Equidad en el gasto educativo

LOS pobres pagan en la Argentina más impuestos que los ricos. Mientras el 20 por ciento más pobre de la población tributa efectivamente el 52 por ciento de sus ingresos, el 10 por ciento más rico tributa menos del 40 por ciento. Los pobres son los que hacen los mayores esfuerzos para financiar el gasto público, del cual el rubro educación es un componente importante. Es decir que el financiamiento no es equitativo. Veamos ahora si el gasto educacional lo es.

El 60 por ciento de los jóvenes argentinos no concluye la escuela secundaria; cada año son excluidos de ese nivel educativo alrededor de 450.000 jóvenes, en su mayoría los más pobres. De esta manera se hace imposible la obtención de buenos empleos para los pobres, en un sistema productivo que se ha modernizado aceleradamente para afrontar el desafío de la globalización. En la provincia de Buenos Aires, nueve de cada diez personas en situación de pobreza no terminaron la escuela secundaria, y más del 90 por ciento de la población carcelaria tampoco lo hizo.

Recursos para el secundario

Así como la generación del 80 enfrentó el desafío de la globalización de fines del siglo XIX con la ley 1420 que universalizó la enseñanza primaria, ahora es esencial universalizar la secundaria. Pero para esto es indispensable disponer de más recursos, ya que incorporar al sistema educativo a los actuales excluidos es costoso (en muchos casos habrá que otorgar becas a los jóvenes pobres que abandonan la escuela porque tienen que trabajar para reforzar magros ingresos familiares).

En el nivel nacional, el principal gasto educativo es la Universidad pública. Mientras el 40 por ciento más rico de la población aporta 540.000 alumnos a la Universidad pública, del 40 por ciento más pobre asisten a ella apenas 180.000 estudiantes: por cada alumno pobre gozan gratuitamente de toda una carrera universitaria tres alumnos ricos. La gran desigualdad en el acceso a la educación superior también se refleja en el hecho de que el 75 por ciento de los jóvenes entre dieciocho y veintiún años del 10 por ciento más rico de la población está cursando la Universidad, mientras que en el estrato del 10 por ciento más pobre apenas ingresa en la Universidad el 5 por ciento de los jóvenes y prácticamente no se gradúa ninguno.

La cuestión de los recursos educativos es de responsabilidad social. No es equitativo que los pudientes de buenos ingresos no aporten al sostenimiento de la Universidad pública. Si aportaran, liberarían recursos para incorporar en el nivel secundario a los centenares de miles de jóvenes pobres que actualmente están excluidos. Si queremos recuperar la movilidad social ascendente que conocieron nuestros mayores, rescatemos la equidad, que no es un principio arcaico en el mundo globalizado.