que esté a la altura de los más nobles ideales del siglo XXI y que tome como modelo aquellas de las naciones con más altos índices de desarrollo humano del planeta debe estar incluida en el acuerdo en ciernes. Es hora de que el Gobierno sea el principal protagonista, promotor y defensor de los derechos humanos en la Argentina. Para eso será necesario desplazar y reemplazar a quienes, desde 2003, han orientado, dirigido y llevado adelante una política de derechos humanos anacrónica, parcial, incompleta, sesgada, ideologizada y siempre alineada con intereses políticos y electorales, cuando no con el mero interés económico de sus integrantes. Para limpiar estos verdaderos "establos de Augías", la tarea que se requiere es titánica. Para eso se debe recurrir a las aguas limpias, transparentes y sin intereses ocultos propias de la causa universal de los derechos humanos.

Ingeniero civil

Pedro Güiraldes