El conurbano no tiene silla en la mesa de Alberto Fernández

Alberto Fernández refleja en la diplomacia los rasgos principales de la política doméstica. A excepción de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el Presidente viajó a España y Francia con los funcionarios de su gobierno en los que deposita mayor confianza. Liderada por el canciller Santiago Cafiero, esa comitiva fue integrada por el secretario General, Julio Vitobello, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, la secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca y la vocera presidencial Gabriela Cerrutti.

La gira encierra una definición notable en ese sentido. Nadie fuera de ese espacio pertenecería al círculo con el que Fernández consulta sus decisiones. Además del acceso a esa intimidad, hay otra peculiaridad entre sus miembros. Ninguno le aporta la logística necesaria para traducir en votos la imagen positiva que aún conserva en el conurbano. Carecen de inserción e influencia en el único pilar sólido en el que podría sostener la posibilidad de su reelección. Una característica que sí comparten Jorge Ferraresi, Juan Zabaleta y Gabriel Katopodis.

Pero los intendentes de Avellaneda, Hurlingham y San Martín a los que Fernández convocó a ser parte de su gabinete de ministros aparecen relegados a un segundo anillo desde el que solo serían espectadores de las acciones que dispone la mesa política del Presidente. La detección de esa aparente anomalía por el kirchnerismo está detrás de la orden que Cristina Fernández de Kirchner le dio a Martín Insaurralde para profundizar el diálogo que los intendentes con posiciones en el gobierno de Axel Kicillof venían manteniendo con Zabaleta y Katopodis.

El jefe del Gabinete fue el encargado de confirmarle a la vicepresidenta que Martín Guzmán condensa el malestar con Fernández de sus ministros de Desarrollo Social y de Obras Públicas. Una inesperada sintonía con el kirchnerismo duro al que se opusieron desde 2017. El cuestionamiento de Zabaleta y Katopodis no sería muy diferente al de Cristina. Ser parte de las decisiones que se adoptan en el ministerio de Economía para defenderlas y no al revés. Sobre todo en lo que concierne a las limitaciones presupuestarias involucradas en el acuerdo con el FMI.

En ese planteo se funda el giro copernicano de ambos en sus recientes apariciones públicas con palabras laudatorias hacia Cristina. Pero invocando la necesidad de un entendimiento entre ella y Fernández. Como al resto de los intendentes del conurbano, les preocupa que la tensión entre ellos amplíe el margen de una eventual derrota electoral que les haga perder el control de sus municipios. Una sensación palpable en la desorientación que expresarían algunos dirigentes de dilatada experiencia, como Alberto Descalzo. El intendente de Ituzaingó amenazó al presidente con acercarse a Cristina si no pasa a ocupar el lugar de Claudio Lozano en el directorio del Banco Nación. El economista de Unidad Popular presentó una denuncia penal contra el acuerdo con el FMI cuya autoría intelectual se le atribuye a Carlos Zannini, Procurador del Tesoro. Descalzo es uno de los intendentes bajo el riesgo inminente de ser desplazado. Perdió las elecciones en Ituzaingó contra el candidato de Juntos, Gastón Di Castelnuovo.

Esos gestos de rebeldía intentaron ser disimulados este martes. Zabaleta acompañó a Guzmán en la recorrida que efectuó por Almirante Brown para visitar emprendimientos cooperativos del Movimiento Evita. Uno de sus máximos dirigentes, Emilio Pérsico, también fue de la partida. Virtual segundo de Zabaleta en el ministerio, Pérsico presiona por la creación de una cartera propia donde la auditoría de los planes sociales dependa de él mismo y pueda hacer realidad la fantasía de un Estado dentro otro.

Las conversaciones de Insaurralde con Zabaleta y Katopodis no lograron avanzar sobre un tema más espinoso para Fernández. El desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires. Esa opción forma parte del menú de alternativas que contempla Cristina para defender la posición del kirchnerismo en la única zona del país donde conserva un grado de aceptación considerable.

La adhesión de los intendentes de Hurlingham y San Martín le daría mayor consistencia y dejaría al gobierno en un grado de aislamiento inquietante: la mayoría de las provincias administradas por el peronismo ya tiene resuelto apelar a ese mismo mecanismo. No todo el oficialismo bonaerense está convencido de su eficacia. Sería necesario modificar la ley electoral y suspender las PASO para poder celebrar en junio de 2023 las elecciones provinciales. La Legislatura bonaerense debería haber resuelto ese proceso en agosto de este año.

Algo bastante difícil después de la intervención de Mauricio Macri para que los diputados del Pro se abstengan de votar la restitución de un régimen especial a los jubilados del Banco Provincia (Bapro). Lo que inhibió a los del radicalismo, en apariencias predispuestos a hacerlo. El Frente de Todos carece de mayoría propia para avanzar sin acuerdos en la sanción de leyes.

La irrupción del expresidente en la agenda legislativa provincial perjudica la expectativa de Axel Kicillof. Enviar al Senado el pliego para que su exsecretario Legal y Técnico, Federico Thea, sea designado en el Tribunal de Cuentas. Pero también la de Juntos para cubrir las tres vacantes que le corresponden en el directorio del Bapro. Una situación de relativo beneficio para su presidente, Juan Cuattromo.

Al menos en lo formal, la falta de contralor de Juntos en la banca oficial exime al titular del Bapro de explicar la presencia en Marruecos de Gustavo Menéndez. El intendente de Merlo y titular de las empresas del grupo Bapro estuvo allí del 7 al 14 de mayo para disputar el Mundiavocat, el mundial de fútbol de los colegios de abogados, donde representó al equipo de la matrícula de General San Martín.

La política de diferenciación que persigue Macri podría sufrir un traspié si se confirma como cierta una versión que circula desde hace un par de meses. La aparente asociación colaborativa entre Sergio Berni y Cristian Ritondo para imponer una nueva conducción en la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía bonaerense. La única entidad previsional con superávit en sus cuentas. Carlos Langone, su titular, tiene mandato hasta octubre.

Al ministro de Seguridad y a su antecesor se les atribuye la intención de ubicar allí a Pablo Bressi, el primer jefe de Policía de María Eugenia Vidal y al que la gobernadora le tuvo que pedir la renuncia tras una dura carta en su contra hecha pública por Elisa Carrió. La supuesta candidatura de Bressi trataría de atemperar los ánimos de los excomisarios con peso en la Caja de la Policía que habrían recibido de mal agrado la de Fabián Cañete, el postulante original.

Seguramente una patraña fundada en que Ritondo designó a Cañete en la Superintendencia de Servicios Sociales de la Policía como parte de la reorganización policial que realizó tras la salida de Bressi. Y probablemente la primera de muchas en una campaña endemoniada que parece haber arrancado mucho antes de lo previsto por el calendario electoral si es que perdura su cronograma original. Dependerá del lugar que Fernández le encuentre al conurbano en su mesa, donde parece faltarle una silla.