Escuela virtual para los jueces

Adrián Ventura
Adrián Ventura LA NACION
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12 de diciembre de 2001  

Hoy se pondrá en marcha la Escuela Judicial Virtual, un circuito cerrado de televisión que interconectará la mayoría de los poderes judiciales provinciales y sus respectivas escuelas de capacitación de todo el país.

La iniciativa no fue impulsada por la Corte Suprema ni por el Consejo de la Magistratura nacional, que sólo el mes último puso en funcionamiento la Escuela nacional y que aún no adhirió al nuevo sistema de clases e información virtuales, sino por Melchor Cruchaga, secretario de Justicia de la Nación, y por su asesor, Juan Antonio Travieso.

Hace varios meses, los superiores tribunales provinciales firmaron un convenio -al que tampoco adhirió la justicia nacional- por el que autorizaron a los respectivos juzgados a cursar notificaciones por medio del correo electrónico, una innovación simple, pero que puede generar grandes ahorros en el presupuesto judicial cuando avance su uso.

Ahora, la escuela virtual, montada sobre un sistema del Consejo Federal de Inversiones (CFI), será una forma de potenciar esos recursos sin mayores costos.

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Hoy también se celebrará la última reunión plenaria del Consejo de la Magistratura, cuerpo en el que se incorporarán los senadores justicialistas Miguel Pichetto (Río Negro) -hasta ahora actuaba en el Consejo en calidad de diputado- y Jorge Yoma (La Rioja) y su colega Ricardo Gómez Diez (Salta), que reemplazará al ex senador José Antonio Romero Feris (Corrientes) como representante de los partidos provinciales independientes.

Es posible que los consejeros voten la suspensión de la jueza laboral Mirta Torres Nieto, acusada de haber falsificado estadísticas de expedientes, alegando, por ejemplo, que en su juzgado sólo tramitaban 14 causas cuando había más de trescientos sumarios a sentencia.

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Pero, más allá de la capacitación de jueces y de los pocos cuestionamientos que el Consejo formuló a lo largo del año, en el seno de la Corte Suprema de Justicia cayó muy mal una resolución de la Magistratura que pretendió darles estabilidad a veinte empleados de planta transitoria.

En abril último, varios consejeros firmaron una resolución interna para que, una vez que ellos se alejasen de sus cargos, una veintena de sus asesores pudiesen permanecer en forma estable en el órgano estatal.

La idea era destinarlos a formar parte de un llamado Cuerpo de Letrados, un ente que bien puede resultar necesario para el desarrollo del Consejo, pero que nació teñido por la experiencia del Senado, donde se acumularon sucesivas capas geológicas de empleados.

El asunto, por cierto, no fue bien visto en la Corte Suprema, que, en un fallo firmado por sus nueve integrantes, suspendió la controvertida medida.

"La estabilidad dispuesta por una veintena de funcionarios que ostentan cargos equiparados a un juez de primera instancia o a un secretario de cámara no se adecua a la situación económica y financiera deficitaria del país enfatizada por esta Corte en la acordada que fijó el presupuesto del Poder Judicial para el año próximo", dijo el alto tribunal.

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