El feudo austral: Santa Cruz

Néstor Kirchner mantiene un control hegemónico de su provincia desde 1991. Lo logra gracias a una alta popularidad, sustentada tanto en indicadores económicos positivos como en un asistencialismo que poco lo diferencia de otros caudillos del interior. La oposición denuncia manipulación del Poder Judicial y desempleo encubierto. El gobierno responde a las críticas con obra pública
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26 de enero de 2003  

RIO GALLEGOS.- En esta ciudad, la voz corre a la fenomenal velocidad del viento.

El lunes a media tarde, sólo unas horas después del arribo de la enviada de LA NACION, una persona que rogó no ser identificada le advirtió que el gobernador Néstor Kirchner había llamado desde Buenos Aires "muy preocupado" por su presencia y había pedido que le averiguaran "qué hacía". Luego de otros avisos similares, un empleado del hotel Costa Río comentó el jueves por la mañana que un conocido personaje de la "inteligencia" provincial había estado haciendo preguntas sobre sus movimientos la noche anterior. El seudo "espía" había pasado la noche charlando con el custodio del casino lindante, vigilando la puerta del hotel. Los 4,6 grados de la madrugada lo habrían llevado a cambiar el mameluco gris con que llegó por un pantalón con campera verde. "Estuvo hasta las 7", afirmó el empleado.

Al mediodía, un funcionario público de cuarta línea anunció con un hilo de voz que debía irse de inmediato del bar en que conversaban porque un "monje negro" del gobernador lo miraba desde otra mesa; la ciudad es tan pequeña y tan raramente es sometida al escrutinio de la prensa nacional que pronto todos sabrían con quién había estado. No quería problemas.

El mismo recelo alcanzó a empleados públicos, trabajadores sociales, periodistas y receptores de subsidios estatales a los que abordó LA NACION, y que sólo hablaron bajo condición de no ser identificados. Unicamente aquellos que han asumido la declarada condición de opositores y, por lo tanto, están marginados en el esquema de poder local, se avinieron a ser mencionados por sus nombres.

Tal desconfianza es uno de los rasgos de la estructura de control político que el candidato presidencial bendecido por Eduardo Duhalde construye desde 1987, cuando llegó a la intendencia de esta ciudad. Cuatro años después ganó la gobernación y desde entonces, gracias a dos reformas constitucionales que le permitieron la reelección indefinida y con porcentajes superiores al 50% de los votos en cada elección, la conserva.

Su suerte se sostiene en el hecho de que gobierna una provincia casi despoblada y muy rica; en la incapacidad de sus opositores políticos, a los que ha logrado anular o "comprar", según denunció el jefe del bloque radical de la Cámara de Diputados, Roberto Giubetich; en su control del Poder Judicial y de sectores de la prensa; y en el hecho de que la mayoría de la población depende directamente de los fondos provinciales: aquí el que no es empleado público vive de la asistencia social, y por eso es tan extendida la convicción de que el disenso lleva a la expulsión del sector público y, en consecuencia, a la ruina.

La indicadores sociales oficiales proyectan una imagen de Santa Cruz que se ha extendido por el país y que atrae a más y más inmigrantes de otras provincias, que escapan de la falta de trabajo y la pobreza (la población creció en un 72 por ciento en los últimos 20 años, duplicando el ritmo de crecimiento nacional, según cifras oficiales): una tasa de desempleo del 3 por ciento; la brecha más angosta entre ricos y pobres del país -el 60% de los ingresos van al 40% más rico, y la distancia entre ricos y pobres es de 16 a 1-; sólo el 8,7 por ciento de la población en situación de pobreza; una tasa de asistencia a las escuelas cercana al ciento por ciento, y un índice de mortalidad infantil del 14 por mil.

Un recorrido por la provincia ofrece, sin embargo, una visión diferente. Los mismos hombres de Kirchner admiten que la cifra de desocupación sólo toma en cuenta la capital, Río Gallegos, donde el 50 por ciento de la población ocupada es empleada del Estado, y las 5973 familias que viven de subsidios directos -planes de entre 150 y 350 pesos por mes- son incorporadas a la estadística. La cifra adquiere significado cuando se recuerda que sólo viven en Santa Cruz 196.876 personas, el 0,5 por ciento de la población nacional.

