El derecho de aprender

No es fácil que los argentinos nos pongamos de acuerdo sobre los problemas que nos aquejan. Sin embargo, hay un punto en el que todos coincidimos y es el que apunta a señalar como la causa central de muchos de nuestros males a la crisis en la educación. La enorme reserva de capital intelectual y la gran fragua social argentina que fue la escuela pública, tal como la concibieron Rivadavia, Sarmiento, Mitre, Lainez, Carlos Pellegrini y otros argentinos ilustres, se han ido deteriorando lenta pero inexorablemente. Las estadísticas que reflejan los resultados de los exámenes en distintos niveles indican que ese deterioro no encuentra su piso.

Es comprensible, entonces, el malestar que cundió en la provincia de Entre Ríos ante el conflicto docente que hasta anteayer había impedido el inicio de las clases. Una vez más, el gremio docente hizo prevalecer sus reclamos gremiales -sin duda justificados- por sobre el derecho humano y constitucional de aprender de los niños y jóvenes entrerrianos.

Con clara conciencia de que la pérdida de un día de clase genera un daño difícil de reparar, un grupo de padres se presentó ante los defensores de Menores de la Ciudad de Paraná y siete de esos funcionarios impulsaron un juicio de amparo en favor del derecho de los niños. La petición fue acogida favorablemente por la jueza de instrucción Susana Medina de Rizzo, que ordenó al Estado provincial que proveyera los recursos necesarios para que los alumnos pudieran asistir a clase y dispuso que los medios de transporte trasladaran a los docentes a sus respectivos destinos sin cargo alguno, con la aclaración de que el boleto podría luego ser cobrado al gobierno provincial.

Indudablemente, estamos frente a un conflicto de derechos: por un lado, el de huelga; por el otro, el de aprender, que asiste a todos los niños. No es difícil determinar cuál de esos derechos es el que debe primar y cuál es el que debe postergarse. La decisión de la jueza debe ser aplaudida. Lo que resulta inadmisible es que sea el Poder Judicial el que tenga que amparar el derecho de los niños a educarse regularmente. No es aceptable que los maestros produzcan un daño irreparable a sus alumnos, como no sería admisible que una madre negara el alimento a su hijo. Por supuesto, el gobierno provincial tampoco debería incurrir en el grave error de postergar a un sector profesional en sus legítimos derechos salariales.

Es conocida la grave crisis económica por la que atraviesa la provincia de Entre Ríos -y todo el país-, pero los conflictos nunca deben resolverse en perjuicio de los más débiles y los más necesitados. Justicia, educación y salud son funciones irrenunciables del Estado. Corresponde que felicitemos a la magistrada judicial por su determinación y, al mismo tiempo, que exhortemos a los docentes y a las autoridades administrativas a ordenar sus prioridades, de acuerdo con el concepto de que la educación de la juventud debe ser privilegiada por sobre todo otro reclamo. Se trata de preservar el recurso más importante de la Nación.