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Hay que abrir la Bolsa, no cerrarla

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22 de marzo de 2000  

EN el Boletín Oficial del 24 de febrero último, se publicó una resolución de la Comisión Nacional de Valores en las que se establece que la decisión por la cual una sociedad resuelve su retiro de la cotización de acciones deberá ser adoptada por una asamblea que reúna, tanto en primera como en segunda convocatoria, lo que equivale a un primer y segundo llamado con media hora de diferencia, un quórum de por lo menos el 75% de todas las acciones en circulación. Este mínimo de concurrentes para habilitar la asamblea resulta ser muy superior al que establece la ley de sociedades comerciales, que requiere una mayoría especial, precisamente para decidir este punto, de la mitad más uno de la totalidad de las acciones con derecho a voto.

La Comisión de Valores se ha considerado legitimada para aprobar esta modificación sobre la base de las facultades de la ley de su creación (17.811), que la autoriza a aprobar los reglamentos de las bolsas de comercio relacionados con la oferta pública de títulos en los mercados de valores.

Tales facultades, perfectamente legítimas, no pueden ser extendidas a un punto tal que implique derogar el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, que dispone que el encargado de dictar los códigos "Civil, Comercial, PenalÉ", es el Congreso de la Nación, por el mecanismo que la propia Constitución establece.

Resulta sorprendente que se pretenda modificar el Código de Comercio, al cual la ley de sociedades comerciales está incorporada, mediante una resolución de la Comisión Nacional de Valores, con el agravante de que no ha habido un debate en el cual haya sido discutida la desafortunada iniciativa.

No se ha tenido en cuenta, además, que la garantía constitucional del derecho a asociarse con fines útiles -establecida en el artículo 14 de la ley suprema- implica el derecho a desasociarse , que no puede ser limitado en la forma arbitraria con que se pretende hacerlo.

Es paradójico que entre las facultades de la citada comisión esté la de promover el ingreso a la cotización de nuevas bolsas de comercio y que la oferta pública sea una invitación a realizar operaciones en títulos valores. Esta invitación difícilmente será aceptada si las sociedades cotizantes -que junto con el público inversor son a la postre las que dan sentido al sistema-, se enteran de que, una vez que ingresen mediante una decisión de sus órganos de asamblea, la Comisión de Valores podrá, sin siquiera consultarlas, modificarles el quórum para resolver el retiro de la misma. En otras palabras, la puerta es ancha para que las empresas entren, pero una vez dentro se echa un cerrojo que dificulta la salida. El sistema del chaleco de fuerza no funciona ni en los clubes, ni en los mercados, ni en las propias sociedades, mucho menos en los países que necesitan capitales y requieren inversores externos con reglas claras y previsibles.

Parecería que hay un espíritu carcelero en la resolución dictada. Una Bolsa de Comercio que lamentablemente no pasa su mejor momento, con un mercado de capitales escasamente interesado, de volúmenes pequeños y retiro de cotización de numerosas e importantes empresas, unido a que el fenómeno globalizador ha convocado a las sociedades más importantes a cotizar en otros mercados más atractivos que el nuestro, son los factores que se han sumado para producir tan desesperada como equivocada decisión.

El cancerbero que, utilizando procedimientos como el comentado, pretenda guardar con cerrojo doble lo que tiene, no sólo lo perderá de todos modos en el corto o en el largo plazo, sino que -peor aún- impedirá el acceso de nuevas sociedades cotizantes. En efecto, lo que menos necesita una empresa para ser atraída es saber que se le podrá cambiar unilateral y arbitrariamente su propio sistema de elección para quedarse o retirarse.

Se trata de un error que es de esperar sea rectificado cuanto antes.

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