En Tucumán nadie renuncia

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30 de noviembre de 2002  

Las numerosas acusaciones y los pedidos para destituir al gobernador de Tucumán, Julio Miranda, formulados por organizaciones no gubernamentales y por un juez de instrucción provincial, no fueron suficientes. La comisión de juicio político de la Legislatura local rechazó con inusual rapidez todas las presentaciones, archivó los casos y sobreseyó al gobernador.

Tal como informó LA NACION, uno de los planteos había sido formulado por el juez Víctor Peláez, a cargo de la investigación sobre el presunto pago de coimas desde el Poder Ejecutivo provincial a los legisladores que, en febrero último, sancionaron la ley que declara la necesidad de la reforma de la Constitución de la provincia.

La otra presentación había sido realizada por cinco entidades no gubernamentales que consideran a Miranda responsable de la crisis sanitaria de Tucumán, que causó en muy poco tiempo la muerte de 13 niños por los efectos de la desnutrición.

Debe lamentarse que la decisión de la comisión de juicio político impida una más profunda investigación, dado el fuerte clima de sospecha que rodea a la provincia, tanto por la posibilidad de que se hayan comprado voluntades en el Poder Legislativo local como por las informaciones que dan cuenta de un desmanejo de los recursos destinados a programas sociales.

El gesto que se espera de un gobernador que es acusado de semejantes cosas es que renuncie y se ponga a disposición de la Justicia. No parece razonable que los mismos legisladores que han sido acusados de recibir favores del Poder Ejecutivo estén en condiciones de investigar a su titular.

Lamentablemente, esa clase de gestos escasea en la política argentina, y la dirigencia tucumana no es la excepción. Basta con recordar que hasta el año último, pese a vivir en una provincia con severos problemas sociales y de pobreza, los legisladores tucumanos percibían fondos reservados por el equivalente a 12.000 dólares mensuales, en tanto que algunos funcionarios recibían la friolera de 18.000 pesos. Es probable, como algunos hombres de la política intentan aclarar, que esos montos no significasen por entonces un porcentaje demasiado relevante dentro de la torta presupuestaria. Pero si se multiplica la cifra recibida anualmente por funcionarios y legisladores por la cantidad de años en que estuvo vigente, seguramente llegaríamos a un monto en dólares que, de haberse ahorrado o aplicado a otros fines mucho más legítimos, hoy nos habría evitado lamentar varias muertes de niños.

Por eso, es imprescindible que la clase política tucumana realice una severa autocrítica y que quienes tienen la responsabilidad de gobernar se pongan a la altura de las exigencias de la ciudadanía y den el debido paso al costado en pos de una transparencia que, por ahora, parece muy distante.

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