El Estado de la emergencia permanente

Luego de la crisis 2001-2002, la intervención estatal en el campo del bienestar fue consolidándose paulatinamente en dos grandes líneas: por un lado, se implementaron políticas destinadas a los sectores no integrados al mercado laboral formal, que implicaron la retracción de los mecanismos de provisión de bienestar en clave de derechos a favor de aquellos basados en la necesidad demostrada y en el merecimiento.

Por otro lado, especialmente a partir de 2003, en un contexto de recuperación de la actividad económica, se generaron medidas destinadas a los trabajadores asalariados formales. Este último campo de acción se consolidó durante la gestión de Néstor Kirchner a través de una política de recomposición salarial e incluyó también la revisión del régimen previsional y de las asignaciones familiares, conjuntamente con estímulos para la registración del empleo. El período aquí analizado se caracterizó por un creciente optimismo colocado en el mercado de trabajo como eje integrador y espacio de canalización de las necesidades individuales y sociales; en el "mientras tanto", los programas sociales fueron los encargados de abordar situaciones que aparentaban ser (o se construían como) transitorias. (...)

El Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD), demostró su valor, especialmente al haber surgido en plena situación de "caos", transfiriendo ingresos a los hogares y disminuyendo en ese movimiento los niveles de conflictividad social. (...) El punto más negativo del programa fue el cierre de su inscripción que se concretó en mayo de 2002, siendo la única de las tres políticas analizadas que tenía inscripta en su propio comienzo su carácter transitoria. (...) Otro punto débil fue la inamovilidad del monto de la prestación a lo largo de los años cuyo efecto fue su depreciación constante al punto tal de terminar casi licuándose debido a la creciente inflación registrada en el período. (...)

Por su parte, el Plan de Desarrollo Local y Economía Social "Manos a la Obra" (PMO), tuvo un carácter potencialmente innovador y fue acompañado con una prolífera producción académica y el involucramiento de universidades en su diseño y gestión. Pero también fue uno de los grandes fracasos del período: la brecha entre los preceptos que le dieron origen (la economía social y el desarrollo local) y su diseño e implementación fue significativa. (...) En lugar de una economía social se desarrolló una especie de "economía de pobres para pobres", al punto tal que muchas iniciativas del plan trascendieran en la jerga ministerial como "microentretenimientos". (...)

Sin dudas el Plan de Seguridad Alimentaria "El hambre más urgente" (PSA) es junto con el PMO, uno de los que reúnen las mayores críticas entre los programas analizados. Puede destacarse a lo largo del período el incremento presupuestario destinado a la problemática (aunque no fue utilizado de manera satisfactoria). Su carácter asistencialista, su falta de innovación, las relaciones clientelares que sostuvo o promovió con los beneficiarios y sobre todo por tratarse más que de una "política alimentaria" de un conjunto de transferencias monetarias a las provincias sin ninguna coherencia, constituyen algunas de sus debilidades.

Más allá del análisis de cada programa y pensando más integralmente la cuestión de la provisión del bienestar, no hubo después de la crisis de 2001 grandes rupturas respecto de períodos anteriores en el campo de los programas sociales. Sin embargo, sin lugar a dudas aparecieron ciertos discursos que en algunos casos terminaron convirtiéndose en pura retórica. (...)

Del análisis de la normativa y de las entrevistas a los diferentes actores quedó claro que el foco del diagnóstico del problema que atravesó el período estuvo asociado fundamentalmente con la falta de empleo. Por lo tanto, en el caso de los receptores de los programas sociales, las políticas estaban supuestamente destinadas a cubrir aquellas necesidades de quienes no podían mercantilizar su fuerza de trabajo. Las situaciones que generaban la exclusión (el desempleo, la informalidad, el trabajo no registrado incluso las situaciones de pobreza al interior del sector de los asalariados) fueron presentadas como de carácter transitorio aunque, como se revisó, con el correr del tiempo se convirtieron en situaciones que "vinieron para quedarse".

Esa toma de posición se vinculó con el intento de recuperación del rol del Estado como mecanismo de diferenciación no sólo del "Estado débil" de 2001-2002, que no contaba con las condiciones de estatidad mínimas, sino también con aquel Estado de la década de los 90 que desarrolló programas que delegaron funciones a través de la tercerización en las organizaciones de la sociedad civil. También fue el comienzo de un cuestionamiento político al campo per se virtuoso de la sociedad civil como espacio de innovación, eficiencia y transparencia. Luego del "que se vayan todos", el discurso estatal y social comenzó a plagarse de apelaciones vinculadas con el "fortalecimiento y la recuperación del Estado", a la par que numerosos espacios de participación que surgieron en el marco de la crisis vieron perder su potencialidad.