El Estado aún adeuda el acceso a la información pública

Un derecho tan elemental como necesario en pleno siglo XXI sigue siendo una asignatura pendiente en la Argentina, país que comparte el triste podio del oscurantismo estatal en la región junto a Venezuela y Bolivia. Lo que busca garantizar el derecho de acceso a la información pública, como reafirmación de una democracia plena, es que toda persona pueda pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder de cualquier organismo, empresa o sociedad estatal, así como del resto del universo de instituciones que reciben fondos públicos o brindan servicios públicos esenciales

No debemos ser ingenuos respecto de las dificultades a vencer. Como bien describe el especialista Michel Duchein en un estudio elaborado por la Unesco, la conservación y el acceso a los archivos públicos siempre estuvo vinculada al ejercicio del poder. La memoria gubernamental era un mero instrumento para gobernar y administrar, no para rendir cuentas a los ciudadanos o permitir el ejercicio de más derechos. En sintonía, la posibilidad que tenían éstos de contar con la información oficial no sólo estaba lejos del alcance de muchos, sino que era un verdadero privilegio de pocos.

Sin acceso a datos, estadísticas o informes de gestión que justifiquen las decisiones gubernamentales o den cuenta de los resultados de las políticas públicas, las personas no pueden participar plenamente de los asuntos públicos. En otras palabras: nuestros ciudadanos no pueden saber cómo se ejecuta el dinero público que todos aportamos y mucho menos evaluar el desempeño gubernamental, que es la manera informada en la que la sociedad puede decidir si apoya o castiga a los gobernantes en las elecciones. Sin ley de acceso tampoco se cumple con el principio de publicidad de los actos de gobierno ni con la obligación de los funcionarios de rendir cuentas.

Con una ley que lo ampare, cualquier ciudadano que necesite información no disponible de manera sencilla podría presentar un pedido de acceso a la información pública para obtener uno de los tantos datos que el Estado genera a diario. Incluso, podría tomar mejores decisiones que afectan su vida cotidiana. Por ejemplo, si quisiera saber qué centros de salud se especializan en determinado tratamiento, o qué prácticas están incluidas en el programa médico obligatorio (PMO), o si en su zona hay buenas escuelas para sus hijos. Un pedido de acceso a la información debería ser una herramienta útil y necesaria para responder esas preguntas. Además, los pedidos de acceso a la información son un insumo valioso para que el periodismo pueda llegar a las audiencias con noticias debidamente documentadas. En otras palabras, desde las grandes cuestiones de gestión hasta la experiencia diaria más concreta, la información del sector público es útil para mejorar la vida de todos. Urge entonces trabajar para saldar esta enorme deuda con cada uno de nuestros compatriotas.

Es importante que la ley sea respetuosa de los estándares internacionales en la materia y que regule el derecho de acceso a la información para los tres poderes del Estado. La norma, que reduce la discrecionalidad del Estado en el manejo de la información, debe ser ágil, efectiva y de sencilla aplicación, además de declarativa y bien intencionada. Debe fijar plazos concretos para que los poderes estatales respondan los pedidos de información de los ciudadanos.

Los países que cuentan con normas que regulan el derecho de acceso a la información pública ascendieron de 13 en el año 1990 a más de 90 en el año 2012. De esos países, veinte pertenecen a la región de América latina y el Caribe. No hay argumentos válidos ni excusas para que la Argentina siga estando fuera de ese grupo. El nuevo gobierno demostró que tiene la decisión política de impulsar la ley y, a pesar de que el Congreso no logró en dos ocasiones alcanzar los consensos necesarios para sancionarla, existen iniciativas de todos los bloques parlamentarios que buscan aprobarla. El momento para transparentar la gestión pública de nuestro país es ahora.

Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior de la Nación