Iberá: los esteros, tierra de sospecha

La irrupción de Luis D´ Elía en los campos del norteamericano Douglas Tompkins hace poco más de diez días provocó un giro inesperado y mucha confusión en el enfrentamiento que desde hace meses calienta la discusión pública en Corrientes: el enérgico rechazo de gran parte de la opinión pública correntina a un proyecto de las Naciones Unidas que busca contribuir a la preservación de las 1.300.000 hectáreas de la Reserva Natural del Iberá, una de las áreas verdes más importantes de la Argentina.

Aunque el Gobierno salió a poner paños fríos tras las grandilocuentes declaraciones del subsecretario para el Hábitat Social, lo cierto es que el fantasma de las expropiaciones echó más leña al fuego de las sospechas que, en Corrientes, mantiene enfrentados a propietarios, productores agrícolas -ganaderos y forestales-, ecologistas y legisladores.

Por si esto fuera poco, con su mención de la posibilidad de que se emprendan expropiaciones en la zona -negadas a posteriori por el ejecutivo nacional-, D´ Elía agitó el peor de los fantasmas para los titulares de tierras que lindan con ese santuario natural que en los Esteros del Iberá conforman las lagunas, los bosques y los espejos de agua.

La piedra de la discordia es el proyecto impulsado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) -financiado (1 millón de dólares) por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) y ejecutado por la ONG Ecos-, que se puso en marcha hace ahora más de tres años y que busca preservar la riqueza natural de la zona. Ese proyecto -que contiene un plan para la gestión de los esteros y cuenta con el aval de la Cancillería argentina- fue presentado en junio a las autoridades correntinas y reavivó instantáneamente entre los pobladores el temor de que su puesta en marcha impusiera limitaciones a la ganadería y la agricultura -fuente de trabajo que sostiene a muchas familias de la zona- y de que abriera el paso hacia la expropiación de tierras.

Lo cierto es que el duro enfrentamiento en Corrientes -más confuso ahora tras la intempestiva aparición de D´ Elía, que nadie termina de comprender del todo (¿no sabía el subsecretario de los planes que alentaba Cancillería en la zona?)- excedía la desconfianza hacia el proyecto proteccionista de Naciones Unidas, el Plan de Manejo del Iberá. Ese proyecto, en realidad, llegó cuando la desconfianza ya estaba en alerta después de lo que fue percibido como una campaña de adquisición de tierras situadas dentro y fuera de los esteros que, desde 1997, lleva a cabo la fundación ecologista internacional Conservation Land Trust (CLT), liderada por el millonario estadounidense Douglas Tompkins -el dueño de las tierras que D´ Elía quiso desalambrar- y conocida hasta la fecha por haber comprado terrenos en la Patagonia argentina y chilena que posteriormente han sido reconvertidos en espacios protegidos.

Desde Iberá Patrimonio de los Correntinos -el movimiento de propietarios, agricultores y vecinos que de repente, a decir de algunos, han encontrado un inesperado aliado en D´ Elía- habían denunciado que el proyecto apadrinado por Naciones Unidas, conocido como Proyecto ARG/02/G35, no era más que una "máscara ecológica" para allanar el camino a la fundación de Tomkins en su afán de avanzar por una geografía que encierra un incalculable valor estratégico por sus recursos. Casualidades o no tanto, el gran enemigo que encendía las sospechas de los productores es el mismo enemigo que eligió D´ Elía para emprender su particular cruzada desalambradora. Es decir, ambos apuntan a Douglas Tomkins.

Lo cierto es que, en los últimos meses, el filántropo ha estado en el ojo del huracán, mientras era cuestionado con acritud por parte de algunos medios de comunicación correntinos. Ante la incredulidad que causa el que una fundación extranjera se dedique a comprar tierras para su conservación, Tompkins ha debido salir a defenderse de un sinfín de cargos.

Pero, entre todas las acusaciones (sin que medien pruebas ni reclamos judiciales en su contra, ha sido acusado de expulsar de sus propiedades y amedrentar a antiguos habitantes, de haber demolido una escuela pública situada dentro de sus terrenos, de haber lesionado los derechos de los vecinos próximos a sus campos con el cierre de las servidumbres de paso que D Elía pretendió abrir), la que tiene mayor impacto es la que sostiene que la presencia de Tompkins -propietario de alrededor de 150.000 hectáreas incluidas dentro de la Reserva del Iberá y 100.000 más fuera de su perímetro- forma parte de una conjura internacional para apropiarse del agua.

