Nuevo rumbo tras cincuenta años de derechos humanos. En busca de un tribunal

MADRID.- EN la noche del 16 de octubre, a punto de cumplir 83 años y convaleciente de una operación quirúrgica en las vértebras lumbares, Augusto Pinochet Ugarte, que para muchos chilenos es un semidiós, fue detenido en una lujosa clínica de Londres por agentes de Scotland Yard.

Un juez español lo reclamaba y un juez británico lo detenía. Y cuando Thomas Bingham, Lord Chief Justice de Inglaterra y Gales, pareció sacarlo de un mal sueño alegando que gozaba de total inmunidad como antiguo jefe de Estado y que, por lo tanto, no podía ser extraditado a España, el aristocrático comité judicial de la Cámara de los Lores, cuyo origen se pierde en el medievo, decidió que no era así. Cometer genocidio e imponer el terrorismo de Estado no son funciones de un jefe de Estado, le recordaron.

Con su fallo, los cinco lores contribuyeron a una revolución silenciosa que viene produciéndose en el pensamiento jurídico del mundo entero. Su sentencia es, desde el 25 de noviembre pasado, una pieza jurídica esencial de la legislación internacional.

No abrieron juicio sobre los crímenes atribuidos a Pinochet: 2095 ejecuciones extrajudiciales (asesinatos), 1102 personas desaparecidas.

Sólo debían decidir si poseía inmunidad como ex jefe de Estado y si lo amparaba la amnistía que los militares se dieron a sí mismos antes de abandonar el poder. Decidieron que esas leyes no tienen valor alguno ante la ley británica y el derecho internacional.

Los lores coincidieron con el juez español que comenzó el proceso contra Pinochet en julio de 1996, Manuel García Castellón; con el abogado que lo inspiró, el valenciano Joan Garcés; con el juez Garzón, en cuyas manos está hoy el caso; con los once jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española, y con fiscales y jueces de Francia, Austria, Alemania, Bélgica, Suiza, Suecia e Italia que hoy compiten en reclamar la extradición del dictador chileno. Sugestiva coincidencia.

Una amnistía dictada en Chile, sostuvieron los lores, no puede garantizar inmunidad fuera de las fronteras porque, si así fuese, el derecho internacional carecería de sentido. Si hubiera inmunidad para los genocidas, habría sido imposible crear los tribunales para juzgar los crímenes de guerra cometidos en Yugoslavia y Ruanda. Y serían inútiles los futuros esfuerzos del Tribunal Penal Internacional creado en Roma en julio pasado. Los lores no hicieron sino ratificar los principios de los juicios de Nuremberg, transformados en legislación universal.

Los juicios de Nuremberg

En agosto de 1945, los aliados crearon en la ciudad de Nuremberg un Tribunal Militar Internacional que funcionó hasta octubre de 1946.

Nuremberg fue elegida por ser una ciudad emblemática del nazismo: el Partido Nazi tenía allí su reunión anual, y en ella se promulgaron dos leyes racistas (1935): una privaba de la ciudadanía alemana a quienes no poseían "sangre alemana"; la segunda estableció la ilegalidad de los matrimonios y las relaciones íntimas entre alemanes y judíos.

El tribunal fue obra, fundamentalmente, de los norteamericanos, impulsado por Robert H. Jackson, juez de la Corte Suprema y luego fiscal general de los Estados Unidos. Pero la idea nació en el Departamento de Guerra, y eso determinó la inclusión, entre los acusados, de los jefes de las fuerzas armadas alemanas. Este fue el aspecto más complejo del proceso.

"No hay nada malo en ser un soldado, pero un hombre que comete crímenes no puede alegar en su defensa que los cometió porque llevaba un uniforme", dijo uno de los fiscales principales, Telford Taylor, que denunció "las cámaras de gas, las montañas de cadáveres, las lámparas hechas con piel humana, las calaveras reducidas, los experimentos escalofriantes y las cajas fuertes de los bancos llenas de dientes de oro". Los juicios pretendieron que quedara claro que el genocidio, las matanzas, la esclavización de las poblaciones, la tortura sistemática y otras atrocidades no podían ser aceptadas como una mera consecuencia de la guerra.

