El modelo asistencial no sirve para reducir la pobreza

Marcos Hilding Ohlsson
Marcos Hilding Ohlsson PARA LA NACION
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13 de febrero de 2014  

El mejor plan social es un buen trabajo. En 2013, el Gobierno ejecutó 58 programas de asistencia social a través de los cuales entregó fondos a más de 16,5 millones de beneficiarios, sin contraprestación. En noviembre de 2013 se creó una pensión graciable para detenidos durante la última dictadura militar y el 22 de enero Cristina Kirchner anunció un nuevo programa para incentivar el estudio en jóvenes que no trabajan, llamado Progresar. En 2014 habrá entonces 60 programas en funcionamiento.

El nuevo programa Progresar busca beneficiar a 1,5 millones de personas, que recibirán 600 pesos mensuales. Con lo cual, el costo del plan es de 10.800 millones de pesos anuales, que representa un 1,3% del total del presupuesto 2014 y un 10,3% de lo destinado a planes sociales. El reciente incremento aumenta el monto total de los planes sociales a 113.000 millones de pesos (13,3% del presupuesto total).

Si a esto le sumamos los innumerables programas y fondos destinados por gobiernos provinciales y municipales, que sólo en la provincia de Buenos Aires suman 52 tipos de transferencias diferentes, es notoria una intrincada maraña de planes y recursos, que no son controlados ni están coordinados entre sí. Falta medir, evaluar y controlar. Algunos programas son manejados discrecionalmente y dependen de la cercanía a un puntero o dirigente político, por este motivo muchas veces no cumple con el objetivo de asistir a los que realmente lo necesitan.

Un programa asistencial puede servir en un momento determinado de emergencia, ya sea un desastre natural o alguna crisis económica nacional o crisis personal, o también puede servir para apoyar a personas que por alguna situación particular (discapacidad física o mental, o circunstancia familiar) no puedan trabajar. También sería bueno tener un seguro de desempleo temporario, para los meses en que alguien pierde el trabajo. Hoy ese seguro es solamente 400 pesos por mes y no cumple su función.

El sistema asistencial refleja su propio fracaso. Hace diez años el país crece económicamente 7% anual en promedio, con una desaceleración en los últimos dos años, y a pesar de la proliferación de programas, anunciados con bombos y platillos, no logran reducir significativamente la pobreza que hoy se encuentra por encima del 25%, como lo demuestran distintos estudios, por ejemplo los realizados por el Observatorio Social de la UCA. Debemos repensar la efectividad de los planes asistenciales para sacar a las personas de la pobreza.

La experiencia de los últimos diez años evidencia que la solución no radica en la entrega de más cantidad de planes y en las transferencias de dinero en efectivo. Al contrario. Es necesario generar condiciones de trabajo para que las personas ganen un sustento sobre la base de su esfuerzo. Una dádiva no le permite a un individuo abandonar la pobreza ni estimula la movilidad social, sirve para aliviar una situación.

Los programas que dan sustento al que no tiene empleo formal pueden generar incentivos para que las personas se mantengan en el empleo informal y así seguir percibiendo el plan. Esto lleva a una situación más grave aún, que es la dependencia -hasta el punto de la sumisión- a un Estado que atenta contra la cultura del trabajo.

En muchas ocasiones estos programas son parches. En un contexto de inflación, mientras se anuncia un nuevo plan, aumentan los precios en los supermercados, lo cual genera nuevos pobres y reduce las posibilidades de hallar un empleo. Tras el nuevo plan Progresar anunciado por la Presidenta, no se divisa un futuro mejor para los jóvenes, ya que es un mero paliativo para aliviar la situación actual.

Lo que hace falta es generar oportunidades para que los jóvenes puedan conseguir trabajo, reduciendo los costos laborales, fomentando la inversión y combatiendo la inflación. En lugar de seguir anunciando nuevos planes, se deben evaluar los existentes y armar una base única de beneficiarios reduciendo los 60 programas vigentes a cinco o seis y eliminar el clientelismo en la política social. Hay que ver a las personas excluidas y en condición de pobreza no solo como receptoras de ayuda, sino como individuos con potenciales a desarrollar, capacidades para producir y ambiciones de vivir mejor.

Hay que comenzar a pensar programas que impulsen a este sector de la sociedad a trabajar y ascender, para que tras un plazo de tiempo no necesiten de más asistencia. De este modo, podrán vivir del fruto de su trabajo y sus esfuerzos, logrado a partir de la educación y la capacitación.

El autor es concejal de San Isidro e investigador de la Fundación Libertad y Progreso

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