El desafío de la transparencia

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29 de octubre de 2016  

La reciente publicación de la ley de acceso a la información pública fortalece la inserción regional de la Argentina ante la Organización de Estados Americanos, la suma a la renovación cultural de transparencia ya en desarrollo en México, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, y vitaliza su compromiso ante la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), cuyo propósito es proveer una plataforma internacional para reformadores domésticos comprometidos a que sus gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y mejoren su capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos.

En la esfera de la prevención de la corrupción y los derechos humanos, la ley resulta pionera al incorporar las declaraciones de interés de los funcionarios públicos entre las obligaciones de transparencia activa y consagrar la exclusión de la reserva de información vinculada a crímenes de lesa humanidad.

El reconocimiento a las personas jurídicas de derecho público como titulares del ejercicio del derecho fortalece la eficiencia de la administración, pero al mismo tiempo genera un potencial riesgo de conflicto institucional en ámbitos sensibles como son la investigación del delito y la seguridad pública. La ley no establece la obligación de generar información, autoriza la negativa fundada en su inexistencia y ordena que su entrega al ciudadano sea realizada en formatos digitales abiertos. La implementación de estas obligaciones demandará una especial consideración en el uso de las plataformas tecnológicas de transparencia activa.

El plazo de 40 días para que se dé respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública resulta razonable. No obstante, el mandato de 5 días para derivar una solicitud por incompetencia del órgano requerido debe ser interpretado de manera progresiva con el fin de dar tiempo para la necesaria articulación institucional. Así también el plazo de 30 días hábiles para resolver respecto de los reclamos frente a negativas de acceso a la información puede afectar el debido proceso legal de quienes intervienen, sobre todo tratándose de terceros. En los hechos, la práctica comparada demuestra que el sistema de resolución de reclamos de este tipo requiere un promedio de 6 meses.

Frente a la negativa o la falta de respuesta, la ley establece un sistema de control triple, no sólo ante el propio órgano requerido, sino también ante la Agencia de Acceso a la Información Pública y/o ante el tribunal contencioso administrativo federal. Una vez atendido el ejercicio ciudadano gratuito del derecho es de prever que la agencia concentrará la mayor demanda de reclamos frente a la administración. La coherencia resolutiva y jurisdiccional demandará en el tiempo un esfuerzo de capacitación que debería involucrar al Consejo de la Magistratura. Ante decisiones disímiles seguramente será la Corte Suprema la que unificará criterios del derecho de acceso frente a la reserva y a los derechos de terceros.

Es oportuno aclarar que el incumplimiento de la ley o la resistencia a la entrega de la información no encuentran sanciones específicas en la ley. Sin embargo se conceden a la agencia competencias y legitimación activa para promover las acciones judiciales y administrativas que correspondan, atribución que resulta novedosa en este tipo de organismos. Previo al ejercicio de tales competencias de fiscalización, que pueden ocasionar retardos injustificados a la entrega de la información requerida, el recurso a mecanismos de solución alternativa de conflictos como la conciliación y los compromisos anuales de desclasificación de información pueden ser eficaces para la satisfacción del derecho y útiles en la reforma cultural que la ley propone.

Un aporte de la normativa a la experiencia regional se muestra en la esfera de la modernización del Estado y el llamado a un diálogo entre las autonomías constitucionales y las provincias. En los hechos se establecen seis agencias de acceso a la información pública con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo de la Magistratura. Todas ellas cuentan con competencias y funciones idénticas a las de la Agencia de Acceso a la Información Pública. A ellas se suma el Consejo Federal para la Transparencia, integrado por un representante de cada provincia y un representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuya misión es la de favorecer la cooperación técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública.

El diseño institucional de implementación de la ley de acceso a la información resulta único y es novedoso en el continente. De su desarrollo dependerá la legitimación social de la ley que entrará en vigor un año después de su publicación, es decir en septiembre de 2017. En lo inmediato se encuentra corriendo el plazo de 90 días para la creación de cada una de las entidades señaladas.

La Argentina tiene hoy un desafío no sólo ante sí misma, sino también frente a la comunidad internacional. Ante la exigencia legal de aplicar procedimientos de nominación análogos para la nominación de los directores de las agencias de información, cabe alentar un proceso capaz de convocar a todos los poderes públicos y a la sociedad civil para identificar y legitimar los liderazgos institucionales. No debemos olvidar que esta iniciativa favorece un entendimiento de origen para el trabajo de reforma estatal a la que aspira la ley de acceso a la información pública. Confirma, además, el compromiso que asume la Argentina ante la Alianza para el Gobierno Abierto y ratifica el liderazgo del país ante la OEA y los países de la región.

Primer presidente y ex consejero del Consejo para la Transparencia de Chile

Juan Pablo Olmedo

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