Erradicar la tortura

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23 de octubre de 2000  

A todo lo largo de la historia y hasta la época actual, el ser humano se caracterizó por su frecuente tendencia a elucubrar y poner en práctica un sinnúmero de atrocidades, tal como si estuviese empeñado en desmentir su privilegiada posición de primacía en la escala de los seres vivientes.

Una de esas aberraciones fue y es, sin duda, la tortura. Insidioso y vil acto de sevicia que desde tiempos remotos y por los más diversos motivos ha sido utilizado como recurso para doblegar voluntades, imponer torvos propósitos, vulnerar derechos establecidos y consolidar torcidas dominaciones.

Ninguna razón, por legítimos que sean sus fundamentos, puede justificar la tortura. Tan denigrante práctica, desgraciadamente aún muy generalizada, provoca rechazo y repugnancia. Es, a todas luces, el innoble recurso al cual apelan seres pervertidos en mente y espíritu, casi siempre al abrigo de la impunidad que les garantizan la interesada complicidad de las autoridades, la parcialidad de los organismos judiciales, la tolerancia legislativa y la indiferencia de la sociedad.

Denuncias recientes informan que 120 compañías, pertenecientes a 22 países, lucran con la fabricación de instrumentos y equipos apropiados para producir descargas eléctricas, diseñados ex profeso para atormentar a seres humanos. Colaborar con los esfuerzos que se llevan adelante en todo el mundo para conseguir la prevención y la abolición de la tortura es, entonces, un acto de estricta humanidad.

Desde hace cuatro décadas, Amnesty International y muchas otras organizaciones están empeñadas en esa solidaria y legítima porfía. Ahora, acaban de presentar, en Buenos Aires y en otras tantas ciudades de Japón, Líbano, Kenya y Francia, la tercera campaña mundial contra la tortura, que será realizada con el lema "ignorar es ser cómplice" y en cuyo curso serán estructurados procedimientos idóneos para exigirles a los Estados -en especial a los poderes judiciales- el juicio y la condena de los torturadores.

No está de más recordar que la nación argentina fue precursora en la misión por erradicar el empleo de la tortura como recurso procesal. Ya la Asamblea General Constituyente del Año XIII, en ejercicio de la representación y la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata, dictó una ley ordenando "la prohibición del detestable uso de los tormentos, adoptados por una tirana legislación para el esclarecimiento de la verdad e investigación de los crímenes". El cuerpo dispuso que los crueles instrumentos destinados a ese efecto fueran inutilizados en la plaza mayor de Buenos Aires por mano del verdugo. El documento llevó la firma de Juan Larrea, presidente, e Hipólito Vieytes, secretario, y se publicó en El Redactor de la Asamblea el 29 de mayo de 1813.

La humanidad está pisando el umbral del siglo XXI. La consigna de la centuria que asoma en el horizonte debería consistir en la recuperación de los valores éticos y morales que han ido zozobrando en el turbulento océano de ciertas egoístas conveniencias. En ese sentido, un primer y valioso paso adelante bien podría ser el de darle decidido y sincero apoyo a esa valiente campaña esclarecedora. Así quedará desvirtuado el falaz argumento de la ignorancia que utilizan, a título de justificativo, quienes arguyen no estar enterados de que muchísimos seres humanos todavía están sometidos al intolerable e ignominioso imperio de la tortura.

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