El Estado cruel

En Santiago del Estero, desde hace años, una pareja política logró desplegar impecablemente la arquitectura política que -alguna vez- imaginaron Néstor y Cristina Kirchner, pero que no pudieron concretar: sucederse en el Gobierno a lo largo de 5 períodos electores, en una seguidilla de mandatos que parecen distintos, pero que son el mismo.

Me refiero a Gerardo Zamora, el actual gobernador de la provincia, que ocupó ese cargo -primero- en 2005 y luego, fue reelegido en 2013, cuando lo sucedió su esposa, Claudia Ledesma Abdala, hasta 2017. Ese año, Zamora volvió a la gobernación y Ledesma Abdala fue elegida senadora. Hoy es la presidenta provisional del Senado.

Cuatro mandatos de gobierno, equivalentes a 15 años de gestión, en manos de una pareja: los Zamora–Ledesma Abdala. En 2021, de presentarse de nuevo, Zamora podría volver a ser gobernador- Y luego, otra vez, su esposa. Y así al infinito.

En esa provincia persiste entonces una hegemonía política absoluta, que todo el tiempo tuerce la cancha y anula la posibilidad de que se produzca un recambio de gobierno o de que se construya una oposición real.

Allí acaba de suceder uno de los hechos más crueles que trajo la cuarentena: el caso de Abigail Jiménez, una niña de 12 años que está enferma de cáncer y que debió cruzar el límite a su provincia en los brazos de su padre durante 5 kilómetros para regresar a su hogar porque la policía santiagueña no le permitía ingresar con su auto. Esta es la violación de los derechos de una niña atravesada por el dolor.

En Estados Unidos se realizó una investigación periodística en torno a los niños inmigrantes que fueron separados de sus padres por la política de Donald Trump y llevados a centros de detención. Este estudio logró registrar el llanto de niños y adolescentes durante las noches que pasaron en esos centros de detención, acinados y bajo la mirada disciplinatoria de adultos ajenos. Aún hoy, muchos de ellos todavía permanecen allí. Esos son llantos de niños arrasados por el dolor. Y ese sonido se volvió intolerable: es un escándalo que haya niños violentados en sus derechos.

Las almas nobles en la Argentina se conmovieron por esos hechos en Estados Unidos. Hoy hay un silencio que aturde en parte de la opinión pública que suele ser sensible a estas violaciones por parte del Estado.

Lo mismo sucedió en Tucumán con la desaparición de un hombre, al que luego encontraron asesinado y en Formosa: la provincia modelo, según el presidente Alberto Fernández.

Hay preocupación en otra parte de la opinión pública por las referencias a Venezuela y el modo en que algunos miembros del Gobierno minimizan el impacto del régimen de Nicolás Maduro sobre los derechos humanos de los venezolanos.

No es necesario extrapolar la preocupación por la calidad de la democracia que imagina el Presidente hacia ese país con las referencias a Formosa como provincia modelo u observando el peso que tienen, en su circulo de confianza, figuras políticas como Gildo Insfrán, los Zamora y el gobernador de Tucumán, Juan Manzur. Estos hombres tienen gran incidencia en el imaginario peronista, con lo cual la preocupación queda instalada. En este contexto, ¿cuánto se tensa la cuerda de la violencia estatal bajo la pandemia?

Según la última cifra disponible del Indec, en Formosa había una pobreza del 41,6% en diciembre de 2019, lo cual estaba por encima del 35,5% del promedio nacional. Por otro lado, está el peso excesivo del empleo público, que confiere enorme poder al gobierno provincial y acentúa la famosa "cancha inclinada". Sumado a eso, la provincia de Insfrán está históricamente entre los distritos con mayor tasa de mortalidad infantil. De hecho, en 2017, según cifras de Unicef, Formosa fue la provincia con mayor tasa de mortalidad infantil de la Argentina: 16 niños cada 1000 niños nacidos vivos. Más del doble de las dos provincias con menor tasa, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires.

Otro dato: en ese mismo año, Formosa también tuvo la tasa de mortalidad materna más alta del país y superó, en más de treintas veces, la de la Ciudad de Buenos Aires, que es la más baja de la Argentina. Puede haber variaciones de año a año, pero Formosa siempre queda entre las provincias con una realidad más acuciante en este punto.

Según el Presidente, la reelección de estos líderes provinciales tiene que ver con buenas gestiones de gobierno, sin considerar que todos los poderes del Estado están en sus manos y que condicionan tanto la vida social y política, como el disciplinamiento de esas sociedades subnacionales y provinciales.

Tucumán y Santiago del Estero, por ejemplo, son provincias récord en relación a los embarazos adolescentes. Se observa, entonces, un conglomerado de violaciones a derechos humanos que en la pandemia encuentran nuevas tipologías.

Podemos avanzar sobre este argumento: ¿qué pasa en la pandemia con la violación de los derechos humanos? Se habla de derechos de quinta o sexta generación, que alcanzan a los animales, las máquinas y también a los híbridos que puedan surgir en el futuro.

En la Argentina no están garantizados los derechos de primera, segunda y tercera. El transcurrir de las democracias ha traído nuevas generaciones de derechos en el mundo, mientras que en la Argentina -bajo la pandemia- se han generado nuevas violaciones a los derechos humanos.

Una niña de 12 años, enferma de cáncer, que venía de hacer su tratamiento oncológico, dolorida, llorando, bajo el calor en Santiago del Estero, tuvo que ser cargada por su padre casi cinco kilómetros después que le impidieran realizar el cruce a bordo de su auto.

También está el caso Solange Musse, una mujer de 36 años que murió sin reencontrarse con su padre porque no pudo atravesar el límite de la provincia de Córdoba.

Además, un joven que quiso reencontrarse con su hija en Formosa, cruzó el río Bermejo y murió ahogado. Son 7.500 las personas que permanecían afuera de la provincia "ejemplar" de Insfran (según dichos del Presidente), y la Corte Suprema en un fallo en el que todos sus miembros coincidieron, le ordenó y le dio 15 días a Insfrán para que esos residentes puedan volver.

Por otro lado, la escuela permanece cerrada en la Argentina o bajo el eufemismo de que está funcionando porque hay clases por Zoom, mientras que millones de niños están por fuera de la escuela y se calcula que un millón no volverían. Esta cifra la ha comentado distintas organizaciones, referentes del mundo educativo y padres que -por primera vez- se organizaron para defender el derecho a la educación. Es que hay un nuevo derecho vulnerado como nunca antes: el de la educación.

Porque una política estatal ha decidido que la pandemia se controla cerrando escuelas, cuando la evidencia es cada vez más sonora en relación a demostrar, con niveles de certeza muy altos, que los niños sobre todo de primaria, se contagian, pero no contagian.

No son las escuelas los centros de contagio, sino los bares, gimnasios o restaurantes o los lugares cerrados. Sin embargo, las escuelas siguen cerradas. Gestionar la pandemia es difícil, las sorpresas están a la vuelta de la esquina y los Estados han ido aprendiendo desde que se inició este problema en el mundo. Pero en la Argentina la voz del oficialismo gobernante insiste con que hay que esperar a la vacuna.

El virus de la influenza también genera mortalidad infantil e impacta directamente en los niños y en las personas de mayor edad y, sin embargo, la escuelas no se cierran todos los años, a pesar de que haya 30.000 muertos registrados por ese tipo de virus menos letal que el del Covid-19.

Este no es un estado ausente, sino que es uno uno presente y sobre todo, cruel. Y en la semana de la militancia peronista es todavía más cruel el silencio de esa militancia que se suele adscribir en la defensa de los derechos humanos. Es cruel y triste.