El Día de la Reelección no tiene inocentes

Martín Insaurralde impuso al oficialismo y a la oposición la estrategia que ideó para garantizar la supervivencia de los intendentes del PJ después de la derrota que el Frente de Todos sufrió en las PASO en todas las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, a excepción de la Tercera. Abarca a los 19 municipios de las zonas sur y este del conurbano. La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes y Almirante Brown son los más relevantes por el número de electores que concentran: dos tercios de los 4,5 millones en esa región.

La modificación a la ley 14.836, que limitaba a una sola vez la reelección de los intendentes, es el principal efecto de su incorporación al gobierno bonaerense como jefe de Gabinete. Una influencia reflejada en los Anticipos del Tesoro Provincial (ATP) distribuidos entre las PASO y las elecciones generales. Los de Juntos recibieron 40 millones de pesos cada uno. Sumados, no equiparan lo percibido por Quilmes (348 millones), Lomas de Zamora (300), Almirante Brown (220), Florencio Varela (200), Berazategui (120) y Ezeiza (100). Una información que la Dirección de Coordinación Municipal del Ministerio de Economía guarda con celo en el sistema de Gestión Electrónica de Documentos (GEDO). Su acceso está restringido a funcionarios autorizados a ingresar con clave. La fuga de estos datos revela el ensamble defectuoso en el gobierno entre los intendentes que lidera Insaurralde y quienes responden a Axel Kicillof. La victoria política obtenida con la modificación a la ley explica el apuro del gobernador en lanzar su reelección una semana antes. Insaurralde podría competirle. Si se divide el monto girado a los municipios de la Tercera por los casi 450 mil votos recuperados en esa sección entre las PASO y las elecciones generales, arroja un valor de cinco mil pesos por cada uno. La tentación de un reparto más igualitario sobrevoló las negociaciones para modificar el artículo 7 de la ley 14.836 que Insaurralde negoció con los intendentes del Pro y de la UCR. Pero será una especulación intangible hasta que sea ejecutado el presupuesto que se sancionó el 28 de diciembre. Sirve, sin embargo, para entender hasta dónde ese cálculo de recursos estuvo supeditado al acuerdo entre los intendentes para avanzar sobre el aparente efecto retroactivo de la ley, asociado al año en que entró en vigencia: 2017. Si es así, no lo habrían atenuado sustituyéndolo por el 2019. Es lógico.

La razón es otra. Tomar a ese año y no a 2015 como referencia para contar el primer mandato y permitir uno más a los 89 que no podían hacerlo: 39 del oficialismo y 47 de la oposición. Casi el 65 por ciento de los afectados en Juntos pertenecen a la UCR (30) y el 25 por ciento al Pro (12). Entre los 42 del Frente de Todos, menos del 3 por ciento representa al vecinalismo (3) el resto, 39, al PJ.

El Pro quedó atrapado en la encrucijada de la tradición bipartidista que predomina en la provincia de Buenos Aires mucho antes que se discuta la reelección. La UCR le había vetado a Horacio Rodríguez Larreta la participación de Avanza Libertad en las PASO. El radicalismo insiste con participar al peronismo. La duda entre sus socios en la coalición es si lo que persigue es incorporar disidentes o asociarse a los que gobiernan. Algunos van más lejos. Se preguntan si la autocrítica de Gerardo Morales por el rechazo al presupuesto en el Congreso es un adelanto de la colaboración que sus diputados volverían a prestar al oficialismo. Al titular de la UCR y gobernador de Jujuy se lo vincula con Sergio Massa. Lo mismo que a José Luis Espert. Dos de los tres diputados de Avanza Libertad en la Legislatura habilitaron el quórum para tratar la reelección de los intendentes. Los 12 de Massa se opusieron. Una aparente ambigüedad que justificaría el despectivo apodo con el que se lo sindica en algunos círculos: míster humo.

Como la mayoría de los dirigentes de Juntos, el jefe del gobierno porteño evitó pronunciarse sobre este tema. Guardó silencio con la exposición de Jorge Macri en la cena que compartió la noche del 22 de diciembre con los intendentes Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Julio Garro (La Plata), Néstor Grindetti (Lanús), Martín Yeza (Pinamar) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata.) Macri criticó a María Eugenia Vidal por oponerse a lo que se resolvió después en la Legislatura. Una forma de congraciarse con su nuevo jefe del ministro de Gobierno e intendente de Vicente López. Rodríguez Larreta se fotografió esta semana con Patricia Bullrich. El recurso del jefe del gobierno porteño para expresarse. En este caso, contra la exgobernadora que aspira a disputar una candidatura presidencial. Macri verbalizó lo que piensa la mayoría de sus pares. Su reelección es imprescindible para garantizar que ese lugar lo ocupe Rodríguez Larreta.

Algunos de sus colaboradores recordaron con sarcasmo otras predicciones fallidas de los intendentes: ganar con holgura las PASO a la UCR y la imposibilidad de que Bullrich tenga adhesiones en el conurbano. Hasta ahora, los hechos se encargaron de contradecir sus profecías. Montenegro aportó la nota disonante sobre la reelección. Dijo que lo único que le importaba era el presupuesto.

Grindetti negoció con Insaurralde un fondo por 24 mil millones de pesos a distribuir entre los 135 Municipios: 17 mil millones para obras de infraestructura municipal y otros 7 mil millones para invertir en Seguridad. Una cifra modesta frente a los 3,1 billones del presupuesto que prevé un incremento impositivo del 44 por ciento. Sin el concurso de la oposición, Insaurralde no hubiese podido concretar el proyecto que los intendentes mantuvieron latente desde que el Frente de Todos recuperó el gobierno en 2019. Lo sugestivo es que hayan encontrado espacio para desarrollarlo después de una derrota electoral. El temor de Cristina Fernández de Kirchner a que el resultado de las PASO se amplíe en las generales la convenció de exigirle a Kicillof que incorpore intendentes a su gobierno. Un proceso iniciado antes por el de Alberto Fernández. De los 22 que pidieron licencia para sumarse a esa experiencia, 19 pertenecen al Frente de Todos y 3 a Juntos. Uno es del Pro: Jorge Macri, el titular del partido en la provincia de Buenos Aires; los otros dos de la UCR. Su vicepresidente, Erica Revilla, fue electa senadora. Pero conserva el cargo de intendente en General Arenales. Igual que Claudio Rossi en Rojas, pese a ser diputado. La tangente hallada por esa vía para evitar la ley no ofrecía ningún tipo de seguridad. Tampoco las medidas cautelares dictadas a favor de dos concejales kirchneristas en Malvinas Argentinas por Jorge Ocampo, el juez en lo contencioso y administrativo de San Martín, sobre el que ejercería influencia Guido Lorenzino, ratificado el 28 como Defensor del Pueblo por otros cuatro años. Un cargo creado por el peronismo en la Legislatura durante el gobierno de Vidal que, en apariencias, le corresponde a la oposición. Juntos confiesa que la ley que regula su funcionamiento no hace explícito ese requisito. Es una ingenuidad difícil de aceptar.

La contribución de Juntos entraña otros riesgos. El más importante es la conurbanización de la política: el avance del estrato más bajo del Estado sobre el vértice en la estructura piramidal de su sistema de decisiones. Aflora, sin embargo, un detalle imprevisto en un cálculo tan meditado. Fue fortuito que el cambio a la ley se vote el Día del Inocente. Nadie puede reivindicar ahora esa condición.