Favorecer la transparencia

Fuente: LA NACION
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4 de enero de 2019  

Es un axioma de la ciencia política que el gobierno bien entendido implica el buen funcionamiento de los poderes constituidos -además de la administración que lleva el Ejecutivo- con el reaseguro de la implementación de políticas públicas que incrementen la calidad institucional y la inclusión social.

A su vez, siendo uno de los pilares del sistema democrático el control del diseño y ejecución de esas políticas, los acuerdos respecto de las iniciativas que se debaten y aprueban en el órgano legislativo cuentan con espacios de participación complementarios a través de las instituciones reconocidas y el consenso o desacuerdo de la ciudadanía con la rendición de cuentas ( accountabilty) vertical y por medio del contralor horizontal interpoderes que la Constitución pone a cargo del Poder Judicial , asignándole la responsabilidad de determinar el ajuste de las normas sancionadas a los mandatos constitucionales.

Por estas razones es de una evidencia prístina que todo aquello que aporte transparencia gubernamental resulta esencial al mejoramiento del régimen democrático y genera un vínculo de confianza del gobierno con los ciudadanos, las asociaciones intermedias y los partidos políticos, al mismo tiempo que sustenta la seguridad jurídica necesaria para alentar las inversiones de largo plazo con resultados consecuentes y predecibles.

Es innegable que el actual gobierno, a pesar de los avatares derivados de las múltiples distorsiones que dejó la administración anterior, ha podido producir importantes avances normativos respecto del paradigma de transparencia como factor decisivo para la recuperación de la credibilidad pública.

Entre ellos se pueden contabilizar el DNU 27/18, que promueve la desburocratización, simplificación y transparencia de las contrataciones; la ley 27.304, que creó la figura del imputado colaborador; el decreto 1179/16 sobre ética en el ejercicio de la función pública; las reformas a la ley 23.737 de estupefacientes y precursores químicos que ampliaron sustancialmente el plexo de dispositivos tendientes a la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero proveniente del mismo; la ley 27.041 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que llevó el imperativo de transparencia al ámbito privado, y la ley 27.337, que estableció la obligatoriedad del debate público de los candidatos presidenciales.

Asimismo puede enumerarse en este período de gestión la sanción de la ley 27.275 de acceso a la información pública que consagró los principios de equidad, diligencia, gratuidad y buena fe en la información obligatoria de los comprendidos en esta norma, que incluye no solo a la Administración Pública Nacional, sino también a los poderes Legislativo y Judicial, al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, al Consejo de la Magistratura, a empresas y sociedades del Estado, concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos, organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada que recepte fondos públicos, fideicomisos constituidos con bienes o recursos nacionales, etcétera.

La importancia de esta ley radica en que habilita el control ciudadano de los actos de gobierno por medio del efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, constituyendo una herramienta fundamental y un factor disuasivo de alta efectividad para la lucha contra la corrupción, al mismo tiempo que promueve la eficiencia de los funcionarios.

Por otra parte, la participación informada de los electores resulta en un correlativo incremento de la calidad institucional porque fomenta la concientización ciudadana y facilita los procesos decisorios individuales para la emisión responsable del voto en cuanto elemento esencial del mecanismo constitucional de reproducción de autoridades.

Aunque todavía queda mucho por hacer, gracias a la labor del Congreso y a la iniciativa de otros poderes y el compromiso de las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos, los gremios, el empresariado, las instituciones religiosas y la ciudadanía, es notorio que los avances producidos a partir del cambio de gobierno no son menores respecto de la aspiración general de que el Estado cumpla con su rol de promotor del bien común, garante principal de la libertad y los derechos e impulsor de la modernización y la transparencia.

Senador nacional por la provincia de Corrientes

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