Errónea decisión judicial

Semanas atrás, la Sala L de la Cámara Civil, integrada por Gabriela Iturbide, Marcela Pérez Pardo y Víctor Liberman, falló a favor del Instituto Patria al permitirle al llamado "comando político de Cristina Kirchner" mantener en reserva los datos de sus asociados. La decisión tuvo lugar a partir de la apelación del instituto a la decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ) que exigía entregar al organismo la lista de sus asociados para conocer a los responsables de los aportes que recibe.

El búnker K alegó que no contaban con el consentimiento de los socios para divulgar sus datos personales sensibles, máxime teniendo en cuenta el pensamiento político al que adhieren, y en consecuencia estaba impedido legalmente para remitir a la IGJ fotocopias donde constasen esos datos, so pena de incurrir en las sanciones previstas en la ley de protección de los datos personales.

Por su parte, los camaristas entendieron que el Registro de Asociados del Instituto Patria responde a "datos sensibles", y mencionaron "el potencial discriminatorio que entrañaría la divulgación de esos datos".

Cabe mencionar que los datos solicitados por la IGJ son los que figuran en el libro Registro de Asociados: categoría del socio, fecha de ingreso, nombre y apellido, DNI, domicilio, nacionalidad, estado civil, edad. Se trata de datos que las asociaciones civiles deben entregar para la fiscalización de los aportes recibidos de los socios y así determinar su licitud. La IGJ presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que revoque el fallo y también solicitó que el Consejo de la Magistratura sancione a los camaristas, al tiempo que señaló que Pérez Pardo integra la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.

De quedar firme el fallo se produciría una enorme vulnerabilidad en el sistema de prevención contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ya que se estaría privando de la facultad de fiscalización a un organismo estatal que debe velar por la licitud de los fondos que ingresan a las personas jurídicas que controla.

Tanto el Instituto Patria como el resto de las asociaciones deben cumplir con todas las disposiciones legales que los rigen para evitar que sean utilizados como pantallas para legitimar activos provenientes de ilícitos.