Hacia la recuperación de la credibilidad

Por Eduardo L. Bonelli De la Redacción de La Nación
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29 de octubre de 2000  

Si es cierto, como sostiene una muy alta proporción de las opiniones vertidas por la dirigencia empresarial y las oficinas de investigación y seguimiento de la economía, que los males económicos que hoy padece la sociedad argentina son de raíz sustancialmente política, resulta claro que los hechos de las pasadas dos semanas abren la perspectiva de un viraje en la situación de crisis.

Primero fue la sanción de las leyes de emergencia económica y contra la evasión tributaria, que denota en las principales fuerzas partidarias -ya se señaló aquí el domingo último- una predisposición conciliadora con la que aspiran a revalidar la agrietada credibilidad de las instituciones y a garantizar la gobernabilidad.

Aun siendo importantes, ambas leyes son tal vez más trascendentes por la forma en que reflejan el retroceso de la intemperancia política que congelaba el trámite parlamentario que por sus posibles efectos prácticos. En estos últimos días hubo nuevos y más significativos movimientos en esa dirección, de los que fueron protagonistas el ministro José Luis Machinea, el diputado Domingo Cavallo y el ex presidente Raúl Alfonsín.

En el mundo empresarial, y particularmente en los centros financieros del exterior, se venía añorando no ya una expresión de apoyo con que Cavallo pudiera contribuir a restaurar la confianza, sino su participación activa en el manejo de las finanzas del Estado.

Si bien el ex ministro mantiene, es sabido, una relación amigable con Carlos Alvarez y en general con el sector frepasista de la Alianza, en el radicalismo no faltan quienes sacan a relucir aquellos episodios en los que, allá por el 88 o el 89, Cavallo -con el mismo criterio implícito entonces en las decisiones de cualquier argentino- desaconsejaba a sus clientes del exterior colocar fondos en aquel momento en la Argentina.

Desde este punto de vista, resulta impensable una cooperación más estrecha del líder de Acción para la República con el gobierno de la Alianza, a menos que nuevas circunstancias políticas o demandas económicas la exijan; pero el acercamiento fue un gesto que la comunidad de negocios valoró como un dato especialmente relevante: aun sin perder de vista que estos avenimientos entre dirigentes (el Gobierno consiguió sumar también a diversas fuerzas menores que en conjunto pueden desempeñar un papel decisivo en el Congreso) fueron virtualmente impuestos por una situación de emergencia crítica y tienen, por ende, un alcance limitado, constituyen un acto de responsabilidad institucional.

Una decisión crucial

Sin embargo, como en un juego en que causas y efectos se entrelazan e interactúan, la superación de las tormentas políticas no hubiera sido posible si no mediaba también un cambio de actitud en la conducción económica, que de alguna manera importa reconocer que la receta originalmente puesta en práctica desde el Palacio de Hacienda, vigorosamente fiscalista, no tuvo los efectos anhelados, es un factor determinante del actual estancamiento de la actividad económica y no es posible esperar más de ella.

Si, como se alega desde el Gobierno, las cosas hubieran ido peor en ausencia de los apretones tributarios practicados durante el año, podrá ser motivo de análisis e interpretación posteriores; hoy, el hecho es que las urgencias fiscales y los medios elegidos para resolverlas ahogaron incipientes impulsos reactivantes y prolongaron la recesión con todas sus secuelas, incluida la sequía del erario.

La conducción económica enfrentaba una disyuntiva crucial. Durante diez meses apostó a robustecer la presión impositiva apelando incluso a instrumentos muy poco recomendables, en la convicción de que el equilibrio de las cuentas públicas generaría confianza, inversiones, crecimiento y empleo.

Ahora cree que la confianza y la inversión necesitan algo más que equilibrio fiscal, y decide atender a las largas reclamaciones empresariales que pedían menos impuestos sobre las espaldas de las actividades productivas. Prefiere resignar ingresos para alentar la inversión y confía, primero, en que dispondrá de recursos para financiar esos alivios tributarios, y, además, en que el crecimiento de la economía habrá de generar ingresos adicionales al fisco, que permitirán después seguir reduciendo impuestos.

Si todo sale bien, si la nueva propuesta gubernamental tiene éxito, la economía argentina pasaría de un círculo vicioso a un círculo virtuoso.

De la secuencia desequilibrio fiscal - mayor presión tributaria - retracción de la inversión y del consumo - caída de la recaudación tributaria - mayor déficit fiscal - nuevas medidas de ajuste, mayor contracción económica, a un nuevo ciclo mayor inversión - crecimiento de la economía - aumento de los recursos fiscales - reducción de impuestos - más inversión - más crecimiento . . . Las expectativas de la sociedad, naturalmente, darían un giro de 180 grados.

La gran incógnita es, ahora, si las medidas anunciadas van a ser suficientes para producir el gran cambio que se necesita en las tendencias y en los ánimos.

Apoyos y peros

Por lo pronto, los anticipos han sido recibidos favorablemente en los medios empresariales, entre los economistas, en la banca, en el ámbito político y en los centros financieros del exterior.

Los mercados también, después de una jornada inicial deplorable, manifestaron su aceptación con una sustancial mejora el jueves y el viernes. No hay que desatender, es claro, las señales de los mercados, pero tampoco hay que olvidar que en este mundo globalizado suelen recibir influjos que nada tienen que ver con lo que ocurre en la Argentina.

Esta vez, el repunte de los últimos días parece un intento por revertir los efectos de una sobreactuación con respecto a nuestro país, a comienzos de la semana.

El cambio de horizontes que procura el equipo de Machinea tiene consenso político y fue decidido con las cifras de recaudación tributaria del último bimestre a la vista: allí se consigna un aumento del orden del 4% en los ingresos fiscales, con respecto a 1999, que apunta a perdurar.

Y también con la perspectiva de obtener recursos adicionales por la enajenación de bienes del Estado, como los 300 millones de dólares de la reserva gasífera de Loma de la Lata -200 millones podrán contribuir el año próximo a compensar las reducciones impositivas-, lubricada con la visita presidencial a España, o la venta de tierras de propiedad estatal.

Al respecto, hay que señalar que la más preciada de las joyas en venta, los terrenos ferroviarios de Retiro, aparecen ya hipotecados, por lo menos en parte, al Fondo Fiduciario, en el plan de infraestructura de Nicolás Gallo, que tiene media sanción del Congreso.

Los cuestionamientos más generalizados a la propuesta de Machinea, más allá del franco apoyo con que cuenta, se refieren a la necesidad de avanzar más en la eliminación de impuestos distorsionantes que en el 2001 se ensayará con cierta timidez, y a la escasa voluntad política de encarar una racionalización integral y profunda del gasto público -nacional, provincial y municipal-, que además de constituir un aporte importantísimo a la eficiencia global de la economía y, por lo tanto, un sólido aporte a la preservación de la convertibilidad, permitiría aligerar las cargas tributarias y/o mejorar decididamente los servicios del Estado a la comunidad.

Aun así, los anuncios y los encuentros políticos de estas dos semanas son un paso importante hacia la recuperación de la credibilidad, que bien puede modificar la trayectoria descendente de la economía argentina.

Reforzar y prolongar las incipientes expectativas favorables que empiezan a intuir, más que a percibir, los medios económicos, para remontar la cuesta, demandará todavía una enorme dosis de madurez política y de realismo económico.

Tal vez, la prueba de fuego sea la próxima consideración del presupuesto 2001, ahora en un clima parlamentario -a pesar de todo lo ocurrido- algo más calmo.

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