El ejemplo austral

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11 de mayo de 2003  

Días atrás, la ciudadanía de Ushuaia fue protagonista de un hecho histórico: se efectuó, a solicitud de tres organizaciones no gubernamentales (ONG), la primera audiencia pública realizada en la capital fueguina. La convocatoria se había hecho para tratar los mecanismos de selección de candidatos para las elecciones municipales en audiencia pública, innovación institucional introducida en la Carta Orgánica de esa ciudad que se aprobó en marzo del 2002, gracias a la constructiva participación de los vecinos en la Convención Estatuyente.

En buena medida, la adopción de esa iniciativa y su puesta en marcha se deben a la extraordinaria actividad llevada a cabo desde hace varios años por una ONG local denominada Participación Ciudadana, de la cual ya nos hemos ocupado en esta columna, en relación con su denodada tarea en procura de fortalecer la independencia de la justicia fueguina. Participación Ciudadana, siempre atenida a su finalidad de construir una democracia sólida y basada en la intervención activa de los ciudadanos en los asuntos públicos, trabajó intensa y exitosamente para incorporar a la mencionada carta orgánica herramientas de participación, hasta el punto de haberla convertido en una de las más amplias del país desde ese punto de vista.

Entre los importantes principios que se han incluido en la carta figuran los siguientes: el libre acceso a la información, el presupuesto participativo (norma que está ya en vías de reglamentación), la consulta y el plebiscito popular, la revocatoria de mandato y la iniciativa popular (presentación de proyectos por cualquier vecino).

También se han incorporado otras instituciones que tienden a asegurar la participación democrática, tales como la llamada "banca del vecino" (con derecho a voz en las sesiones del concejo municipal), la defensoría del vecino, la incorporación de vecinos a la junta electoral municipal -caso único en el país-, con un mecanismo de selección que protege su imparcialidad.

Asimismo, ha quedado institucionalizada la creación de la Comisión de información y debate en el concejo municipal, en la que pueden participar todos los vecinos, y por la cual obligatoriamente pasan todos los proyectos que llegan al cuerpo.

Finalmente, se ha consagrado la elección de concejales según el sistema de preferencias y se ha formalizado el reconocimiento a las ONG para peticionar ante las autoridades y recibir una respuesta efectiva.

Fue esta última pauta, justamente, la que permitió a Participación Ciudadana presentar un proyecto que originó la aprobación del sistema electoral de preferencia, en reemplazo de la lista sábana.

Por otro lado, esa ONG sostiene un programa de trabajo para la adopción de métodos transparentes de selección y remoción de jueces por parte del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego. En ese tema, se logró que las reuniones de ese consejo en las que hay votación y elección de postulantes sean públicas, que las votaciones de los consejeros sean nominales, que se apliquen mecanismos de impugnación pública de los postulantes y que se incorpore un examen escrito y una entrevista al candidato.

La definición, el impulso y la concreción de estos y otros mecanismos han sido hechos por Participación Ciudadana de manera simultánea con el monitoreo permanente de la gestión de los poderes públicos, a través de la publicación de informes periódicos y de una activa comunicación con la comunidad.

De este modo, se cumple el objetivo de promover en la ciudadanía la búsqueda de incidencia en las políticas públicas, no sólo a través de una presentación crítica de los hechos, sino también en la de propuestas basadas en el interés público, el pluralismo y el sentido de cooperación.

Entre los proyectos presentados que se encuentran bajo análisis se pueden mencionar la creación de una cátedra abierta de derechos ciudadanos, en cooperación con cuatro colegios polimodales y de enseñanza general básica; la conformación de un consorcio con una docena de entidades educativas para el desarrollo de actividades sustentables en el marco del tercer sector en Ushuaia, la reglamentación definitiva de las audiencias públicas y de los mecanismos de presupuesto participativo, a partir de las recomendaciones producidas en el IV Coloquio FARN realizado en Ushuaia, y la cooperación con otras ONG de la Patagonia para contribuir a la conformación de un movimiento regional de incidencia en políticas públicas.

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