Gran Bretaña pierde la primera batalla del Brexit

El 23 de junio del año pasado el 51,9% de los británicos decidió –a través de un referendo especial- salir de la Unión Europea. Los ingleses y galeses se inclinaron claramente en esa dirección. Los escoceses e irlandeses del norte prefirieron –en cambio- permanecer en la Unión Europea, pero perdieron la elección.

El primer segmento –ya concluido- de las conversaciones en curso en materia de divorcio –entre la Primer Ministro británica, Theresa May, y Jean Claude Juncker, de la Comisión de la Unión Europea- resultó duro para los británicos.

El costo del divorcio estará ciertamente muy lejos de los 24 billones de dólares ofrecidos por Gran Bretaña a la Unión Europea en un primer momento. Hoy se estima que la factura a pagar podría alcanzar una cifra que llegaría –en cambio- a unos 60 billones de dólares, que deberán abonarse en los primeros 4 años posteriores a la salida. Gran Bretaña hará frente a los compromisos asumidos por la Unión Europea mientras pertenecía a ella, incluyendo su endeudamiento externo y el sistema de pensiones del personal comunitario. Esto, se calcula, podría representar un costo inicial para cada ciudadano británico del orden de las mil libras esterlinas.

Las otras dos “líneas rojas” anunciadas por Theresa May en 2016 en su discurso en Lancaster House, también debieron cederse. Me refiero a respetar los derechos de libre circulación de los 3.200.000 ciudadanos de la Unión Europea que residen en Gran Bretaña. Y los -algo más complejos- de los británicos que residen en los otros países de la Unión Europea. También Gran Bretaña acordó –en principio- que la frontera entre las dos Irlandas no será “dura”, sino que mantendrá la fluidez de tráfico que allí ya se ha alcanzado. Pero –en esto- se ha topado con la cerrada oposición de las autoridades de Irlanda del Norte, lo que ha llenado de ambigüedad al tema.

Gran Bretaña –no obstante- saldrá de la Unión Europea el 29 de marzo de 2019, a las 11 p.m. Antes de ese día deberá acordar cómo serán los términos de la relación comercial de ese país con la Unión Europea luego de la fecha referida.

A lo que cabe sumar el golpe de realismo que supone constatar ahora que quienes no pertenecen a la Unión Europea no pueden naturalmente aspirar a operar con las mismas ventajas de las que gozan sus Estados Miembros entre sí. Lo que parece bastante obvio, pero es ciertamente distinto del escenario que algunos manejaban inicialmente en Gran Bretaña. Así como la pérdida de las fuentes de trabajo y del volumen de actividad económica que supuso ser anfitriona de diversas agencias e instituciones comunitarias. Gran Bretaña, recordemos, pretendía alojar a dos más de ellas, lo que ya no sucederá.

A lo que se debe adicionar que, durante el plazo de transición de dos años contado desde el 29 de marzo de 2019, las normas y los tribunales de la Unión Europea continuarán aparentemente operando con plena vigencia y/o jurisdicción respecto de Gran Bretaña.

Lo mismo sucederá respecto de los preocupantes flujos migratorios hacia y desde el continente europeo, que Gran Bretaña no podrá restringir en esos dos años. Esto es lo que deriva de la interpretación prevaleciente del artículo 50 del Tratado constitutivo que gobierna a la Unión Europea.

Lo conversado hasta ahora por las partes parecería desmentir el presuntuoso supuesto inicial de la Primera Ministra Theresa May en el sentido que la “falta de acuerdo” con Europa respecto de la salida británica de la Unión Europea era “mejor que un mal acuerdo”. No es así, está claro.

Si no aparecen avances realmente sustanciales en este tema a comienzos del año próximo, la fuga de empresas desde Gran Bretaña puede de pronto acelerarse y resultar tan inmanejable como costosa. Piénsese tan sólo que Cataluña, como consecuencia de sus soñadoras pretensiones secesionistas, ha sufrido ya el éxodo de nada menos que unas 2.700 empresas, lo que debe tomarse como señal para los británicos, salvando naturalmente las distancias y las diferencias que existen entre ambos casos.

En contracara a lo antes señalado, es cierto que, una vez consumada su salida, luego del período de transición, Gran Bretaña ya no estaría obligada a contribuir a la Unión Europea los aproximadamente 11 billones de dólares anuales que hoy aporta.

Cabe agregar que, desde que Gran Bretaña invocara la cláusula de salida, su economía continuó creciendo al ritmo del 1,8% anual de su PBI. Pero la libra esterlina ha estado sometida a un proceso, lento, de pérdida de valor relativo. Al que se suma una baja del consumo interno y una caída del volumen de las ventas de automóviles que hasta ahora no se ha revertido. Nada, sin embargo, demasiado dramático. Hay una preocupación adicional, sin embargo. La inflación británica se está acelerando. En noviembre fue del 3,1% anualizada.

El “Brexit” será –queda visto- más pesado para los británicos que lo inicialmente supuesto. Por esto hay quienes siguen insistiendo, con pocas probabilidades de éxito, que para los británicos lo mejor sería dar una pronta marcha atrás y permanecer en la Unión Europea. Es demasiado tarde. Pero, pensando en el Atlántico Sur, no es ciertamente lo mismo el diálogo con un interlocutor que nada en la abundancia, que con uno que de pronto tiene estrecheces financieras.

Respecto de Gibraltar, por lo demás, parece claro que ese enclave británico dejará de pertenecer a la Unión Europea desde el 29 de marzo de 2019, sin período de transición en su caso. Y seguramente algo parecido sucederá respecto de la situación de las Islas Malvinas.

Si el Consejo de Europa aprueba lo hasta ahora convenido con Gran Bretaña en la primera fase de las conversaciones de divorcio se pasará a la segunda, relativa a la futura relación comercial entre las partes, cuyo contenido luce por lo menos tan complejo como el de las que se han venido realizando.

Para la notoriamente debilitada Theresa May estará en juego, a cada paso, su propia supervivencia en el cargo que desempeña. No es -para ella- la mejor situación, por cierto.