El lawfare, el nuevo talismán de los corruptos

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, luego de su discurso de asunción en diciembre pasado, en el que les pidió a sus funcionarios que fueran militantes, designó a dos funcionarios procesados: el ministro de Salud, Daniel Gollán, y el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Girard.

Las normas provinciales no le impedían esas designaciones. En efecto, la ley provincial 10.430 excluye a los funcionarios políticos en su art. 1º de la inhabilitación dispuesta en el art. 3º para quien tenga un "proceso penal pendiente o haya sido condenado en causa criminal por hecho doloso de naturaleza infame, salvo rehabilitación, y el que haya sido condenado en causa criminal por genocidio o crímenes de lesa humanidad".

Amparado en la letra de la ley, y ajeno a cualquier consideración ética, Kicillof se podría haber limitado a realizar esas designaciones sin otro fundamento que la cita de alguna norma de competencia. Al fin y al cabo, se trata de designaciones políticas y, por lo tanto, discrecionales. Pero el gobernador vio la oportunidad de anunciarnos lo que significa para él la división de poderes. En esto los considerandos pertinentes son idénticos en los casos de Gollán y de Girard. Tomemos como ejemplo el primero de ellos.

El decreto señala que el funcionario designado reúne las condiciones de idoneidad para el cargo y agrega: "Que, no obstante lo expuesto, el doctor Gollán ha declarado bajo juramento que se encuentra procesado en la causa judicial identificada como ‘CFP 6606/2015/TO1/13’, bajo una injusta persecución penal; que, en tal sentido, dicho proceso se encuadra bajo el concepto de ‘lawfare’, entendido como el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación, donde se combinan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa. Que una causa judicial iniciada en el marco de un proceso de persecución política, judicial y mediática, inédito en la República Argentina, desde el retorno de la democracia en 1983, no puede implicar impedimento alguno o inhabilidad para que ningún ciudadano pueda cumplir una función pública".

Estos considerandos no eran necesarios y se los podría tener por no escritos. El problema es que están escritos y constituyen un mensaje muy peligroso para toda la sociedad. El gobernador se atribuye la facultad de determinar si una persona procesada es culpable o no. Y lo hace, además, sin brindar ni un solo argumento. Es cierto que para las causas judiciales estas afirmaciones no deberían tener la menor relevancia, pero no se puede pasar por alto que son, por lo menos, un intento de presionar a los jueces.

Para ese fin se acude a un neologismo, el "lawfare", que está compuesto por las palabras inglesas "law" (ley) y "warfare" (expedición bélica), que denota la utilización de procedimientos de apariencia legal para perseguir a los adversarios políticos. Nihil novum sub sole. No hay nada nuevo en esto. Existió en toda la historia, por parte de gobiernos autoritarios. El partido que ahora lo invoca lo usó en forma abundante. No hace falta citar ejemplos que todos conocemos.

Lo nuevo es el cinismo con que se apela a esta suerte de talismán. Los corruptos más notorios gritan "¡Lawfare!" como un "¡Ábrete, Sésamo!", que les abre por arte de magia las puertas de la impunidad.

Por estas horas el "lawfare" vuelve en una versión, si cabe, todavía más ridícula. El abogado y exdirectivo del Partido Comunista Eduardo Barcesat y el exjuez español Baltasar Garzón, removido de su cargo por espiar las conversaciones entre un preso y su abogado defensor, organizan un "tribunal ético" en el que se han designado a sí mismos "jueces" con el propósito de "juzgar" que las causas seguidas contra líderes populistas por corrupción no son más que inventos destinados a perseguirlos. Sus "señorías éticas" también juzgarán a algunos periodistas como Jorge Lanata por cometer el "lawfare" al informar sobre los cuantiosos recursos con que la familia Kirchner expolió a la burguesía argentina para felicidad del pueblo (por lo menos, cuando se decidan a sacarlos de las bóvedas).

Algo tan burdo no debería despertar más que carcajadas. Sin embargo, no deberíamos tomar tan a la ligera estas manifestaciones del más crudo totalitarismo en la medida en que reflejan las ideas y actitudes de buena parte de los integrantes del kirchnerismo y cuentan con el aval tácito del silencio de los supuestos moderados de ese sector.

Estas parodias, que a Barcesat le traerán la nostalgia del estalinismo en el que se formó, recuerdan entre otros a esos "juicios populares" que hace unos años encabezó Hebe de Bonafini contra numerosos periodistas independientes.

El presidente Fernández, a quien le gusta exhibir constantemente su condición de profesor de derecho penal, debería reaccionar de inmediato y condenar esta bufonada. Sus ideas económicas son hasta ahora vagas y confusas. Esperemos que no lo sea también su compromiso con el Estado de Derecho.

Malos tiempos se avecinan para la Argentina si los gobernantes desdeñan, ya desde sus primeros actos, el Estado de Derecho. No es solo una cuestión moral. Los países de mejor calidad de vida, los de mayor desarrollo económico y menor pobreza y desigualdad se asientan en sólidas instituciones, imperio de la ley y justicia independiente.