El gobierno socialista de Uruguay y su postura frente a Venezuela

Emilio Cárdenas
Emilio Cárdenas PARA LA NACION
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1 de agosto de 2019  • 01:41

El actual gobierno socialista de Uruguay, cuyo futuro electoral parece ahora ser bastante incierto, tiene aparentemente algunos problemas, bien serios, acerca de cómo definir -y tratar- a la dictadura venezolana de Nicolás Maduro.

Parecería que la carga de su propia ideología política, de corte también pretendidamente socialista, hace dudar a algunos de sus más altos funcionarios al momento de definir, respecto de la tragedia venezolana, sus respectivas posiciones. Lo que es una lamentable realidad, que, ante la gravedad de los hechos, luce bastante triste. Especialmente cuando la verdad está claramente definida, sobre la mesa y frente a todos.

Por ejemplo, el actual Canciller oriental, Rodolfo Nin Novoa -un hombre afable, pero de una muy escasa y endeble formación académica como técnico agropecuario graduado en la Escuela Técnica de Sarandí Grande, en el Departamento de Florida- prefiere eludir la verdad. Esto es, que en Venezuela hoy hay, efectivamente, una lamentable dictadura. Y que trata de justificar su triste actitud reticente preguntándose curiosamente a sí mismo: "si lo hacemos: ¿qué cambia para los venezolanos?". Lo que configura toda una enormidad.

Nin Novoa militó hasta 1994 en el tradicional Partido Nacional, del que entonces se alejó envuelto en el discurso populista en el que aún está instalado.

La respuesta a su muy extraña preocupación está, por ejemplo, nada menos que en el largo listado de derechos individuales enumerados y protegidos en la "Declaración Americana de los Derechos Humanos y del Hombre" que, aprobada en 1948, tiene entre nosotros los argentinos, por su muy significativa trascendencia, nada menos que jerarquía constitucional. Ellos hoy no están asegurados en Venezuela. También en la "Carta Democrática Interamericana", de 2001, que entre otras cosas, sostiene que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y de los derechos humanos.

Por esto cabe festejar que, tras el contundente informe reciente de las Naciones Unidas sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela, generado bajo la conducción de la también socialista Michelle Bachelet, haya también surgido hace muy pocos días -desde la mente oriental hoy claramente más preclara, que es la del Ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori- otro mensaje en paralelo. Con toda nitidez y coraje: "Lo de Venezuela es una dictadura". Una segunda opinión muy diferente, y así de clara. Sin tratar, esta vez, de engañar a nadie. Ni de esconder torpemente la verdad.

A lo que el sensato ministro Astori agregó enseguida, como para que nadie se confunda, ni por un minuto: "Una dictadura tremenda, con impactos humanitarios muy graves". Para, luego, apoyar expresamente que el actual preocupante escenario venezolano se resuelva, de una vez, "a través del diálogo entre los propios venezolanos". Pacíficamente, entonces.

Dos actitudes muy distintas, en hombres cercanos a un mismo gobierno socialista. No se trata de esquizofrenia. Sino de cristales y apego a la verdad entre altos funcionarios de una misma administración cuyas visiones sobre Venezuela son evidentemente muy diferentes. Y de actitudes personales contrapuestas, adoptadas públicamente frente a una misma y trágica realidad actual: la de la pasmosamente derruida Venezuela.

Desde el Frente Amplio, José "Pepe" Mujica y el exintendente de Montevideo Daniel Martínez, apoyaron -esta vez- las críticas a Nicolás Maduro. Como toda respuesta, el poco educado déspota venezolano comentó: "Me resbalan las estupideces que dicen los estúpidos, de que yo soy un dictador". Lo es, por cierto. Y lo sabe bien.

Además, es muy cierto que siempre es preferible que de las crisis complejas, como la venezolana, se pueda salir a través del diálogo. Pero ello supone la existencia de buena fe en los interlocutores. ¿Puede -sin pecar de ingenuidad- presumirse la buena fe en Nicolás Maduro, un torturador? No es nada fácil.

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