Según los datos aportados por el ex diputado nacional frepasista Rafael Flores, el promedio de desempleo real ronda el 12 por ciento, con picos cercanos al 20 por ciento en zonas petroleras como Caleta Olivia y Pico Truncado.

Desolación en Río Turbio

El índice es más bajo en Río Turbio, la ciudad que se fundó y creció alrededor de las minas de carbón, pero LA NACION comprobó que la mayoría de la población vive del sueldo que ha vuelto a pagarle el Estado al anular la concesión de los Yacimientos Carboníferos Fiscales, que resultó desastrosa. Los mineros gastan sus turnos de ocho horas en actividades de "mantenimiento", que consisten en llevar chatarra de un lado a otro o remover grandes pilas de carbón acumulado, porque la usina que da energía a la mina se quemó y no ha sido reparada.

El paisaje en Río Turbio es desolador, con sus enormes depósitos al aire libre de máquinas y colectivos que alguna vez llevaron más de tres mil mineros a trabajar cada día y hoy son chatarra oxidada. En un cambio de turno del pasado miércoles, los mineros, reunidos a fumar a la puerta de la mina, concluyeron que Río Turbio se ha convertido, con ellos adentro, en un pueblo fantasma. La visita de Kirchner con el presidente Duhalde, a mediados de diciembre último, les había devuelto esperanzas porque les prometieron que la Nación enviaría tres millones de pesos para reparar la usina y volviera a funcionar, pero desde entonces no han sabido nada sobre la promesa. Silverio Méndez, minero y representante gremial de sus compañeros, cree que la promesa tendrá tanta solidez como el enorme cartel que anuncia la repavimentación de una calle en el centro de Río Turbio, que fue instalado, junto con una topadora amarilla, a la llegada de Duhalde. Al día siguiente, la topadora se fue. El cartel sigue allí.

La construcción de obra pública, sin embargo, es visible en Río Gallegos. Santa Cruz es una de las provincias que más invierte en obra pública en el país -la que más, según Alberto Fernández, jefe de campaña de Kirchner- y eso explica, en opinión de la senadora nacional Cristina Fernández, esposa del gobernador, el bajo desempleo que, a su vez, resulta en los buenos indicadores sociales.

"Es cierto que en el ránking de empleados públicos estamos terceros, después de Catamarca y La Rioja, pero allá los índices de desocupación son del 24 y el 25 por ciento. El empleo público no implica nivel de ocupación. Aquí, el bajo desempleo es por la fuerte inversión en obra pública", dijo, durante una charla en la residencia del gobernador.

"Un buen gobernador"

Un joven que hace un año abandonó toda ilusión de terminar su vida como minero en Río Turbio y se marchó a la capital provincial a trabajar de taxista, ofreció su visión sobre la administración Kirchner: "Es un buen gobernador porque hace viviendas. Mi hermana paga 50 pesos por mes de cuota y en el futuro la casa va a ser de ella".

Kirchner construye barrios enteros de viviendas que entrega con créditos a largo plazo, en cuotas que van de los 50 a los 800 pesos mensuales, según la calidad. Por todos lados se ven barrios de grupos de casitas idénticas y grises monoblocks.

La casa con gas natural y agua caliente es una condición de supervivencia en esta planicie arrasada por vientos helados de hasta 130 kilómetros por hora y temperaturas de 20 grados bajo cero en el invierno. Los pobres extremos, una minoría, viven en el barrio San Benito, un conjunto colorido de casitas de chapa que se extiende sobre un gran terreno fiscal en las afueras de la ciudad, y se calientan con braseros que suelen provocar incendios.

El otro punto fuerte de la obra pública de Kirchner es la pavimentación de rutas -"en 2002, invirtió 120 millones de pesos en caminos", dijo Fernández-, pero el frepasista Flores apuntó que hay localidades importantes de la provincia a las que se llega o se sale por caminos de ripio que en invierno quedan aislados, y el radical Giubetich señaló que una de las principales rutas, la que une Calafate, el principal destino turístico y un boom de presencia extranjera, con Río Gallegos, fue repavimentada tres veces en diez años y se ha vuelto a romper.

