Funcionarios de Rodríguez Saá, condenados por coartar jueces

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16 de noviembre de 2018  

San Luis tiene el triste récord de ser la provincia que por mayor tiempo ha sostenido la plena vigencia de un régimen feudal. Los hermanos Rodríguez Saá son amos y señores de ese territorio desde la recuperación democrática de 1983. Para eliminar la alternancia en el poder se requiere de la formalidad de las urnas, pero también de la informalidad -e ilegalidad de procedimientos impulsados desde el ejercicio del gobierno. Una de las maneras de obtener perpetuidad es convertir la división de poderes en poder absoluto. Así lo hizo el duopolio integrado por Adolfo y Alberto sometiendo al Poder Judicial de la provincia a sus caprichos.

Esto que se sospechó durante 13 años a partir del caso conocido como "renuncias anticipadas" quedó confirmado por el Tribunal Oral Federal de San Luis. Integrado por Paula Marisi, Alejandro Piña y Roberto Naciff, condenó por el delito de coacción agravada al por entonces ministro de Legalidad provincial Sergio Freixes -actualmente ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción y al exviceministro Mario Zavala -hoy asesor jurídico del Instituto de Seguridad Pública a una pena de cinco años de prisión y diez de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El juicio desnudó un sistema de corrupción estructural que involucró a al menos 11 magistrados que fueron obligados a rubricar sus renuncias sin fecha como condición para ser promovidos a los cargos a los que se postulaban. De esta manera, el sometimiento del Poder Judicial al gobernador era total, pues los jueces quedaban a merced de la voluntad de Alberto Rodríguez Saá para que, ante un fallo que molestara o se apartara de sus directrices, colocara fecha a la dimisión entregada por anticipado para que ese juez dejara de serlo.

El mecanismo de hacer firmar renuncias anticipadas a jueces y fiscales era un secreto a voces hasta que, en abril de 2005, la fiscal Gretel Diamante -actualmente jueza del Tribunal Oral Federal-, acompañada por la Fundación Poder Ciudadano, denunció que tanto para ingresar al Poder Judicial como para obtener ascensos los postulantes a la magistratura o los funcionarios judiciales en ejercicio debían pasar previamente por un despacho de la Casa de Gobierno provincial en el que eran intimados a firmar notas de renuncia con la fecha en blanco. Todas ellas con el mismo objetivo: coartar la independencia judicial.

La maniobra, perversa, sumaba una alta dosis de cinismo, ya que era desplegada desde el Ministerio de Legalidad y Relaciones Institucionales, lugar al cual los postulantes eran convocados por ambos acusados para cumplir con el requisito de renunciar antes de ser nombrados.

La denuncia se promovió ante la Justicia Federal y se centró en 11 camaristas penales, fiscales de cámara y jueces de diversos fueros que habían sido nombrados en esas condiciones. En la actualidad, algunos de ellos aún se encuentran en funciones y otros ocupan cargos públicos en otros poderes.

El juicio se llevó adelante gracias a Marina Ziliotto, dado que de los involucrados solo ella sostuvo que la habían obligado a firmar la renuncia. Ziliotto era defensora oficial y a los pocos días de ser ascendida a camarista tuvo que abandonar su cargo al negarse a cumplir con un pedido formulado por los acusados consistente en hacer declaraciones públicas difamatorias con la idea de abrir un jury de enjuiciamiento sobre sus colegas Domingo Flores y Carlos Salomón, críticos del funcionamiento del Poder Judicial y del gobierno de Alberto Rodríguez Saá. La separación de Ziliotto se concretó ejecutando la renuncia anticipada que le había hecho firmar Zavala al asumir como jueza de cámara.

Este juicio, que ha sido considerado histórico en San Luis, tiene relevancia nacional, pues echa luz sobre los oscuros procedimientos utilizados por los Rodríguez Saá para eternizarse en el poder, e incluso ha trascendido a nivel mundial, pues la organización Transparencia Internacional ya lo había incluido como uno de los hechos emblemáticos de corrupción judicial.

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