El relato rioplatense

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30 de junio de 2015  

MONTEVIDEO.- No tiene el kirchnerismo la exclusividad de "el relato". El uso y abuso de la historia como herramienta de propaganda es una práctica que han practicado todos los regímenes autoritarios o de pretensión refundacional. En el Uruguay, la izquierda radical ha sido un paradigma de la reconstrucción interesada (y falsificada) de los hechos, para esconder su raíz antidemocrática y tratar de legitimar su acción violenta en los años 60 y 70.

El intento no ceja en su objetivo y toda ocasión es buena para reconstruir la historia por decreto. Acaba de constituir el gobierno un Grupo por Verdad y Justicia, al cual se le vuelve a encargar la tarea de esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en la época dictatorial. Responde así al reclamo, profundamente respetable, de los familiares de las personas desaparecidas en Uruguay en el período de facto (oficialmente 31, cinco de ellos argentinos). Esa demanda ha sido acogida, de un modo u otro, por los sucesivos gobiernos, y sus avances no han pasado de encontrar los restos de cuatro personas asesinadas. Pese a todo, persistir en la búsqueda es un deber del Estado, como es un derecho sagrado el de quienes lo piden.

Desafortunadamente, esa buena causa se tergiversa con fines políticos oportunistas, al retrotraer el período objeto de la investigación hasta junio de 1968, cuando existía un régimen democrático, con Poder Ejecutivo y Legislativo elegidos por el pueblo, que llegaron, en noviembre de 1971, también a una elección libre y legítima. Por cierto, era aquél un momento turbulento de nuestra historia. La magia revolucionaria que desde Cuba encendía de sueños a muchos jóvenes no sólo estaba en la guerrilla armada, sino también en el sindicalismo, en el mundo intelectual, en la atmósfera de un tiempo de revuelta. En ese contexto, el gobierno tuvo que adoptar lo que en Uruguay se llama "medidas prontas de seguridad", un estado de emergencia que queda por previsión constitucional en manos del Poder Legislativo. Discutibles o no esas medidas, ocurrieron dentro del Estado de Derecho y así lo reconoció el fundador y líder del Frente Amplio, el general Líber Seregni, que –refiriéndose años después al presidente Pacheco Areco y a ese momento– dijo: "Aprendió rápido, aprendió lo que era el poder y lo usó y hay que reconocer su inteligencia: es cierto, contó con la complacencia del sector político, pero nunca transgredió la Constitución ni la ley".

Estábamos entonces en un período democrático, el gobierno no se apartó de la legalidad y fue, además, acompañado por la ciudadanía, como que las elecciones las ganó su candidato y el propio presidente fue personalmente el más votado. Añadamos la circunstancia nada menor de que, desde 1963, cuando comenzó el movimiento guerrillero, hasta septiembre de 1971 su persecución estuvo a cargo solamente de la policía y no se registran personas desaparecidas.

Se trata entones de construir un "relato" según el cual el movimiento guerrillero no atentó contra la democracia, sino que luchó contra una dictadura, cuando fue exactamente a la inversa. Los tupamaros nunca tiraron un tiro contra ella, por la sencilla causa de que cuando ocurrió el golpe de Estado, en junio de 1973, todos estaban presos o en el exilio. Éste es un hecho del que incluso se ha lamentado el ex presidente Mujica, por no haber participado de ese combate. Él, como sus otros asociados, fue preso y juzgado por las autoridades democráticas y los jueces independientes.

Al mismo tiempo, se sostiene una propaganda contra las fuerzas armadas, institución consustancial al Estado, donde ya no revista nadie que tuviera participación en los excesos de la dictadura. Hace pocos días el actual comandante en jefe del ejército, en la celebración de la fundación de la fuerza, dio cuenta en su discurso de todo lo que hace al servicio de la comunidad una institución que hoy sólo pide que no se la siga "denostando". Ello motivó la reacción de esos grupos radicales, que fue respondida con una airada defensa de la institución militar por parte del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, un viejo tupamaro, en su momento bastante más importante que el propio Mujica en la estructura guerrillera.

Resulta surrealista que el debate más enconado se dé entre un ministro de ese origen que enfrenta a grupos que hoy, por oportunismo político, se montan encima del legítimo derecho de los familiares para mantener vivos enconos del pasado, vivir a la sombra de una tergiversada bandera de derechos humanos, denostar al ejército y –lo que es peor– envenenar el alma de generaciones jóvenes que no vivieron los acontecimientos y a los que hoy se les inocula una historia falsa. Se siembran rencores cuando el país salió de la dictadura en paz, sin nostalgias "carapintadas" ni rebrotes guerrilleros; han gobernado tres partidos distintos y el pueblo, por dos veces, en libres referendos, ha ratificado la ley de amnistía a los militares que –junto al perdón a los guerrilleros– fue pieza clave de esa pacificación. Son simplemente hechos que, infortunadamente, hay que aclarar constantemente.

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