El modelo de gestión de Cambiemos

Como un coletazo más de la crisis cambiaria que lo llevó a iniciar negociaciones para un crédito stand-by del FMI y a anunciar una profundización de la lucha contra el déficit fiscal, el gobierno de Macri ha introducido algunos cambios en la organización y la coordinación de sus numerosos ministerios, al tiempo que convocó a un acuerdo nacional para reducir el déficit fiscal.

El titular de la cartera de Hacienda, Nicolás Dujovne, ha sido ubicado como coordinador de otros nueve ministerios del área económica, con la intención de liderar el proceso de disminución del desequilibrio de las cuentas públicas. Al mismo tiempo, se ha ampliado la llamada "mesa chica" del Gobierno, formada originalmente por el Presidente, el jefe de Gabinete y los gobernadores de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, con la integración del titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, además de figuras del radicalismo y de la Coalición Cívica.

No debieran ser cambios de forma, sino de fondo, que reflejen cierta vocación del titular del Poder Ejecutivo por escuchar las críticas a los errores de comunicación y de coordinación ministerial, pero que para resultar efectivos deberán estar acompañados de una visión común de los problemas y de la necesaria convicción acerca de cómo resolverlos.

El nuevo papel de Dujovne como ministro coordinador de las distintas áreas económicas responde fundamentalmente a la necesidad de contar con un interlocutor ante el FMI empoderado, capaz de garantizar ante el organismo financiero los acuerdos que se alcancen y los compromisos que adopte el Gobierno. Dujovne ha demostrado capacidad para emprender esa tarea, por lo cual su designación debería estar refrendada mediante un decreto.

El modelo de gestión de Cambiemos ha sido objeto de no pocos cuestionamientos, al punto que, a juicio de distintos analistas, la debilidad económica que exhibe actualmente debe asociarse con cierta debilidad política. Esta última ha sido producto del daño que al gobierno de Macri pudieron hacerle las críticas de sus aliados al nuevo esquema tarifario, y también de la inexistencia de un ministro de Economía, algo que termina exponiendo peligrosamente al jefe del Estado, quien definitivamente no puede ocupar el lugar de los ministros, que son fusibles por naturaleza.

La Argentina carece de una tradición de gobiernos de coalición, y los dirigentes de Cambiemos deberían demostrar que una exitosa alianza electoral puede transformarse en una coalición gubernamental, evitando caer en los mismos errores cometidos en circunstancias no muy lejanas aun cuando fueran distintas, como las del recordado gobierno de Fernando de la Rúa.

El presidente Macri debe abandonar definitivamente la idea de que las convocatorias al diálogo, tanto a sus aliados como a sectores de la oposición con afán de colaborar, son muestras de debilidad política. La búsqueda de consensos políticos y sociales surge hoy como un imperativo para resolver viejos problemas que afectan a nuestro sistema. Entre ellos, un déficit fiscal que se solo se pudo evitar durante cuatro de los últimos 60 años y un prolongado proceso inflacionario que siempre ha castigado con mayor virulencia a los sectores de la sociedad más vulnerables.

Es claro que el diálogo y la búsqueda de consensos debe hacerse sobre la base de objetivos firmes y compartidos, y no a partir de transacciones espurias y nada cristalinas, que no procuren más que repartir espacios de poder y privilegios entre dirigentes.

Los consensos, por definición, implican que todas las partes involucradas cedan algo en pos de un bien mayor. Y a eso deben enfocarse tanto el Gobierno, con su convocatoria a un acuerdo nacional, como los distintos sectores de la oposición, que no pueden desentenderse de la necesidad de cooperar y de garantizar la gobernabilidad.

Sería deseable que, además de avanzar hacia una ley de presupuesto 2019 realista, que haga foco en una drástica reducción del abundante gasto improductivo de la administración nacional, y hacia un nuevo acuerdo fiscal que efectivamente comprometa a los gobiernos provinciales y municipales a disminuir sus erogaciones, oficialismo y oposición pudieran consensuar leyes indispensables como la de extinción de dominio, la de financiamiento transparente de la actividad política y la de reforma laboral.

Así como quienes conducen la actual fuerza gobernante deben comprender que no es factible gobernar mediante el estrecho camino del marketing y la apuesta a la atomización de sus rivales políticos, la oposición debe entender que no es saludable retornar al poder por el fracaso de los otros, sino por demostrar responsabilidad frente al difícil momento que vive el país. Y nadie puede preciarse de ser una opción superadora si no es capaz de mostrar espíritu colaborativo.