El peronismo pone los límites

Adrián Ventura
Adrián Ventura LA NACION
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19 de diciembre de 2001  

El vicepresidente del Senado, el delasotista Juan Carlos Maqueda, presentó un proyecto de ley para limitar la atribución del Poder Ejecutivo de dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU) y decretos delegados, los dos instrumentos de gobierno preferidos por el ex presidente Carlos Menem y por el actual mandatario, Fernando de la Rúa.

La Constitución le permite al Presidente, en casos excepcionales, dictar medidas de carácter legislativo: los DNU son decretos-leyes que dicta y luego comunica al Congreso; en cambio, mediante los decretos delegados, el Presidente ejerce atribuciones legislativas dentro de los límites que previamente le traza el Congreso. En ambos casos, el Congreso y el Poder Judicial pueden controlar la validez de esas normas.

Pero la realidad es bien distinta: en la última década, los citados presidentes dictaron más de mil decretos delegados y de urgencia; el Congreso no ejerció un control fuerte y mucho más laxo fue el que efectuó la Justicia, pues la Corte convalidó la casi totalidad de los muy pocos decretos impugnados que llegaron a su estudio.

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Antes de la reforma de 1994, los presidentes ya recurrían a ese tipo de instrumentos. Ese año, la convención reformadora incorporó tales prácticas en el texto constitucional y dispuso que se sancionasen leyes para regular su utilización. Sin embargo, los partidos políticos nunca se pusieron de acuerdo para fijar el alcance de esos límites.

Cuando Menen era presidente, la UCR proponía una ley que limitase esa atribución. Por aplicación del teorema de Baglini -según el cual la oposición cambia de discurso a medida que se acerca al poder-, la Alianza, cuando llegó al Gobierno, se negó a sufrir cualquier encasillamiento. Ahora que el PJ domina ambas cámaras del Congreso, quiere hacer sentir su peso, disponiendo tanto la prórroga de sesiones ordinarias -un tema que puede derivar en un conflicto de poderes, sin solución en el sistema judicial y que desnuda las dificultades de nuestros políticos para cohabitar-, así como limitando las atribuciones del Presidente.

La iniciativa de Maqueda, similar a la que promovió hace cuatro años cuando era diputado y que se suma a otras parecidas que promueven los justicialistas Jorge Yoma y Cristina de Kirchner, se apega a los lineamientos que trazaron el Pacto de Olivos y la reforma de 1994: entonces, la UCR estaba en la oposición y pretendía poner un freno a la desbordada autoridad de Menem. Fue entonces que se fijaron varias pautas que le permiten al Congreso y a la Justicia ejercer un control estricto de esas medidas. Hoy, el PJ aprovecha esta circunstancia.

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Los puntos centrales del proyecto son:

  • El Presidente, en el texto del DNU, debe expresar por qué la urgencia le impide al Congreso actuar. Esto facilita el ulterior control judicial.
  • El Presidente, cada vez que dicte un DNU, deberá convocar a extraordinarias o darle inmediata intervención al Congreso. Se crea la Comisión Bicameral Permanente.
  • Si el Congreso no se pronuncia expresamente dentro de los plazos que fija el proyecto, se entenderá que rechazó la medida. El Ejecutivo, en cambio, dice que el silencio es aprobación.
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