El intercambio de parejas y la ley

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14 de mayo de 2003  

El ideal de libertad que iluminó el nacimiento de nuestro país a la vida independiente está presente en el amplio repertorio de derechos, garantías y obligaciones que la Constitución Nacional consagra en favor de todos los ciudadanos y extranjeros que quieran habitar nuestro suelo. La garantía del respeto a la privacidad está contemplada de manera expresa en la cláusula constitucional según la cual las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afecten el orden y la moral pública quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.

Nuestras leyes civiles, por su parte, se han ocupado de los contenidos éticos que el comportamiento social de un momento dado considera valiosos y positivos para la sociedad toda y los han englobado en la fórmula flexible de las "buenas costumbres". Y dispone la ley que aquellos contratos celebrados por las partes que lesionen o quebranten esos contenidos mínimos de moral social serán nulos como si no tuviesen objeto.

Coherentemente con ello, y con su obligación de controlar que el objeto de las sociedades y asociaciones civiles sea conforme con el bien común, el año pasado el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), doctor Guillermo E. Ragazzi, denegó la personería jurídica a una pretendida asociación cuyo fin es promover el estilo de vida "swinger", que consistiría en la promoción de una propuesta alternativa en materia sexual y cultural dentro de la estructura matrimonial y de parejas. En otras palabras, la propuesta era la de fomentar el intercambio de parejas entre matrimonios en un despliegue sexual compartido. Consideró la IGJ que la asociación no tenía por principal objeto el bien común, requisito indispensable para que el Estado otorgue a una determinada agrupación el reconocimiento de su existencia legal.

Ante la decisión del funcionario, los interesados recurrieron a la Justicia. La Cámara Nacional en lo Civil acaba de confirmar la resolución denegatoria de la pretendida personería, sosteniendo que el intercambio en cuestión no sólo es contrario a la moral y las buenas costumbres, sino también violatorio del deber de fidelidad matrimonial consagrado por nuestras leyes civiles, que forma parte de lo que se ha dado en llamar el orden público familiar.

Cuando aún no se han acallado los ecos de tan clara y sensata sentencia, se han registrado protestas y acusaciones de discriminación por la negativa a conceder personería a la singular entidad. Ante esas muestras de disconformidad, conviene recordar, una vez más, que la libertad no debe ser confundida con el libertinaje y que el respeto por la intimidad y la privacidad de las personas -garantizado por la Constitución- no significa que deba avalarse legalmente el afán de un sector marginal por imponer sus cuando menos curiosas costumbres al resto de la población.

También se han dejado oír voces que señalan que algunos de los jueces han votado como lo hicieron por su pertenencia a la religión católica. En ese sentido, corresponde observar que el aspecto religioso no ha tenido incidencia alguna en el fallo. La ley civil establece claramente que los esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos. Y ninguna de estas normas es dispensable por convenio privado, pues la ley privilegia el matrimonio monogámico y sanciona al adulterio con la ilicitud.

Es necesario aplaudir la coincidencia de criterios que se ha producido entre el poder administrador y la judicatura, que han sabido interpretar correctamente la moral media y el pensamiento mayoritario de la población, no olvidando nunca que la ley tiene también una función pedagógica y moral.

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