El FMI, la temida reforma laboral y lainvasión venezolana

Mientras el temblor cambiario sacude a los argentinos y buena parte de la dirigencia política y sindical se escandaliza ante el pedido de ayuda al FMI y su potencial imposición de un mayor ajuste y una reforma laboral que juzga inaceptable, cada día llegan en promedio al país 363 inmigrantes venezolanos, que huyen del hambre, la inseguridad, las persecuciones ideológicas y la ausencia de libertades del régimen de Nicolás Maduro. La gran mayoría de ellos obtiene rápidamente un empleo, a tal punto que en las últimas semanas se viralizó en redes sociales una frase que, más allá de sus matices despectivos hacia una porción de la sociedad, obliga a la reflexión: "Los venezolanos que llegan consiguen laburo en un día. Los piqueteros hace 15 años que no consiguen trabajo".

Estadísticas oficiales que datan de 2015 señalan que el 11,3% de la población económicamente activa está formada por inmigrantes y que este segmento se caracteriza por un menor nivel de desempleo que la población nativa, aunque su tasa de informalidad asciende al 52,9% y supera el promedio. Sería un error considerar simplemente que todos los venezolanos -y también los colombianos- que se han radicado legalmente en la Argentina hayan conseguido emplearse por aceptar trabajar en negro. Son muchos los que están debidamente registrados, más allá de importantes profesionales y técnicos como los que requiere la industria petrolera. El rasgo que los diferencia de no pocos trabajadores argentinos que no pueden insertarse en el mercado laboral es su mejor nivel educativo, su respeto y agradable trato, y particularmente, su mayor flexibilidad y disposición a trabajar durante jornadas más largas.

Esta situación interpela a la sociedad argentina. Al margen del trabajo informal, derivado muchas veces de impuestos al trabajo que hacen que por cada 100 pesos de sueldo de un trabajador, este solo lleve a su bolsillo entre 70 y 80 pesos, y el empleador termine pagando más de 150, la conclusión es que hay trabajo y es ocupado por extranjeros antes que por argentinos. Podrá decirse que es un fenómeno propio de muchos países del mundo. Pero el mercado argentino tiene otras particularidades. Entre ellas, cierta resistencia de algunos compatriotas que prefieren el confort de un subsidio estatal a desempeñarse en la actividad privada con cada vez mayores exigencias.

En un informe sobre la Argentina dado a conocer en diciembre pasado, el FMI puntualizó que nuestro país "tiene instituciones y regulaciones laborales muy rígidas" y que "las presiones para que se modernice la legislación laboral se han incrementado, dadas las recientes reformas aprobadas en Brasil". Una lectura de sus recomendaciones permite inferir que el organismo al que ahora el gobierno de Mauricio Macri ha acudido en busca de un crédito stand-by aprueba el proyecto oficial de reforma laboral que duerme en el Congreso, pero es partidario de una mayor flexibilización en las relaciones del trabajo.

La reforma laboral aprobada en Brasil a mediados del año pasado plantea una mayor libertad de contratación y la prevalencia de los acuerdos individuales entre un trabajador y su empleador por sobre los convenios colectivos por actividad. Crea la figura del trabajador autónomo exclusivo, una suerte de monotributista que puede prestar servicios para un único empleador sin estar ceñido a un vínculo laboral permanente. Autoriza la posibilidad de una jornada laboral de 12 horas con 36 horas de descanso entre dos jornadas y regula el teletrabajo. Reduce en un 30% el costo de las indemnizaciones por despido y, para limitar juicios laborales, dispone que un trabajador con un salario superior a los 2200 reales (unos 14.300 pesos argentinos) deba probar que no puede afrontar el costo de una demanda para iniciarla gratuitamente.

Se trata de reformas horribles para la cultura proteccionista del trabajador que reina en la Argentina. Son reformas que, ni por asomo, figuran en los planes del gobierno de Macri, cuya iniciativa más cuestionada por el sindicalismo es la exclusión del aguinaldo, los premios y los bonos del ingreso que se tomará como base para calcular la indemnización por despido, y la creación de un fondo para el cese laboral.

Aunque les gustaría, es bastante probable que nuestros interlocutores del FMI no le exijan al gobierno argentino una reforma laboral como la brasileña. Entienden demasiado bien que si hasta ahora no se ha podido avanzar mínimamente en el Congreso con un modesto proyecto cuyos pilares son un blanqueo laboral y un nuevo sistema nacional de formación laboral continua, sería casi imposible pensar en modalidades de contratación más flexibles o en costos de despido mucho más acotados.

En ámbitos empresariales locales, sin embargo, se sostiene que la presente crisis y el aumento del riesgo argentino obligan a pensar en acelerar las reformas laborales. En un mundo donde los países compiten por inversiones extranjeras en el sector productivo, cualquier decisión de Brasil o de Chile, cuyo mercado de trabajo es también mucho más flexible, impacta en nuestra economía, donde el empleo privado formal no ha crecido en los últimos cinco años. El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, señala que el costo laboral de los trabajadores de convenio en México es dos tercios menor que el de la Argentina, y el de Brasil, un tercio más barato.

Se suma a esa situación el hecho de que el siglo XXI ha abierto la posibilidad de que un país pueda crecer económicamente sin que aumente el empleo tradicional, en virtud de los cambios tecnológicos y la robotización. Ante esa realidad, la mejor forma de proteger las fuentes de trabajo no es una legislación laboral inflexible, sino la capacitación permanente del trabajador, junto a normas que estimulen su contratación y reduzcan impuestos al trabajo.

Así como el recálculo de las metas presupuestarias y de inflación parece inminente, el Gobierno insiste en que ha recurrido al FMI para seguir garantizando el gradualismo y evitar un ajuste mayor. Su discurso se contradice con las propias definiciones que el organismo financiero brinda en su página web al referirse a los créditos stand-by: "Cuando un país toma prestado del FMI, acuerda ajustar sus políticas económicas para superar los problemas que lo llevaron a buscar financiamiento". En palabras de Albert Einstein, está sugiriendo que no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos.

Gobernar es también explicar. Buena parte de la ciudadanía no tomó nunca conciencia de la magnitud de la crisis económica heredada. Macri es responsable de eso, tal vez por influjo de Jaime Durán Barba, para quien no era bueno arrancar una gestión con malas noticias, ni pidiendo sangre, sudor y lágrimas. Anteayer, Francisco Cabrera afirmó que "la crisis del dólar será historia en pocos días" y la diputada Elisa Carrió urgió al campo a dejar de retener la soja y a liquidar divisas. La frase del ministro de Producción ya es comparada con la del recordado ministro de Economía del régimen militar Lorenzo Sigaut en 1981: "El que apuesta al dólar pierde". Y la líder de la Coalición Cívica ha sido equiparada al ministro de Economía Juan Carlos Pugliese, quien en medio de la hiperinflación del gobierno de Alfonsín convocó a empresarios a colaborar y terminó lamentando: "Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo".

La crisis no se superará con la demagogia de dirigentes opositores que critican la posibilidad de tomar créditos del FMI a tasas de alrededor del 4% y que en la era kirchnerista aplaudían los préstamos de Hugo Chávez al 15%. Tampoco, con más voluntarismo oficialista.