Ibarra, Cromagnon y democracia

Por Julio De Giovanni Para LA NACION
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30 de septiembre de 2005  

Le toca a la Legislatura porteña protagonizar el desarrollo del juicio político al jefe de gobierno elegido por el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Antecede y provoca esta circunstancia un hecho doloroso y conmovedor para la sociedad argentina: la tragedia de Cromagnon.

Corresponde, pues, analizar el cauce institucional del juicio político. Un poco de historia nos situará mejor en la cuestión. Nuestra Constitución Nacional incorpora el juicio político en 1853, estableciendo que la Cámara de Diputados ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, al vicepresidente, sus ministros, los miembros de la Corte Suprema y demás tribunales inferiores de la Nación. La reforma de 1994 elimina como sujetos pasivos a los jueces de los tribunales inferiores.

A su vez, la Constitución de la ciudad de Buenos Aires toma la institución del juicio político tal como se concibe en la reforma de 1994, dándole una distinta impronta procesal atento al carácter unicameral del Poder Legislativo porteño.

El contexto

Veamos ahora el marco histórico, jurídico, institucional y político en que nos corresponderá decidir a los diputados de la ciudad.

Comencemos por decir que desde 1853 hasta la fecha en el orden nacional la institución del juicio político no ha sido nunca utilizada para enjuiciar al Poder Ejecutivo y son pocos los antecedentes del derecho público provincial en que fueron sometidos a juicio político los gobernadores.

Estos antecedentes históricos tienen sus fundamentos: hacen al respeto a la división de poderes y al carácter excepcional de la institución. Su utilización más frecuente en el caso de miembros del Poder Judicial tiene su fundamento en la inamovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta. En cambio, en los poderes elegidos por el pueblo, como lo es el Poder Ejecutivo, existe siempre el remedio democrático de la renovación electoral.

Otra cuestión fundamental de esta institución que debe tenerse en cuenta al momento de resolver es el carácter de algún modo “preventivo” del juicio político, en tanto y en cuanto debe proteger a la sociedad de funcionarios con falta de idoneidad para continuar en el cargo; idoneidad, para la mejor doctrina, debe ser un impedimento físico o moral por la comisión de un delito de corrupción.

A poco que analicemos la esencia de la institución vemos que ésta tiene por objeto impedir que un mal funcionario “permanezca” en el cargo. Así lo ha resuelto nuestra Corte Suprema en el caso “Irigoyen” y así también lo explican los principales doctrinarios de nuestro derecho constitucional.

Para Joaquín V. González, la finalidad del juicio político no es el castigo de la persona sino la protección de los intereses contra el abuso del poder oficial; para José Manuel de Estrada, la institución “no tiene más objeto que averiguar si un funcionario es o no hábil para continuar en el ejercicio de sus funciones”; para Montes de Oca, el principio general consiste en que la institución “tiene por objeto impedir que un mal funcionario, por falta de idoneidad, permanezca en el cargo”; Bidart Campos señala que el juicio político no persigue castigar sino separar del cargo.

En este marco cabe formularse algunos interrogantes: ¿es necesario impedir que el doctor Aníbal Ibarra finalice su mandato por falta de idoneidad? ¿Constituye en general falta de idoneidad para continuar en el cargo lo ocurrido en un área de su gobierno? ¿Hay impedimento físico o moral? ¿O queremos castigarlo? Para las sanciones están los jueces, mediando condena firme de delitos.

Como políticos, lo primero que debemos evaluar son las consecuencias del acto. Producida la destitución se pondrá así en movimiento el sistema sucesorio y tendrá que gobernar la ciudad de Buenos Aires su vicejefe, el licenciado Jorge Telerman, o, si éste renunciase, siguiendo las previsiones legales, los vicepresidentes de la Legislatura Santiago de Estrada o Miguel Talento, en su orden. Tengo muy alto concepto y estima por los tres funcionarios que acabo de mencionar, pero como legisladores no podemos dejar de tener presente esta circunstancia legal al momento de resolver y hacernos cargo de sus consecuencias políticas.

Hay otra valoración institucional de suma trascendencia que debemos hacer. En la ciudad de Buenos Aires hay dos sistemas para destituir al jefe de gobierno; ellos son: la revocatoria de mandato y el juicio político. La revocatoria contra Aníbal Ibarra ya ha sido intentada en el caso Cromagnon por organizaciones no gubernamentales, abogados, partidos políticos y el propio jefe de gobierno. La respuesta de la ciudadanía ha sido contundente: no pudieron siquiera reunirse las firmas requeridas por la Constitución para que pudiera el pueblo decidir si Ibarra continuaba o no en su mandato.

Está claro que se trata de mecanismos diferentes y los dos son igualmente válidos. Pero en democracia hay una prelación de valores que privilegia la decisión popular. En estas circunstancias, es evidente que la destitución por medio del juicio político sería legal pero estaría carente de legitimación popular.

Volver a tener gobierno

Lo dicho son reflexiones que hacen a la oportunidad de juicio político. Hay cuestiones específicas como el ejercicio del poder de policía por parte del jefe de gobierno, la temática de la delegación de competencias, la relación causal entre los hechos y la responsabilidad, la responsabilidad de la Policía Federal como autoridad preventora de las contravenciones que se permitieron cometer en Cromagnon, el reciente procesamiento de bomberos y otras cuestiones puntuales que deberemos analizar también –junto con la defensa del jefe de gobierno– para decidir el voto en la sala acusadora. Allí debemos actuar a conciencia, valorando todas las circunstancias y sin presiones de ninguna naturaleza.

Hace más de doscientos ochenta días que ocurrió Cromagnon. Su temática cambió la agenda legislativa de 2005 e introdujo un perverso y dañoso estado de inestabilidad política en la ciudad de Buenos Aires. Esta situación debe ser superada para que cada uno pueda ejercer sin presiones su competencia y tengamos gobierno en la ciudad. Hay que despejar la inacción que nos legó la tragedia; el Ejecutivo debe gobernar y nosotros, dictar las leyes.

La sociedad debe hacerse cargo de la tragedia de Cromagnon y cada uno, en conciencia –como ciudadano y como padre–, debe modificar las conductas individuales y colectivas que estén a su alcance para que nunca más nuestros jóvenes sean las víctimas de los desajustes de nuestra sociedad.

No es buscando un “chivo expiatorio” que vamos a mitigar nuestro dolor por lo ocurrido ni vamos a tener mejores leyes ni tampoco mejor cultura de su cumplimiento. Es una ilusión pensar que construyendo un culpable se convierte en inocente al conjunto social casi por arte de magia

Hacer justicia retributiva es competencia de los jueces. El Poder Legislativo de la ciudad de Buenos Aires cumplirá con su deber preservando las instituciones y trabajando con seriedad en la construcción de una mejor sociedad política.

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