El fracaso del referendo colombiano sobre la corrupción

El nuevo gobierno que encabeza Iván Duque en Colombia, acaba de convocar a una consulta popular sobre el tema de la corrupción. Ella proponía -entre otras cosas- la reducción del sueldo de los parlamentarios y de los altos funcionarios públicos, el endurecimiento de las penas contra los corruptos, mecanismos de transparencia para la designación de los funcionarios y la rendición de cuentas por parte de los legisladores al culminar sus mandatos.

Para que la consulta fuera aprobada debían concurrir a las urnas votantes que representaran al menos la tercera parte del electorado colombiano. Hablamos de un poco más de 12 millones de votantes.

En muestra de desinterés, en un país de arraigada tradición "abstencionista", ese mínimo no se alcanzó. Faltaron medio millón de votos. Pero lo cierto es que concurrieron 11,6 millones de colombianos a decir "no", a la corrupción. Comparado con los 10 millones de votos que el actual presidente de Colombia, Iván Duque, obtuvo al ser recientemente electo presidente, el voto anticorrupción fue entonces significativo. Particularmente, porque las tasas de abstención en Colombia son altas, desde que suelen superar el 50% del total del electorado.

En total, más de 36 millones de colombianos estaban autorizados a votar. Menos de 12 millones lo hicieron efectivamente. El resto permaneció en el desinterés.

Pese al resultado adverso en las urnas, el joven presidente Duque enviará ahora al Congreso de su país los siete proyectos con los que propone desterrar la corrupción pública. Y procurará que sean aprobados.

Los partidos políticos de la oposición sólo parecieron apoyar formalmente la consulta, como si ella de alguna manera apuntara contra la clase política, en su totalidad. Por esto, algunos hicieron manifestaciones, de la boca para afuera, sin transmitir la convicción de que para Colombia el paquete de normas contra la corrupción era esencial. Curiosamente, en los rincones del país en los que la corrupción aparece más difundida, fueron los que tuvieron los niveles más altos de abstención.

Históricamente, en Colombia el "clientelismo" electoral ha sido una constante. Los políticos con alguna frecuencia ofrecen "recompensas" a sus votantes, en una suerte de "quid pro quo".

Entre las distintas propuestas del gobierno estuvo la definición de la imprescriptibilidad del delito de corrupción de los funcionarios públicos, aquella que acaba felizmente de aparecer en nuestro propio universo doméstico por la vía pretoriana, es decir, a través de un fallo reciente de la Cámara Federal de La Plata recaído en una causa promovida por la infatigable diputada Elisa Carrió.

En el paquete anti-corrupción sometido a referéndum en Colombia se incluía una medida "sanitaria" directamente vinculada con la corrupción. Aquella que proponía que ningún funcionario público pueda eternizarse en su cargo, limitando la posibilidad de permanecer en él a sólo tres períodos y desterrando la práctica nociva que hasta ahora permitía a los funcionarios púbicos desempeñar sus cargos casi de por vida. Esto es generalizar lo que los norteamericanos llaman "term limits", de modo que necesariamente haya renovación en la función pública.

La iniciativa incluía asimismo poner un "techo" a los ingresos de los legisladores y funcionarios públicos: no más de 25 salarios mínimos legales.

El paquete normativo sometido infructuosamente a referendo será enviado ahora al Parlamento colombiano. De alguna manera, esto es como pedirle a los zorros que establezcan una prohibición que les impida ingresar al gallinero. Veremos cual termina siendo su suerte.

La consulta sufrió, además, de una falta de difusión adecuada. Muchos colombianos ni se enteraron de ella. La propia bancada oficialista en el Congreso sólo apoyó con decisión la iniciativa del presidente Iván Duque a último momento.

No obstante lo sucedido, la prioridad que Iván Duque asigna al tema permite suponer que la batalla contra la corrupción recién ha comenzado en Colombia y que ella será larga y áspera desde que muchos de aquellos cleptócratas a los que se trata de imponer transparencia previsiblemente "se harán los distraídos".