Es hora de tomar un nuevo camino

Por Jorge Remes Lenicov Para LA NACION
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9 de diciembre de 2001  

El Gobierno anunció, recientemente, el resultado provisional del canje local de deuda pública por unos US$ 50.000 millones, con una tasa de interés del orden del 7% y 3 años de gracia. Simultáneamente, promulgó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) imponiendo drásticas medidas financieras y cambiarias para frenar una acelerada fuga de depósitos y reservas.

El éxito del canje es aparente si se repara que la tasa pactada -posible ahorro de US$ 2400 millones en el 2002- exige un esfuerzo fiscal enorme, en un contexto de larga depresión, y que las tasas internacionales son mucho más bajas (menos del 3 por ciento).

Los acreedores esperaban tasas menores e incluso quitas en el capital. El Gobierno debió incluir la reestructuración de la deuda en la agenda de la concertación que anuncia, para negociar mejor y acordar, además, un programa que defina cómo se crece, se exporta y se recaudan impuestos para generar los recursos para pagarla. Además, debió respetar la participación que, constitucionalmente, corresponde al Congreso en el arreglo de la deuda pública.

Control y bancarización

El decreto 1570/01 procura bancarizar la economía para evitar la fuga de depósitos y de reservas, y registrar los pagos para limitar la evasión. La bancarización es una tendencia mundial positiva que demanda años para una correcta instrumentación. No debió improvisarse por decreto como sustituto de un feriado cambiario. Esta decisión abrupta, mal concebida y ejecutada, tendrá efectos nocivos para la economía informal (30/40% del total) perjudicando a las pequeñas y medianas empresas -en estado de necesidad aun antes de ahora- y a su personal no registrado, el que no será blanqueado. Quizá no se paguen, incluso, los haberes devengados, afectando varias garantías constitucionales: el derecho a trabajar y ejercer industrias lícitas, el derecho de propiedad (por los salarios devengados que quedan impagos) y el derecho alimentario, que es la base de la tutela constitucional en materia laboral.

También producirá efectos negativos en el comercio minorista, que carece -por lo general- de medios para sustituir los pagos en efectivo por instrumentos bancarios (tarjetas de débito o cheques), ampliando el paro en grandes sectores populares. Se acentuará la depresión y el desempleo por falta de liquidez y deterioro de las expectativas, se ahuyentarán los nuevos depósitos y no podrá detenerse el drenaje bancario y de reservas.

Al dolarizarse las operaciones activas se dolariza, de hecho, todo el sistema financiero, profundizándose el proceso iniciado años atrás. Esto no resuelve ningún problema; más aún: agrava los problemas de competitividad, empleo y distribución de ingresos. Es una mala opción estratégica. Se pierde la posibilidad de tener política cambiaria, política monetaria y señoreaje; se hace más rígida la convertibilidad y se requiere más deflación para cambiar los precios relativos. Además, en tanto se sustituyen sólo nominalmente depósitos en pesos por dólares (no habiendo dólares billete suficientes para este canje), se vulnera el "uno a uno".

El decreto 1570/01 restringe la salida de dólares al exterior, salvo las transferencias bancarias que autorice al BCRA. La medida resulta muy tardía; durante todo el año se fugaron ante la pasividad del Gobierno más de US$ 15.000 millones. Los grandes ahorristas y operadores pudieron proteger sus patrimonios. Sólo se ha impedido -en el límite- una aceleración de la pérdida de reservas; no se podrá evitar un más pausado drenaje. El sistema financiero continúa en peligro, mientras los bancos extranjeros evitan traer fondos de sus matrices pese a que, en su momento, se justificó la extranjerización de la banca como garantía real del sistema. La improvisación de las medidas obligó a una posterior rectificación que, entre otros aspectos, impuso la obligación de liquidar en el país las divisas obtenidas por exportaciones.

Necesidad y "urgencia"

La única motivación real de urgencia y necesidad para justificar el decreto 1570 es la merma de divisas, motivo que se invoca morosamente. Ni la bancarización acelerada ni la dolarización encuentran, en cambio, igual justificación. Es ostensible el mecanismo elusivo utilizado para evitar el debate legislativo o concertar con la oposición y las fuerzas económicas y sociales un programa que atienda a la emergencia con un claro objetivo de crecimiento sustentable y mayor equidad distributiva.

Todo DNU tiene que ser puesto en conocimiento del Congreso para que éste lo confirme, derogue o modifique. Su remisión al Congreso, una vez concluido el período ordinario de sesiones y sin convocar a extraordinarias para tratarlo, muestra la intención del Poder Ejecutivo de bloquear su eventual revisión.

La concertación

Mientras algunos sectores -de buena fe- impulsan una concertación para darle rumbo al país, harto de parálisis productiva, especulación y desempleo, otros aceleran la crisis pareciendo perseguir una economía más concentrada y por ende más pobre. En este contexto, agravado por la pérdida de depósitos y de reservas, la caída de la recaudación y la imposibilidad de cumplimiento de las metas fiscales, el Gobierno toma medidas que, en algunos casos, agravan la situación y contradicen su declamado interés en la búsqueda de consensos.

La debilidad del Gobierno y la intensidad de las presiones especulativas y del gran poder económico tornan imperioso concertar un programa para superar la emergencia. Un programa que permita reunir fuerzas detrás de objetivos, metas e instrumentos ampliamente aceptados y arraigados en la sociedad. La búsqueda de un verdadero consenso, que fortalezca a la Nación, debe poner énfasis en algunas ideas básicas:

1. Sin una estrategia de desarrollo y distribución es imposible superar la emergencia y generar un crecimiento sustentable en el tiempo.

2. Sin modificar las relaciones entre el Estado, la sociedad y el mercado no es posible imaginar una sociedad más justa, integrada y armónica.

3. Sin una modificación profunda de las prácticas políticas es impensable que quienes acceden a la conducción del Estado puedan modificar esos vínculos entre Estado, sociedad y mercado.

Acuerdos básicos entre quienes repudian la decadencia cultural, la pauperización y el privilegio son imprescindibles e impostergables para iniciar un nuevo camino. El que venimos transitando sólo conduce a la pobreza y la desesperación.

El autor es economista y diputado nacional (PJ). Este artículo fue escrito el jueves último.

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