Historia de ratas

Mario Vargas Llosa
Mario Vargas Llosa PARA LA NACION
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13 de diciembre de 2001  

LIMA.- Cuando el presidente Alberto Fujimori huyó del Perú, y la dictadura que había encabezado por diez años se desplomó como un castillo de naipes, los nuevos gobernantes, elegidos por el Congreso para garantizar un proceso electoral limpio, se encontraron con un Palacio de Gobierno desmantelado por los antiguos locatarios (se habían llevado hasta los ceniceros y las sábanas) y atrozmente afeado por arreglos huachafos (la huachafería es la variante peruana de la cursilería).

Se encontraron, también, con que la antigua Casa de Pizarro era un nido de ratas. La compañía encargada de desratizar el palacio capturó y contó, antes de incinerarlos (me aseguraron que la cifra era redonda), 6200 roedores que se habían aposentado en los sótanos, entretechos, rincones, repisas y covachas de la construcción que desde hace cuatro siglos y medio es emblema de los destinos del Perú.

Veo en esas ratas palaciegas legadas por la dictadura a la democracia que ahora renace de sus cenizas y en medio de grandes dificultades una alegoría de lo que pasa en el Perú. En muchos sentidos, los cambios son profundos y exaltantes. El país ha recuperado la libertad, el derecho de opinión, y la crítica se ejercita por doquier e incluso con estridencia, y los partidos y dirigentes políticos polemizan y rivalizan en todos los frentes, en tanto que la lucha contra la corrupción del decenio infame no se ha detenido. Por el contrario, por primera vez en la historia del Perú se halla entre rejas buen número de militares, empresarios, dueños de medios, traficantes de influencia y prebendas, por robos y otros delitos cometidos al amparo del poder autoritario, y el Poder Judicial, en proceso de purificación, prosigue su tarea con bastante independencia y firmeza. Es verdad que muchos acusados de fraude, corrupción y violencias están fugados, aquí o en el extranjero, sin que la justicia dé con ellos. Pero, aun así, da la impresión de que, por una vez, no habrá total impunidad -la política de borrón y cuenta nueva- para un buen número de los que a lo largo de diez años cometieron gravísimos delitos contra los derechos humanos, el Estado de derecho, y saquearon el Estado hasta acumular fortunas inmensas.

Este panorama alentador se ve ensombrecido por una crisis económica profunda, que ha empobrecido el país, provocado unos índices de desempleo muy elevados y una caída de los niveles de vida que golpea, con particular brutalidad, a los sectores más desfavorecidos. Por eso, las demandas sociales son muy intensas, a lo que ha contribuido, sin duda, que el presidente Alejandro Toledo hiciera en su campaña electoral promesas exageradas, de imposible cumplimiento.

Privatizaciones monopólicas

La crisis económica es, en gran parte, consecuencia directa de la pillería sistemática y generalizada que la pandilla encabezada por Fujimori y Vladimiro Montesinos perpetró durante diez años amparada en la fuerza y la coerción. Como muestra basta un botón: de los cerca de 10.000 millones de dólares que ingresaron en el Estado en ese período por concepto de las privatizaciones, hechas a menudo sólo para transferir monopolios públicos a monopolios privados o para favorecer a grupos cómplices y de testaferros de gente del régimen, no queda ya un centavo en las arcas del Estado. Deducidos ciertos gastos concretos del servicio de la deuda y los destinados a cubrir el déficit fiscal, buena parte de esa ingente suma se volatilizó misteriosamente, sin que quede ahora rastro de ella. Es decir, fue a perderse en el laberinto de paraísos fiscales y cuentas bancarias secretas de la mafia fujimorista que, al ser excretada del gobierno por la repulsa popular, dejó el país en estado económico comatoso.

El poder económico de esa mafia fujimontesinista está casi intacto, pues lo que se ha podido recuperar, o congelar, de las cuentas extranjeras de los numerosos inculpados es todavía insignificante. Y la experiencia reciente de países que se han emancipado de regímenes dictatoriales cleptómanos y que tratan de recobrar lo robado nos indica que, por desgracia, no hay que hacerse demasiadas ilusiones en lo que concierne a la recuperación de los dineros mal habidos por los prohombres (y algunas promujeres) de la dictadura.

¿Cómo fue posible que un régimen de esta índole, manejado por rufianes descarados y explícitos, que no sólo cometían a diario innumerables fechorías sino, como hacía Vladimiro Montesinos, las filmaban en cientos, acaso miles de videos que documentan día tras día las dimensiones vertiginosas de la corrupción, fuera, durante buena parte de estos diez años de oprobio, un régimen popular? Porque, para vergüenza de los peruanos, lo fue y hasta los últimos dos años, acaso menos, de su proterva existencia. La respuesta a esta pregunta es: gracias al inteligente e inescrupuloso manejo de los grandes medios de comunicación, en especial los canales televisivos de señal abierta, que la dictadura puso a su servicio comprando a sus dueños.