Nuremberg marcó el comienzo de una época. En 1948, se crearon las Naciones Unidas y se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Guerra Fría

Si las Naciones Unidas nacieron y se firmó la Carta de los Derechos Humanos fue porque la humanidad vislumbraba un nuevo amanecer tras la Segunda Guerra Mundial, la primera guerra de la humanidad a escala planetaria.

Sin duda, en estos cincuenta años en los que se ha pasado de la Pax Britannica a la Pax Americana, el respeto de los derechos humanos ha ganado terreno. Pero The Economist, de Londres, se preguntaba si hay algo que celebrar cincuenta años después cuando a diario se conocen más cosas sobre la brutalidad del hombre y de los Estados: "Matanzas en Kosovo. Carnicería en Argelia. Torturas en Turquía. Violencia crónica en Colombia. Encarcelamiento de disidentes en China, Myanmar y otra docena de países".

"Para la mayoría de las personas del mundo, los derechos consagrados en la declaración universal son poco más que papel mojado -manifestó Pierre Sané, secretario general de Amnistía Internacional-. Una promesa que no se ha cumplido para los 1300 millones de personas que luchan por sobrevivir con menos de un dólar al día; para las 35.000 personas que mueren de desnutrición y enfermedades que se pueden prevenir todos los días; para los mil millones de adultos, en su mayoría mujeres, que no saben ni leer ni escribir; para los presos de conciencia encarcelados en la mitad de los países del mundo, y para las víctimas de la tortura en una tercera parte de los países del mundo".

Los derechos humanos han sido víctimas de la Guerra Fría, durante la cual la lógica de las grandes potencias giró alrededor de sus esferas de poder y "la bomba". Los arsenales atómicos de Rusia y Estados Unidos podían destruir cinco mil veces el planeta.

Como consecuencia, en la década de los setenta, obsesionado por la presencia de una Cuba sovietizada, Washington contribuyó a instalar en el poder a Pinochet, a Videla, a Banzer, a los espadones uruguayos. A que un millón de personas salieran al exilio desde Chile, la Argentina, Uruguay, Perú y Bolivia entre 1973 y 1983. Cientos de miles fueron detenidos, maltratados, torturados. Decenas de miles fueron asesinados, desaparecidos.

"Un proceso como éste hubiera sido impensable durante los años de la Guerra Fría", declaró Garcés en Madrid. "Aquí se están aplicando normas penales internacionales que nacieron a partir de 1945 para no dejar impunes los crímenes horrorosos cometidos por el nazifascismo.

"Bien sabido es que la división en bloques en el mundo permitió, cuando no auspició, genocidios aquí, genocidios allá. Terminada la Guerra Fría se ha abierto para la humanidad una posibilidad que estaba congelada desde 1946 o 1947", sostiene.

Esa posibilidad se concretaría en un tribunal penal internacional que, después de tres años de conciliábulos, cristalizó en Roma, en junio pasado.

Pero nadie esperaba que un juez desconocido, de una potencia económica mediana como España, se adelantara con una investigación sobre los crímenes de los generales argentinos y del régimen pinochetista.

Al principio, nadie le hizo caso. Treinta meses más tarde, sus investigaciones han caldeado de tal forma los círculos políticos, los ambientes jurídicos y la opinión pública que Garzón se ha convertido en el español más conocido del mundo. Otros jueces, en otros países, han seguido su ejemplo.

Naturalmente, esto ha producido temor también. ¿No podrían ser reclamados George Bush por la guerra del Golfo, o Ronald Reagan por el bombardeo de Trípoli, o Henry Kissinger, o Bill Clinton, o Margaret Thatcher, o Mikhail Gorbachov, o Saddam?

Es posible, y por eso Estados Unidos, Francia, China y otros países poderosos se abstuvieron a la hora de crear el tribunal penal internacional. Su actitud en Roma, escribió The Economist, fue decepcionante.

