El enjuiciamiento a Venezuela

Se ha llegado, al fin, al punto tan temido por el gobierno autoritario de Venezuela: la diplomacia interamericana ha iniciado el camino de su enjuiciamiento de acuerdo con las normas de la Carta Democrática en vigor entre los países miembros de la OEA.

Contrariamente a lo ocurrido en la decena de ocasiones anteriores en que se invocó ese documento, esta vez el impulso de convocar al consejo permanente de la OEA ha provenido, no de uno o más países, sino del secretario general del cuerpo, Luis Almagro, que fue canciller del gobierno uruguayo de José Mujica, y cuyo pasado político no arroja precisamente sombras de prejuicios sobre el chavismo venezolano.

La actualización de su visión sobre el caso venezolano y el agravamiento acelerado del que ha tomado nota respecto de él en los pocos años de su gestión en la OEA no pueden extrañar más que en la izquierda radicalizada. Así lo sienten algunos de sus viejos cofrades en el Frente Amplio del Uruguay.

Según el curso de las deliberaciones en el Consejo Permanente, que se reunirá entre el 10 y el 20 del actual, se podrían disponer con urgencia, por mayoría de votos, gestiones tendientes a promover la normalización institucional de Venezuela. Almagro ha elaborado un trabajo de 132 páginas en que se consignan "la crisis humanitaria generada por la escasez de alimentos y medicinas", el bloqueo de la libre actuación de poderes del Estado como el Parlamento, con acentuada mayoría opositora, y la violación de los derechos humanos de los presos políticos del régimen.

Todo eso es suficientemente conocido por la opinión pública de la región. También es sabido por todos que Caracas ha sido en 2015 la capital con más casos de homicidios en el mundo y que Transparencia Internacional, que mensura el grado de calidad institucional de los países, ha catalogado el año último al gobierno venezolano como el más corrupto de América latina.

La dictadura peruana de Fujimori fue el antecedente inmediato de la promulgación de una carta destinada a aplicarse en situaciones de ruptura del proceso político institucional democrático. O también cuando se produce la degradación del legítimo ejercicio del poder por parte de un gobierno democráticamente elegido. Es ése, precisamente, el caso patente del régimen de Maduro y que por lo menos ha rozado en la Argentina, en cuanto a algunos de los gravísimos desvíos en su comportamiento institucional, el régimen kirchnerista, en particular en los últimos años de su largo ciclo.

Si alguien tuviera duda sobre los alcances de la Carta Democrática, habría de recordársele que ella tiene por objetivo velar por el pleno funcionamiento de la democracia representativa, cuyos elementos esenciales enumera el texto. Son, entre otros, los derechos y libertades fundamentales, la realización de elecciones periódicas, libres y basadas en el sufragio universal y secreto, el respeto por la pluralidad de partidos, la preservación de la independencia de los poderes y de la libertad de expresión y de prensa.

No hay razones para ilusionarse de que la desmemoria no se apodere en ese sentido de los representantes de varios de los países que ocupan asientos en el Consejo Permanente de la OEA. ¿Qué puede esperarse del voto de Ecuador o de Nicaragua o de Cuba? Pero una interpretación lógica a la luz de la experiencia diplomática indica que Almagro se ha sentido acompañado por voceros de un número suficientemente alto y gravitante de Estados en el instante de poner en movimiento la marcha que suscita ahora la atención internacional.

Si las gestiones que resuelva realizar el Consejo Permanente fueran infructuosas, el paso siguiente habría de ser la convocatoria a una asamblea general extraordinaria de la OEA. En la hipótesis de que ese cuerpo encontrara al gobierno venezolano responsable de violaciones a la Carta Democrática, Venezuela podría ser sancionada con la suspensión como miembro permanente de la organización. Ya de entrada Maduro se ha colocado en una situación aún más vulnerable de la que estaba: ha anunciado un juicio al Parlamento de su país por haber pedido la activación de las normas que rigen en la OEA.

La violencia, que hizo estragos estos años en Venezuela, podría incrementarse aún más si el régimen se dejara llevar por el delirio que ha prevalecido hasta hoy entre sus gobernantes. O si las fuerzas armadas, de las que cada vez con mayor certeza se sabe que se encuentran divididas sobre la suerte institucional del país, no actúan como un elemento homogéneo de contención y morigeración de las pasiones en el aislado mundo del chavismo, derrotado hace poco de manera rotunda en las urnas.