El país necesita más institucionalidad

El acceso del presidente Macri al Poder Ejecutivo junto a una propuesta renovadora que se sustentó en el restablecimiento de la república como principal objetivo, bajo la etiqueta de Cambiemos, importó para un inmenso sector de la sociedad el nacimiento de una gran esperanza de cambio. Los primeros pasos del ingeniero Macri acentuaron el optimismo. Su discurso en el Congreso fue brillante. En pocas palabras y de modo contundente habló de unidad, de cultura del consenso, de lucha por la verdad y por ende de terminar con la mentira, de gobierno de la ley, para sólo hacer hincapié en algunas de sus expresiones. En lo que acá nos interesa se manifestó a favor de una Justicia independiente. Expresó que no quería jueces de partido y menos "macristas". En el plano institucional, quiero poner el acento en la inmediata convalidación de la sentencia que puso fin al vergonzoso memo que la Argentina celebró con Irán. Me emocioné con el anuncio del ministro Garavano, hombre que consagró su vida profesional al perfeccionamiento de todo lo referente a la temática atinente a la Justicia y que con liderazgo ha formado valiosos equipos, cualidad poco común en nuestro país.

De regreso de Parque Norte luego de haber escuchado la voz presidencial en la Conferencia Anual de la UIA, tomé conocimiento del decreto de designación de dos ministros de la Corte Suprema "en comisión". Hasta el día de hoy no salgo de un estado de perplejidad y de tristeza.

Desde el punto de vista de la interpretación, la decisión carece de sustento constitucional. Considerar que en pleno siglo XXI el Poder Ejecutivo cuenta con la atribución de designar jueces "en comisión" es desconocer la evolución del constitucionalismo en las últimas décadas, tanto por fuentes internas favorables al acotamiento de las facultades presidenciales en aras de combatir el hiperpresidencialismo como por fuentes externas que, por la vía de tratados internacionales de los que la Argentina es parte, han contribuido a fortalecer la democracia con el objeto de tornarla participativa, acentuando la separación de los poderes, en particular, la independencia de la Justicia.

El decreto presidencial va en el sentido exactamente contrario y crea un precedente nefasto para el futuro de nuestras instituciones. Además destruye el proceso de consulta previsto en el decreto 222/03. Éste fue el resultado de una ardua labor de la sociedad civil, canalizada a través de varias de las organizaciones más prestigiosas del país. Su concreción resultó de un precedente virtuoso, la labor conjunta entre el Ministerio de Justicia, cuyo titular era Gustavo Beliz, secundado por Pablo Lanusse, y los representantes de las ONG.

No dudo en considerar, como lo hice en aquel entonces, que se trató de una de las construcciones más eficaces para acotar el hiperpresidencialismo que tanto daño le ha hecho al país. Hoy este logro se encuentra en vías de extinción. Se me dirá que el decreto de designación prevé su aplicación en oportunidad de la intervención del Senado. Pero de esa manera se destruye el proceso, pues se salta la instancia de consulta previa. ¿Es posible pensar que las instituciones y los ciudadanos podrán expresarse libremente sobre la trayectoria y capacidad de independencia de criterio de jueces en funciones? Y de hacerlo, ¿cuál será el efecto de esas manifestaciones? No sabremos cuáles han sido las trayectorias profesionales de los postulados. Cuando en este caso dicha información adquiere especial importancia, si se tiene en cuenta que tanto Rossatti como Rosencrantz no son magistrados, sino abogados que ejercen activamente su profesión, entonces esta información sería susceptible de poner de manifiesto vínculos que comprometan la futura labor judicial.

Se nos habla de urgencia y no entendemos por qué. En pocos días dará comienzo la feria judicial de enero. Luego cuando no se logre en la Corte la unanimidad de los actuales miembros, que al ser sólo tres conforman la mayoría, se podrán llenar las vacantes con conjueces. Éstos, según la ley respectiva, surgirán del sorteo de quienes se desempeñan como presidentes de las cámaras federales. Acá entramos en un terreno resbaladizo resultante otra vez de la invocación de circunstancias excepcionales que no permiten dar cumplimiento al marco jurídico aplicable.

Qué poca imaginación, se trata del mismo argumento sostenido en tantas oportunidades para alejarse justamente del "gobierno de la ley", del que el Presidente nos habló en su discurso inaugural.

¿Se busca contar con una Corte "confiable" que avale la cantidad de decretos de necesidad y urgencia con que se tiene pensado gobernar en los próximos meses? Si fuese así, estaríamos regresando a la nefasta práctica en que han incurrido tantos presidentes de conformar Cortes de "cortesanos".

Todo gobernante es falible, como el propio Macri ha dicho, y sabe que cometerá errores. Por eso nos ha solicitado a los gobernados que se los señalemos para contribuir en el mejoramiento de su gestión. Considero que se ha equivocado seriamente y ésa es la opinión mayoritaria de juristas, organizaciones y millones de ciudadanos. La capacidad de reconocer los errores es una virtud que caracteriza a los grandes. Deseo que en la difícil situación que atraviesa, el Presidente se olvide de la opinión de los "operadores", que seguramente han sido los responsables de este paso en falso. Sería bueno que tomara como ejemplo la actitud de Franklin Delano Roosevelt, cuando en los años 30 del siglo pasado, y frente a la renuencia de la Corte conservadora a aceptar muchas de las iniciativas del New Deal, presentó un proyecto para ampliar el número de miembros del Alto Tribunal. La propuesta generó un amplio rechazo, parecido al que hoy padecen los recientes decretos, y Roosevelt, lejos de insistir, no dudó en retirarlo del Congreso luego de disculparse por el error cometido. En la actualidad se lo venera como uno de los más grandes hombres de Estado del siglo pasado.

Tuvimos ocho largos años de tozudez presidencial que llevaron a mantener decisiones erróneas cuyos efectos hoy sufrimos los argentinos. El saneamiento del Estado de Derecho sólo se consigue con mayor institucionalidad, no con el fácil recurso de la excepcionalidad en aras de "salvar a la patria". Estoy cansado de los salvadores de la patria, sólo espero de mis gobernantes el más estricto cumplimiento de la Constitución, lo que -no dudo- nos procurará a los argentinos un futuro de prosperidad y de grandeza.

Abogado constitucionalista