Línea directa. El dilema moral y cultural del delator

9 de Septiembre de 2012

Cuando se discutió la ley de protección de testigos y arrepentidos en la Argentina (25.764), se excluyó de los beneficiarios a los denunciantes de corrupción. Esto significa que la Argentina cuenta con un sistema de reducción de penas para los secuestradores que brindan información sobre la víctima -igual que en los casos de drogas-, pero no para los que llevan valijas con coimas de la política.

"No se entiende por qué razón esos beneficios no se extienden a todos los delitos y particularmente a los de corrupción, que son los más difíciles de probar", apunta Hugo Wortman Jofre, que preside la ONG Soporte, para testigos y arrepentidos. Y sigue: "¿Por qué como sociedad estamos dispuestos a contemplar un beneficio para un arrepentido en un caso de narcotráfico y no para un arrepentido en un caso de corrupción? La respuesta es sencilla: los legisladores no toleran el narcotráfico, y sí toleran la corrupción".

Pero hay además un tema cultural y moral con la figura del "delator", y es que la sociedad argentina condena la figura del "buchón", por lo tanto suele desconfiar del que aporta información, sobre todo si existe una recompensa económica -otra recomendación de organismos internacionales-: el prejuicio es que "por algo hablará", o que habla por el dinero.

"También está el peso de la moral cristiana, a la que le parece reprobable «premiar» a un delincuente -señala Laura Alonso-. Por eso, Lilita Carrió, la figura más emblemática en materia de corrupción, se negó a incorporar la figura del arrepentido." A estas alturas, habla Carrió: "Estoy de acuerdo con que un acusado pueda negociar con el fiscal a cambio de aportar información, que es diferente de la ley del arrepentido, a la que considero peligrosa por la intromisión de los servicios de inteligencia".

El jueves pasado, Transparencia Internacional emitió un informe en el que le recomienda a la Argentina introducir legislación para proteger a los denunciantes y testigos en casos de corrupción y proporcionar un mayor acceso a la información sobre casos de soborno.

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