El Poder Judicial, en el centro de los reclamos ciudadanos
Los giros de la historia suelen ocurrir a partir de singularidades inesperadas. No un gran hombre, sino la vocinglería de un personaje de segunda, ha desnudado una crisis de legalidad mayúscula que atraviesa nuestro sistema institucional. Luego de años de vergonzosa indiferencia por la que toleramos impávidos conductas execrables, la sociedad argentina reclama hoy la aplicación plena del Código Penal y. como nunca antes, hasta la reparación, con la devolución del botín robado. Es, en definitiva, una demanda de legalidad integral y completa en la que está a prueba la vigencia del Estado de Derecho, y que con toda lógica se exacerba a partir del esfuerzo que en el plano económico estamos haciendo todos.
A diferencia de crisis pasadas, la que ahora enfrentamos tiene una característica distintiva: el protagonista central es el Poder Judicial, y en particular los jueces federales penales. Un poder que estuvo sumido en el letargo durante años, con una actitud morosa y complaciente desde la cima hasta la sima, es el que ahora debe convertir hechos flagrantes en derechos plenos. El desafío es de una dimensión enorme. Se trata del único poder que en virtud de la independencia goza de inamovilidad en sus cargos; paradójicamente, lo que debiera haber servido de garantía se convirtió en muchos casos en refugio para las complicidades.
El peligro radica en la desconfianza de la sociedad en los jueces, que tiene bien claro que cuando la Justicia anda bien, aunque todo ande mal puede llegar a andar bien; pero cuando la Justicia anda mal, todo terminará andando mal. Afirmación de Perogrullo que entraña una verdad inobjetable, con consecuencias que se trasladan a todos los planos: coyunturales, como el de las inversiones que con tanta premura necesitamos, y más de fondo, porque una Justicia que anda bien es la única forma de reconstituir el fundamento ético sobre el que debe apoyarse cualquier sociedad que aspire a un largo plazo justo, que nos permita salir de los estados de urgencia recurrentes.
De allí la importancia de cómo conjuremos esta crisis, porque será determinante para nuestro futuro. Está claro que no queda más que enfrentarla y con decisión: las tangentes sólo agravarán lo que ya son heridas abiertas y profundas. Pero lo más importante es que no deja de ser una gran oportunidad, especialmente para reconfigurar desde la potencia de la ética, la constitución y el funcionamiento del Poder Judicial hacia adelante, sin que ello implique, por cierto, pasar por alto ni dejar en el olvido las actitudes y los comportamientos de la última década. Para ello es vital que sea una evolución de los hechos al derecho, y no una salida sísmica de rupturas abruptas, que dan vértigo pero no conducen al final a nada, porque vuelven a someter a la trampa a la que parecemos fatalmente destinados, que nos ha llevado de la ira a la complacencia, una y otra vez. En definitiva, es menester no perder de vista el justo medio y evitar los delirios querellantes.
Nadie puede negar sus responsabilidades. Por empezar, los jueces tiene que aplicar el Código Penal con rigor, que no es sólo estrictez y dureza, sino también apego a su letra. Y deben hacerlo con independencia, lo que significa distancia de los otros poderes y temple para no dejarse llevar por la vorágine de la presión social o el apuro por exculpar su disimulo de los últimos años. Los otros poderes, de su lado, deben crear el ámbito para que aquellos puedan cumplir con su deber y, en lo que corresponda, empezar a abogar por la reconfiguración del Poder Judicial, particularmente en el ámbito del Consejo de la Magistratura. Deberán también explicarse con claridad y prontitud en las cuestiones éticas que les correspondan, por la simple razón de que no se puede pregonar sin el ejemplo. Por último, como sociedad deberemos hacernos cargo de nuestro silencio y complicidad de años, en los que no atinamos a nada aunque sabíamos o sospechábamos lo que pasaba, y propugnar que el auge de lo ético no sea fugaz y de contornos vagos, sino que se convierta en un paisaje permanente y fundamental de nuestro devenir colectivo.
Abogado