El veto, un arma de doble filo

Felix V. Lonigro Para LA NACION
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29 de diciembre de 2009  

A partir de marzo, cuando se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, se habrá producido la actualización de la voluntad popular expresada en los comicios del pasado 28 de junio. Será el fin de la mayoría oficialista, lo cual ya ha provocado, por parte del oficialismo, el diseño de las estrategias tendientes a neutralizar a la mayoría opositora, así como su nuevo e incómodo estatus minoritario. Entre esas estrategias, está la que oportunamente adelantó Agustín Rossi, quien dijo que la Presidenta vetaría cualquier ley que pudiera sancionar el futuro Parlamento si ésta no satisface sus deseos o expectativas.

Esto nos obliga a recapacitar sobre un instrumento constitucional que, a mi juicio, es contradictorio con el sistema republicano: el veto presidencial de las leyes.

No cabe duda de que los presidentes, en la Argentina, están constitucionalmente facultados para impugnar una ley votada por el Congreso, a través del llamado "veto presidencial". Téngase en cuenta que la Constitución nacional no lo menciona con ese nombre, sino que utiliza los términos "observar", "desechar" y "objetar". Pero, de cualquier modo, cuando un presidente acude a ese instrumento no está actuando inconstitucionalmente.

La ley fundamental no condiciona la utilización del veto a la existencia de circunstancias excepcionales o situaciones de gravedad, sino que deja librada su utilización a la discrecionalidad del primer mandatario. Las normas constitucionales indican que cuando el presidente decide vetar una ley, ésta vuelve al Congreso, que aún puede torcer la voluntad impugnadora, insistiendo en su proyecto con los dos tercios de los votos de cada Cámara. En ese caso, el primer mandatario se ve obligado a aprobarla, aunque sea tácitamente, es decir, dejando pasar diez días hábiles sin hacerlo en forma expresa. Por el contrario, si el Congreso no alcanzara ese quórum para insistir en la ley vetada, entonces el "rechazo presidencial" habría triunfado y la ley observada no podría ser debatida hasta las sesiones ordinarias del año siguiente.

Considero desafortunada la facultad constitucional de vetar una ley por parte de los presidentes, motivo por el cual soy de los que piensan que no debería estar contemplada en la ley superior, porque ello constituye un avance del órgano ejecutivo sobre el legislativo. En efecto: la Constitución ha creado un sistema republicano de gobierno, creando tres órganos a los cuales les asignó diferentes atribuciones, y en la independencia de esos órganos se sustenta la República. Cada uno debe ejercerlas sin interferencia de los otros. La facultad de "desechar" una ley por parte del presidente implica una intromisión, constitucionalmente aceptada, de un órgano respecto de otro; máxime cuando se le pide al Congreso un quórum tan gravoso (dos tercios de cada Cámara) para poder insistir en la ley que luego el presidente rechaza.

Si se tiene en cuenta que, en general, las leyes son aprobadas con la mayoría absoluta de los miembros presentes (siempre que estén presentes la mayoría absoluta de los miembros totales), la posibilidad de que el Congreso pueda doblegar un veto presidencial es casi nula.

Puesto que está previsto este instituto en el texto constitucional, los presidentes deberían utilizarlo con mucha cautela y restricción, porque de lo contrario, puesto en práctica en forma sistemática contra cualquier decisión legislativa, tal como lo planteó el diputado Rossi, se convierte en un arma letal para la República. Es un misil contra los actos emanados del órgano que más exactamente representa la voluntad popular.

Cuando, en 1853 se consagró constitucionalmente el poder presidencial de vetar leyes, uno de los principales redactores de la ley fundamental, Juan María Gutiérrez, lo justificó diciendo que cuando se produce un conflicto entre dos órganos, como el Ejecutivo y el Legislativo, ambos "deben presentarse como fuertes", pero también utilizó la expresión "responsables".

Con la expresión "fuertes" fundó la necesidad de dotar al presidente del poder de veto, y la de que el Congreso, frente a esa facultad, tuviera la fortaleza suficiente para contrarrestarla (dos tercios de los votos de cada Cámara). Con la expresión "responsable", puso un adjetivo calificativo a esa facultad presidencial, para que, precisamente, el rechazo de las leyes respondiera a circunstancias muy específicas y meditadas, y no a una política permanente de obstruir la labor parlamentaria.

Lo conveniente, entonces, es que los instrumentos constitucionales que implican un avance de un órgano de gobierno respecto de otro, y que preferiblemente no deberían existir, al menos sean ejercidos, respondiendo a la intención que los constituyentes tuvieron en el momento de consagrarlos: ser puestos en práctica con máxima prudencia y responsabilidad republicana, del mismo modo que debería ocurrir con los decretos de necesidad y urgencia y con la delegación legislativa. © LA NACION

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