El déficit fiscal: cómo desactivar la bomba
Detrás de las reformas late el problema mayor. El desafío es reducir, a la vez, el gasto del Estado y la presión tributaria
Cómo desmantelar una bomba atómica. El nombre de uno de los discos del reconocido grupo irlandés U2 describe el desafío que enfrenta el Gobierno para reducir, al mismo tiempo, el déficit fiscal y la presión tributaria. La clave para resolver este dilema reside, más allá del proyecto de reforma impositiva que ingresará la semana próxima al Congreso, en qué hacer con el gasto público, que el año pasado se ubicó en el 43% del PBI. El problema es doble: gasto récord y prestaciones cada vez más deficientes, en un contexto en el que el crecimiento del empleo en el sector privado es todavía muy lento y claramente insuficiente como para pensar en cualquier ajuste del sector público.
Una primera señal positiva es que el Gobierno reconoce este pasivo y ha decidido enfrentarlo; la segunda es que la mayoría de los gobernadores de la oposición también entienden que deben sumar su esfuerzo.
En Casa de Gobierno saben que se enfrentan a un “trilema” complicado: alta presión tributaria, gasto público récord y déficit fiscal. ¿Cómo atacar objetivos a priori contrapuestos? El camino elegido es, una vez más, el gradualismo. Los funcionarios prefieren hablar de un “sendero realista” por el cual la relación del gasto-PBI bajará del 43 al 33% en cinco años, si se alcanza un ritmo de crecimiento económico del 3% anual. Esto implica el compromiso de dejar el gasto congelado en términos reales para que se vaya licuando con el crecimiento del PBI en el próximo quinquenio.
No se prevé, como denuncia el kirchnerismo residual, un “ajuste salvaje”. En el Palacio de Hacienda creen que no es necesario: “No hace falta una reforma como en los años 90. Estamos en una economía de transición, pero si la economía crece, las variables se irán acomodando y el déficit fiscal se reducirá”, dicen.
El temor de varios economistas del sector privado es que, en este camino lento, una nueva crisis recorte el abundante financiamiento externo que permite financiar el déficit.
Los funcionarios del equipo económico están más confiados: “En 2021, la relación deuda privada-PBI sería del 35 o 40%, un nivel sostenible, frente a otros países y frente a otros períodos de la historia argentina”, expresan.
El ex secretario de Hacienda de Santa Fe Walter Agosto considera que el Gobierno tiene una tarea muy compleja por delante en este frente, además, por el alto peso de los intereses de la deuda. “Desde 2003 se observa un incremento del gasto público vinculado a una situación de crisis previa muy dramática. Primero aumentaron los recursos en forma genuina, de la mano de una mayor actividad económica, y eso permitió cubrir este incremento del gasto; luego esto cambió, porque el gasto creció más que los recursos”, expresó Agosto, hoy investigador principal de Desarrollo Económico de Cippec.
A la vez, el Estado aumentó no sólo los subsidios para planes sociales –lógicos en el contexto de crisis y recuperación– sino también los aplicados a mantener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos en el área metropolitana.
“El gasto empezó a tener una dinámica propia, por encima de las posibilidades de financiamiento de la economía. La economía empezó a cambiar de ciclo, pero el gasto siguió creciendo y apareció el financiamiento no genuino: los recursos extraordinarios de la Anses, los adelantos transitorios del Banco Central, la emisión monetaria lisa y llana y, finalmente, las reservas del Banco Central”, detalló el experto.
Todos estos recursos reemplazaron al financiamiento externo para sostener el relato del “desendeudamiento” durante el kirchnerismo, con el agravante de que el aumento del gasto no se tradujo en una mejora de las prestaciones a la sociedad.
Con un nivel de gasto similar a los países desarrollados, el Estado argentino no provee en forma adecuada los servicios básicos y, peor aún, no tiene forma de evaluar la calidad del gasto público.
Por lo tanto, más allá de las frases hechas y muy repetidas (“Hay que achicar el Estado”, entre otras) habrá que ver si la clase política en su conjunto puede hacerse cargo de estas asignaturas pendientes. De lo contrario, en unos años habrá que resignarse de nuevo a analizar por qué el país cayó en otra crisis.