Financiamiento transparente de la política: ahora o nunca

La salud de la República exige que el debate sobre la forma en que deben financiarse las campañas electorales no siga postergándose
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2 de mayo de 2018  

Este año, por no ser electoral, ofrece una ocasión más que propicia para no seguir demorando una necesaria reforma que permita transparentar el financiamiento de la actividad política y, en particular, de las campañas electorales. Resulta alentador que, al margen de la voluntad expresada por el gobierno nacional de avanzar en una nueva legislación, organizaciones de la sociedad civil aporten iniciativas para resolver uno de los principales desafíos que afronta cualquier sistema democrático basado en los partidos políticos como canal de representación ciudadana.

Semanas atrás, el presidente de la Fundación Red de Acción Política (RAP), Alan Clutterbuck, difundió durante un encuentro llevado a cabo en la Casa Rosada los puntos básicos de un documento elaborado por el llamado Grupo Transparencia e Integridad (GIT), que integran 13 dirigentes políticos de diferentes extracciones y 14 empresarios. Los principales lineamientos de su iniciativa coinciden con los del proyecto de ley que propicia el Poder Ejecutivo Nacional. Entre ellos se encuentra la necesidad de bancarizar los aportes a las fuerzas políticas en las campañas proselitistas, la extensión del plazo de duración de las campañas, la posibilidad de que personas jurídicas puedan efectuar aportes limitados a determinados montos máximos y la aplicación de sanciones reales cuando se adviertan irregularidades.

El debate parlamentario sobre el financiamiento de las campañas fue postergado durante los dos últimos años por acuerdo de todo el arco político pese a que se trata de una discusión imprescindible, especialmente en momentos en que la dirigencia política latinoamericana aparece interpelada por las sociedades a partir de los escándalos de corrupción, en función de intercambios de favores y del pago de sobornos por parte de empresas concesionarias de obra pública, entre los cuales el caso Odebrecht es el más resonante.

Cualquier norma que se apruebe deberá garantizar plenamente el acceso a la información sobre los aportes a las fuerzas políticas y sus candidatos. El ocultamiento del origen y el destino de los fondos debe ser desterrado de nuestro sistema político. Las regulaciones deberían alcanzar también a las fundaciones vinculadas con sectores políticos, que en no pocas ocasiones son utilizadas como pantallas por los dirigentes para financiar sus actividades o para engrosar sus bolsillos.

La bancarización de los aportes, de manera que las operaciones queden debidamente registradas, debería ser obligatoria. Los aportes en efectivo, por el contrario, facilitan el anonimato del donante, además de transferencias de dinero provenientes de actividades ilícitas. De esta manera se podría evitar el viejo recurso de los partidos políticos de declarar donantes que no donaron nada y que solo sirven como pantalla para esconder fuentes de financiamiento inconfesables. Asimismo, se deberá evaluar si las empresas, actualmente excluidas del financiamiento de las campañas electorales, deberían volver a ser incluidas como potenciales aportantes.

Junto a estas medidas, resulta indispensable el establecimiento de mecanismos de registro y reporte online de los movimientos económicos de toda campaña. Esto haría posible transparentar la forma en que se están financiando los candidatos en tiempo real ante la ciudadanía. La creación de un registro de proveedores de bienes y servicios utilizados por los partidos y los postulantes a cargos electivos también resultaría una herramienta muy útil para fiscalizar y auditar adecuadamente quiénes son contratados y con qué montos de facturación.

Durante las últimas campañas electorales, prácticamente sin excepciones, se han detectado innumerables incumplimientos de las coaliciones políticas y sus candidatos a la hora de informar debidamente su nivel de gastos, y también han aparecido no pocas inconsistencias relacionadas con los montos erogados. Cabe preguntarse, como alguna vez se preguntó la respetada especialista Delia Ferreira Rubio, si los dirigentes políticos y sus financiadores respetarán las nuevas normas que lleguen a sancionarse.

Por otra parte, es indispensable comprender que sería un error autorizar a los sindicatos a efectuar aportes a la actividad política, y así se lo han expresado al Gobierno voces autorizadas. Es de esperar que el comentario no caiga en saco roto.

Sería deseable que, en las próximas semanas, se pudieran dar pasos concretos en el Congreso para el inicio del debate de una nueva legislación, moderna y eficaz, que garantice la transparencia y la calidad institucional. Es sabido que muchas veces el problema central no pasa por las leyes, sino por su incumplimiento y por la inadecuada aplicación por parte de los órganos de control. Será menester, en consecuencia, trabajar seriamente en la cuestión de las autoridades de aplicación, sin que esto conduzca a aumentar groseramente la burocracia estatal, como ha ocurrido tantas veces. La salud de la República lo exige.

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