La manera como procedió Montesinos, el habilidoso genio maléfico del servicio de inteligencia de la dictadura, fue, al mismo tiempo, sutil y brutal. A ciertos medios de comunicación los chantajeaba mediante la oficina de impuestos. A condición de su silencio, servilismo y complicidad, la espada de Damocles del cobro de los tributos acumulados se alejaba o acercaba hasta amenazar la supervivencia de la empresa. Los que no se entregaban debían pagar sus deudas, que crecían a capricho del régimen. En otros casos, la operación era más cruda y directa: los dueños de los medios vendían en monedas contantes y sonantes su línea editorial, sus primeras planas, sus informaciones, las mentiras, infamias y silencios que servían a la propaganda del régimen y a la satanización y desprestigio de sus críticos mediante campañas y diatribas que Montesinos concebía, administraba y ordenaba. Esta orquestación demagógica de la opinión pública, gracias a los grandes medios de comunicación, fue factor central en la popularidad de un régimen que vivía de la mentira y en la mentira.

Soborno y corrupción

Cuando los periodistas del canal 2, Frecuencia Latina, se rebelaron contra estos métodos y empezaron a decir la verdad (dieron a conocer los millones que ingresaba Montesinos en sus cuentas y algunas matanzas de los escuadrones de la muerte de la dictadura), el régimen privó de la nacionalidad peruana a su dueño, Baruch Ivcher, y entregó el canal a sus accionistas minoritarios (ahora presos), a los que tenía sobornados.

Los dueños de los dos canales más poderosos del país, el 4 y el 5, fueron comprados con billetes de dólares, muchos millones. Y, naturalmente, filmados también por Montesinos, en videos donde aparecen, en escenas que dan náuseas, contando las pirámides de dólares y, en medio de vulgaridades pestilentes, mendigándole al amo y señor del régimen de fuerza más millones a cambio de su labor de turiferarios mediáticos. Esos personajes -los Crousillat, en Miami, y Schutz, en la Argentina- están ahora prófugos. Pero, aunque usted no lo crea, siguen siendo los amos y señores de esos canales que alquilaron a la dictadura para manipular la opinión pública, desinformando y mintiendo, calumniando, defendiendo los fraudes electorales y las violaciones de la Constitución, y, naturalmente, cerrándose a piedra y lodo a los opositores, al extremo de que en las últimas elecciones fraudulentas se negaron a pasar incluso los avisos pagados de los candidatos no fujimoristas.

Mi opinión es que dejar estos instrumentos en manos de quienes cometieron, valiéndose de ellos, el peor crimen que se puede cometer contra una sociedad -destruir el Estado de derecho y amparar una dictadura- constituiría un peligro mortal para la democracia que ahora comienza, rodeada de acechanzas, a levantar cabeza en el Perú después de una década abyecta. El arma del delito de estos personajes prófugos fueron esas licencias que ellos vendieron a la dictadura y que ahora utilizan a través de intermediarios para una lenta labor de zapa de la democracia.

Esas licencias deben serles retiradas, no mediante un acto de fuerza sino siguiendo rigurosamente los procedimientos que contempla la ley, para asegurar una libertad de expresión y de crítica que aquéllos ayudaron a conculcar y que ahora quisieran envilecer a fin de obstruir la transición democrática. Naturalmente, el proceso debe tener como meta la transferencia de esas licencias a otros empresarios privados, mediante una licitación transparente y bajo severa vigilancia internacional, de manera que ni el gobierno ni el Estado peruanos puedan, ni directa ni indirectamente, beneficiarse con la transferencia, ni echar mano de esas empresas, porque si así ocurriera el remedio resultaría tan nefasto como la enfermedad. Pero hay maneras sobradas de asegurar esa transferencia dentro de la sociedad civil, sin intervención del gobierno, con participación de organismos de probada independencia -asociaciones internacionales de comunicaciones y auditores internacionales de prestigio- para levantar la hipoteca que hoy día pesa sobre la difícil reconstrucción de la legalidad y la libertad en el Perú. Esta jamás será una realidad mientras, como en el Palacio de Gobierno antes de la desratización, las alimañas que la dictadura prohijó sigan desde sus cuevas y escondrijos preparando nuevos liberticidios ¡en nombre de la libertad!

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