El chofer de Ricardo Palacio, secretario general de la gobernación, advirtió a la enviada que tuviera cuidado al recorrer la ruta porque "está llena de pozos". Palacio explicó que se debe al riguroso clima invernal: la nieve y el hielo son fatales para el asfalto, se infiltran por debajo y lo quiebran. "Debe haber además una falla geológica, porque no puede ser que se rompa tan pronto", agregó.

Giubetich le retrucó que la poca duración de los pavimentos, al igual que la prolífica construcción de viviendas, se explica por la relación entre el gobierno y las tres empresas constructoras a las que el Estado adjudica casi todas las obras. "Ahí está la caja de retorno del gobierno", afirmó.

Según los hombres de Kirchner, en cambio, la estrategia no es otra que la que fomentó en sus buenos tiempos su líder histórico. "Yo soy justicialista de toda la vida, y cuando era chico, en Chivilcoy, preguntaba: ¿quién hizo esta escuela, quién este barrio? Y me decían: Perón", dijo Héctor Izuriaga, presidente de la Cámara de Diputados y quien reemplaza a Kirchner con frecuencia, cada vez que éste no está en la provincia.

La obra pública, el empleo estatal y los subsidios son, así, el secreto de la popularidad de Kirchner. En épocas electorales, los empleados suelen recibir aumentos -poco antes de la elección para constituyentes nacionales de 1994 incrementó en un 20 por ciento los salarios públicos, y ganó con más del 60 por ciento de los votos, recordó Giubetich- o premios, como los 400 pesos de plus que entregó el mes pasado.

Superávit

Kirchner hizo un ajuste muy fuerte en el sector público al asumir su primer mandato, en 1991, pero repuso lo recortado cuando recuperó los fondos por regalías petroleras y del gas -440 millones de pesos, el año pasado- y ganó un juicio al Estado nacional por lo adeudado, que significó un ingreso en dólares de alrededor de 700 millones de los que hoy, según declara el gobernador, quedan 527 millones en un banco de Suiza.

La provincia, que en 1991 estaba quebrada, tuvo el año pasado un superávit de 70 millones de pesos, recordó Fernández.

Pero según Giubetich, Kirchner amplió el plantel de empleados públicos y aumentó los subsidios y "compró" con cargos o favores a muchos opositores, algo con lo que coincide Flores, que admitió que la oposición tuvo mucha responsabilidad en permitir "la hegemonía" del gobernador, por falta de capacidad o de entereza. También podría decirse que ha "comprado" a la sociedad, arriesgó un prestigioso trabajador social de Río Gallegos, que se quejó ante esta enviada de que el asistencialismo haya llevado a que "la gente se acostumbró a que le den y ahora nadie quiere trabajar".

Una mujer venida de Jujuy tras la fantasía del pleno empleo contó que sus hijos se alimentan de la leche que les dan en el hospital y del plan social que ella recibe. La mujer, que pidió anonimato para no perder los beneficios, dijo que estaba sorprendida por la facilidad con que se ingresa al "Estado de beneficio" aquí: "En el Norte la gente no pide como acá. Será porque no les dan. Cada vez que voy a pedir al centro vecinal está lleno. A todos les dan, tarde o temprano. Trabajo no hay, pero hay planes".

Un ex empleado público que se retiró con un jugoso retiro voluntario hace nueve años y ahora es empleado de comercio contó que cuando Kirchner era intendente le cedió un terreno fiscal en el centro de la ciudad para que sus padres levantaran una casa. "Hablé directamente con Lupo (como llaman aquí popularmente a Kirchner, en honor a un largo penacho florido que crece en la zona y al que, dicen, el gobernador se parece), que es el único que te puede prometer algo y cumplir. Todo lo maneja él".

"El manejo en las provincias es muy distinto del de las ciudades en que la política es anónima -explicó el oficialista Núñez-. El gobernador siempre va a tomar café al mismo boliche y la gente le pide que resuelva sus problemas. Es un manejo pueblerino."

Nuñez, Fernández y Cristina Kirchner coincidieron, por separado, en que la mejor evidencia de que Kirchner no gobierna en forma hegemónica al estilo de Carlos Juárez en Santiago del Estero o Adolfo Rodríguez Saá en San Luis es que la población de Santa Cruz no es equiparable a la del Norte. "Aquí la gente es cosmopolita y luchadora. Es muy difícil encontrar características de mando como se ve en el norte", dijo Núñez. Cristina Kirchner agregó que "una sociedad cosmopolita no es fácilmente manejable".