Los esteros, de hecho, se encuentran sobre el Acuífero Guaraní. Ana Moulin, miembro de Iberá Patrimonio de los Correntinos, ha señalado que no sería peregrino pensar que, ante un panorama en el que el agua se está convirtiendo en un bien escaso, hubiese gobiernos actuando en la sombra para quedarse con las reservas de terceros países. Esa hipótesis permitiría entender el interés del empresario por acumular propiedades en el Iberá. Para sus críticos, el ecologista no sería entonces más que un "hombre de paja" al servicio de los Estados Unidos, que estaría "amparado" por Naciones Unidas y el Banco Mundial, la entidad de donde surgen los fondos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente.

La consistencia de estas denuncias y del pronóstico que sobre el futuro del Iberá han aireado los integrantes de Iberá Patrimonio de los Correntinos, a quienes mueve un comprensible apego a sus tierras, resultaría en principio escasa si se aceptan las explicaciones de los distintos actores implicados en el proyecto del PNUD (incluida la Cancillería argentina), todos presuntos responsables de facilitar una pantalla para que Tompkins avance con su estrategia.

De todos modos, no sería tan fácil. Cualquier iniciativa debe surgir necesariamente del Gobierno de Corrientes, el único con competencia para decidir sobre una reserva con estatuto provincial. Desde que el destino de los esteros devino en motivo de discordia, las declaraciones que se han emitido desde el despacho del gobernador Arturo Colombi han recalcado que no se piensa alentar planes "que atenten contra la producción o la propiedad de los correntinos", descartando de plano, además, cualquier iniciativa de expropiación. El mismo Colombi ha manifestado recientemente a la prensa local que "el gobierno se pondrá a la cabeza de la lucha por la defensa de las tierras de los productores".

Desde el Partido Liberal correntino, mediante una declaración difundida el viernes, se denunció como un hecho de "enorme gravedad" el "ingreso con violencia" de D Elía en tierras privadas y su proyecto de expropiación de campos. Y se alentó en cambio una definición de reglas claras para favorecer un crecimiento sustentable.

Al igual que Colombi, los promotores del proyecto del PNUD enviaron también un mensaje conciliador, recordando que ese trabajo, efectuado con la participación de una cincuentena de especialistas -la mayoría correntinos-, eleva propuestas pero no las impone. "El plan es un instrumento que las autoridades provinciales pueden decidir llevar a la práctica o guardar en un cajón", aclara Miguel Reynal, director de Ecos, la ONG encargada de la eventual ejecución del proyecto en cuestión.

Buscando disolver las reticencias, Reynal, fundador de la veterana Vida Silvestre que se ha tomado la defensa de los esteros casi como una cuestión personal, ha insistido en que el plan de Naciones Unidas ha sido confeccionado para que previamente a su aplicación sea "discutido" y "mejorado" por representantes de la sociedad correntina, productores y propietarios incluidos. "Ellos deberán establecer si es oportuno", insiste.

Para Reynal, la discusión sobre las acciones que convienen al Iberá reeditan una discusión con bastantes capítulos escritos: "No hay nada nuevo en esta historia, porque siempre se dio una oposición entre desarrollo y preservación", dice el fundador de Vida Silvestre. "Para ello se creó el concepto de desarrollo sostenible".

Una trama oscura

¿Qué consistencia puede tener la hipótesis de que el proyecto del PNUD se habría tramado como una coartada para favorecer la compra de tierras por parte de Tompkins, a su vez, suerte de testaferro de los EE.UU., según esta teoría conspirativa? La explicación es farragosa y no deja satisfechos a todos. Aunque esa hipótesis se antoja poco creíble, la reconstrucción de los hechos a través de los cuales se gestó el proyecto de la discordia (conocido como Proyecto ARG/02/G35) deja un margen para especular con ella. Tal como han admitido desde la Oficina para la Argentina del PNUD, esa interpretación estuvo alimentada por la mención, en uno de los borradores del proyecto, de la campaña de adquisición de tierras que lleva adelante el CLT, la fundación de Tomkins.

Allí se leía claramente que el proyecto se elaboró teniendo en cuenta que -con vistas a la preservación de las lagunas- se presentaba "una oportunidad única para aprovechar los recursos de un grupo de conservación internacional", el cual había manifestado su interés por hacerse con tierras privadas dentro del área protegida del Iberá para someterlas después a un riguroso régimen de conservación. En ese planteamiento se daba por sentado que la participación del grupo de Tomkins -con muy buena imagen después de haber contribuido con la donación de tierras a la constitución de la Reserva Natural de Monte León, en la provincia de Santa Cruz- debía servir para reforzar la voluntad de preservar los esteros.

Según Reynal, la mención de la fundación del multimillonario norteamericano se incluyó para persuadir al ente financiador de que existían otras inversiones involucradas en la conservación del ecosistema del Iberá, una de las exigencias de ese organismo. Congruentemente, desde el PNUD han indicado que la asociación de Tompkins al proyecto se hizo para mostrar "que había otros actores interesados en los objetivos que se perseguían".