En Roma se debatieron tres aspectos fundamentales del futuro Tribunal Penal Internacional (TPI): su jurisdicción, su relación con el Consejo de Seguridad de la ONU y la independencia de sus fiscales.

El tema más conflictivo fue el segundo. Estados Unidos, Francia y China estuvieron a favor de supeditar las labores del TPI al Consejo de Seguridad. Otros países, y organizaciones como Amnistía Internacional, defendieron un TPI soberano para evitar injerencias políticas y la influencia de intereses nacionales.

Los primeros defendieron que los procesos del TPI sólo puedan basarse en información facilitada por los Estados, el Consejo de Seguridad o el secretario general de la ONU, mientras que los otros apoyaron que la fiscalía pudiera abrir investigaciones basadas en informaciones de víctimas, familiares y otras fuentes fiables. El papel del futuro fiscal también dividió a unos y otros.

"No es realista proponer el derecho de realizar investigaciones y lanzar procesos contra quien sea y donde sea, en cualquier parte del mundo", dijo el norteamericano Bill Richardson. "No queremos que un tribunal internacional o su fiscal se convierta en el defensor al que todos puedan dirigirse o que tenga la responsabilidad de dar respuestas a cualquiera que se lamente".

Esta postura indignó a Richard Dicker, portavoz del grupo Human Rights Watch. "Es una vergüenza que Washington siga dejando abiertas las puertas para que cualquier tirano pueda bloquear su procesamiento", declaró.

El ministro de Exteriores chino, Wang Guangya, defendió a ultranza su soberanía nacional, temerosa, entre otras cosas, de "toda injerencia exterior en la situación del Tíbet" y en el campo de los disidentes.

Pretendió que el consentimiento del Estado afectado fuera indispensable para abrir un proceso del TPI, lo que daría derecho de veto a todos los gobiernos, incluso aquellos encabezados por criminales de guerra, como advirtió Dicker.

"Hay países -declaró Nelson Mandela- que pretenden controlar los organismos internacionales, y para un tribunal penal internacional esa pretensión sería la muerte. El tribunal debe ser totalmente independiente de cualquier país para poder desempeñar sus obligaciones. "Hay algunos Estados que son irreductibles y hay que contar con ello para no esperar imposibles", declaró, por su parte, Emma Bonino, comisaria europea de pesca, derechos de los consumidores y ayudas humanitarias. El tribunal, que tendrá su sede en La Haya, no podrá juzgar retroactivamente, compromiso básico que, una vez alcanzado, según Bonino, "permitió empezar a hablar seriamente del tema".

El TPI no podrá comenzar a funcionar, en el mejor de los casos, hasta dentro de cuatro o cinco años. Ahora deberá ser aprobado por más de cien parlamentos nacionales.

Qué es el TPI

EL TPI nació después de 32 días de sesiones, en medio de la euforia de los delegados de 120 países (sobre 161) que lo votaron, aunque totalmente descafeinado debido a la decisión de Estados Unidos de permanecer al margen.

Según sus estatutos, el TPI tiene por objetivo "citar ante la Justicia a las personas que hayan cometido los crímenes más graves con alcance internacional".

Integrado por 18 jueces, "es complementario de las jurisdicciones penales nacionales". juzgará cuatro tipos de crímenes: de genocidio, contra la Humanidad, de guerra y de agresión.

El Consejo de Seguridad de la ONU declarará si ha habido o no un crimen de agresión. Se tratará de genocidio "cuando exista intención de eliminar, totalmente o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso".

Cuando se produzca "un ataque de grandes dimensiones o sistemático dirigido, con conocimiento de causa, contra la población civil", se tratará de un crimen contra la humanidad.

Además, serán considerados crímenes contra la humanidad la esclavitud, la tortura, la violación, el embarazo forzado y la esterilización forzada.

Los Estados signatarios del TPI podrán, en el plazo de siete años, no aceptar la jurisdicción del TPI respecto de crímenes de guerra cuando el crimen haya sido cometido por uno de sus ciudadanos o en su territorio.

El fiscal del TPI podrá abrir una investigación por propia iniciativa partiendo de informaciones en relación con los cuatro tipos de crímenes descritos.

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