Sin embargo, sin entrar en consideraciones sobre el argumento, una buena parte de la población santacruceña es originaria de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca. La mayoría de los entrevistados por LA NACION, elegidos al azar, lo eran.

Las únicas protestas que sufrió Kirchner en los últimos tiempos fueron en reclamo por alguna pérdida de beneficios del sector público. Uno de ellos fue el recorte del tradicional plus que cobraban los jubilados cada año en pasajes de avión a sus provincias de origen. En noviembre pasado, cuatro jubiladas decidieron instalarse en una casilla rodante a una cuadra de la Casa de Gobierno y colgar carteles de las ventanas como protesta. Como Kirchner tomaba café en un bar de la esquina, los policías se pusieron muy nerviosos, según el relato que apareció en el diario Tiempo del Sur y que una de las protagonistas, Silvia Suárez, ofreció a esta enviada.

Luego de golpear a Suárez en la espalda, subieron a los empujones a las jubiladas a la casilla y se las llevaron a un corralón municipal en las afueras de la ciudad. Las jubiladas iniciaron luego una causa por privación ilegítima de la libertad, pero los policías contraatacaron con una denuncia por lesiones y resistencia a la autoridad ("¡Decir que una vieja los había pateado!", se indignó Suárez) y las dos causas quedaron en nada.

La misma estrategia siguió un grupo de hombres identificados con el gobernador (al que los periodistas y Giubetich llaman "guardia civil", porque supuestamente actúan como una fuerza disuasora durante las manifestaciones), que en abril se enfrentó a un pequeño grupo de "caceroleros", liderado por militantes sindicales. Veinte personas denunciaron haber sido golpeadas. Enseguida, los acusados presentaron su propia denuncia: habían actuado en defensa propia.

Justicia cuestionada

Como estos casos, otros exhiben la particular utilización de los tribunales que realiza el gobierno. El propio gobernador recurrió a la Justicia para exigir un castigo de 1,5 millón de pesos contra Dino Zafrani, de la Asociación de Abogados local, porque éste denunció una supuesta asociación suya con el empresario que tuvo en concesión las minas de Río Turbio.

Como Carlos Menem, Kirchner amplió la Corte de Justicia local y llevó aliados políticos a cargos decisivos. El presidente del Superior Tribunal, Carlos Zanini, fue funcionario de todas las gestiones de Kirchner (los últimos cargos: ministro de Gobierno y presidente del bloque de diputados del PJ) y es conocido como un eficiente "puntero", titular de la unidad básica Los Muchachos Peronistas. La jueza Laura Ballester, del mismo tribunal, es la esposa del jefe del bloque peronista de Diputados, Hugo Muratore. Un tercer juez de los cuatro en funciones, Ricardo Napolitani, habría llegado al cargo por ser amigo del diputado nacional Sergio Acevedo, ex vicegobernador, según Giubetich.

Pero el mayor escándalo surgió por la decisión del gobierno de remover al ex procurador general, Eduardo Sosa. Su cargo fue disuelto por una ley que creó otros dos puestos, el de jefe de fiscales y el de jefe de defensores, ninguno de los cuales le fue ofrecido. Su reclamo llegó a la Corte Suprema de la Nación, que tres veces ordenó al gobierno que lo repusiera en su puesto, sin resultado. Sosa dijo a LA NACION que fue echado porque "tenía independencia" y no por ser radical, como ha dicho Kirchner públicamente.

También se ha denunciado al gobierno de Kirchner por asfixiar a la prensa, y basta con leer los diarios locales y hablar con sus periodistas para comprobarlo. Como ocurre en muchas provincias, tres de los diarios viven casi totalmente de la publicidad oficial y no es posible encontrar en sus páginas testimonios contrarios al gobierno. El cuarto, Tiempo del Sur, pasó a la oposición hace un año y medio, luego de haber sido un acérrimo oficialista, cuando el gobierno llegó a adeudarle 250.000 pesos por publicidad oficial. Desde entonces, tras una reducción al mínimo de su redacción, vive de sus ventas y de avisos de pequeños comerciantes. Sus periodistas lo festejan.

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