Para aquellas personas que no están familiarizadas con la sinuosa burocracia de la entidades multilaterales, el episodio permanece oscuro. Especialmente porque el mismo Tompkins no ha sido claro en sus declaraciones. De hecho, a pesar de que la organización que encabeza figuraba en varios de los documentos, el multimillonario ha negado con insistencia su vinculación (la última vez, en la Legislatura de Corrientes). Es a esta circunstancia a la que se agarran como un clavo ardiendo sus detractores para objetar un proceso que, independientemente de su legalidad, muchos estiman no se ha sabido divulgar con claridad suficiente.

La disputa por los esteros en Corrientes deja algunos cabos sueltos. Sin ir más lejos, la duda de si existe alguna filiación entre Ecos, la ONG que debería ejecutar el programa, y CLT, la fundación de Tomkins: un interrogante que surge de la circunstancia de que la presidenta de Ecos, María Leichner, haya sido anteriormente presidenta de Agropecuaria S.A., una sociedad en la órbita de Conservation Land Trust Argentina, es decir, CLT.

Con todo, cuesta creer que una trama semejante, ideada para favorecer la compra de tierras por extranjeros -o el robo del agua- haya podido ser urdida en connivencia con el gobierno de Corrientes, la cancillería argentina, las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Pero lo cierto es que, en tanto no se termine de hacer transparente todo el proceso, el futuro de los Esteros del Iberá, motivo del desvelo general que también aparenta compartir D´ Elía, pende en el aire.

A más de veinte años de su nacimiento, ese reservorio amenazado por el peligro de una incipiente pero pujante industria forestal carece, a decir de Reynal, de límites precisos y de un ordenamiento jurídico. Para "enmendar" la falla, Iberá Patrimonio de los Correntinos presentó en la Legislatura de Corrientes una propuesta para reducir la extensión de la reserva de 1.300.000 hectáreas a cerca de 500.000. La desproporción entre las cifras no denota sino lo alejadas que están las posiciones.

Por eso no es extraño que el gobierno de Colombi, muy hermético en lo que concierne a todo este problema, demore la adopción de medidas mientras intenta averiguar cuál de las decisiones supondrá un menor costo político y económico para una provincia deprimida: apostar definitivamente por la conservación del Iberá o dejar las cosas como están. Aunque quizá la cruzada de D Elía haya modificado de tal forma el escenario que las decisiones a tomar excedan la escala de la política provincial.

Las cifras de la discordia

La Reserva Natural del Iberá tiene más de 1.300.000 hectáreas. Del total de esa superficie, 535.000 ha corresponden a tierras fiscales y casi 850.000 a terrenos privados.

Unas 1600 especies vegetales y más de 600 vertebrados habitan sus terrenos. Sus tierras se hallan sobre el Acuífero Guaraní.

A más de 20 años de su creación, este reservorio continúa sin tener límites precisos ni un plan de manejo.

Un proyecto de la ONG Ecos (respaldado por el PNUD) propone que el área se divida en dos zonas, una de ellas (de 519.995 ha) totalmente intangible.

El millonario ecologista Douglas Tompkins es propietario de 150.000 hectáreas incluidas dentro de la reserva, más 100.000 hectáreas fuera de su perímetro.

Conservation Land Trust (CLT), la fundación ecologista liderada por Tompkins, viene adquiriendo campos en el Iberá desde 1997.

Una reserva sin manual de gestión

El Plan de Manejo del Iberá, el documento con el que concluyó el polémico proyecto que ejecutó la ONG Ecos e impulsó en Corrientes el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en los últimos tres años, ha pretendido paliar una grave falla con la que nació en 1983 esa Reserva Natural compuesta por lagunas, esteros y bosques. Desde su constitución, esa privilegiada área verde -que atesora alrededor de 1600 especies vegetales y 628 animales- carece de límites precisos y de un "manual" para su gestión.

La propuesta de Ecos es que toda el área se divida en dos zonas: 519.995 ha para el Parque Provincial Natural del Iberá (un espacio de intangibilidad total) y 866.208 para la Reserva Natural Provincial del Iberá (un espacio con restricciones a la actividad productiva que deberán ser discutidas). Del total de esa superficie, 535.056 ha corresponden a tierras fiscales y 849.817 a tierras privadas.

A pesar del revuelo que ha provocado su redacción, Miguel Reynal, director de Ecos, ha insistido en la necesidad de establecer con urgencia una pauta para la administración de los esteros -"nuestro plan u otro", dijo- que, por abandono de responsabilidades de las sucesivas administraciones, no se había elaborado. ¿El riesgo? "De lo contrario, el Iberá, tal como lo conocemos, desaparecería en cinco años ", pronosticó.