Igualdad de oportunidades en la universidad

Hay que mejorar el financiamiento de la universidad pública, lo cual no significa necesariamente aumentar su presupuesto, sino elevar la eficacia con la cual las universidades administran los recursos que aporta la población con sus impuestos.

La matrícula escolar estatal en todos los niveles es de 10,6 millones de alumnos; de ellos, el 13,6% son universitarios. El presupuesto universitario este año prevé 30.000 millones de pesos, es decir, el 1% del PBI. La universidad absorbe el 16,7% del gasto total en educación. Esto significa que el gasto por estudiante universitario es un 27% mayor que el gasto por estudiante de los otros niveles.

No es fácil ponderar la eficacia de este gasto, ya que existen diferencias entre las 47 universidades nacionales, con una gran desigualdad en el presupuesto por estudiante. El gasto por alumno en las universidades alcanzó en 2011 a 13.535 pesos (3300 dólares por alumno). La Universidad de La Rioja tuvo un gasto anual por alumno de 5574 pesos, mientras que la Universidad de San Martín tuvo un gasto por alumno de 52.088 pesos, 9 veces más. En 2011, las universidades nacionales tuvieron 70.370 graduados, el presupuesto por graduado alcanzó a 263.963 pesos (64.000 dólares), pero las diferencias en el presupuesto por graduado universitario son considerables. En un extremo inferior se encuentra la Universidad de Lomas de Zamora, con un presupuesto por egresado de 25.000 dólares, mientras que en el extremo superior encontramos a la Universidad Patagonia Austral, con un presupuesto por egresado de 425.000 dólares, 17 veces más.

La relación entre ingresantes y graduados tiene mucha importancia a la hora de estimar el costo por graduado, pues las diferencias en la graduación de cada universidad son considerables. Mientras el promedio nacional nos indica 26 egresados cada 100 ingresantes, en el extremo superior encontramos a la Universidad de La Matanza, con 51 egresados, mientras que en el extremo inferior figura la Universidad Patagonia Austral, con apenas 4 egresados cada 100 ingresantes.

La eficacia en la graduación incide en los costos por graduado. Hay universidades como la de Lomas de Zamora y la de Rosario con niveles de graduación superiores al 42%. Por eso, sus presupuestos por graduado son bajos. Lo contrario ocurre en universidades con baja graduación, como San Juan (11,8%) y Tres de Febrero (10,4%). No es fácil explicar la razón de tan grandes diferencias.

El presupuesto de 2011 para becas fue reducido: apenas 492 pesos anuales por estudiante. Comparados con el programa de becas de la Universidad de la República (Uruguay) son muy limitados nuestros programas de asistencia a los alumnos de insuficientes recursos. Según el censo de la UBA de 2011, existían 4054 beneficiarios con magras becas entre sus 263.000 estudiantes. Gozaba de becas apenas el 1,5% de los estudiantes, mientras la Universidad de la República administra un masivo programa de becas que beneficia a nada menos que el 8% de sus estudiantes.

No alcanza con la gratuidad generalizada, que favorece sobre todo a los sectores más acomodados. Es hora de fortalecer la inclusión social en la universidad a través de un sistema de becas destinado a estudiantes que las necesiten para poder dedicarse plenamente al estudio, que puedan demostrar un buen desempeño escolar en el nivel secundario y que opten preferentemente por las carreras científicas y tecnológicas que hoy necesita nuestro país. Con una política universitaria más solidaria podríamos fortalecer nuestro futuro científico y tecnológico y consolidar un crecimiento económico con más igualdad de oportunidades.

El impacto diferencial del gasto público según los sectores socioeconómicos no es nada igualitario. La gratuidad de la educación en el nivel básico es muy progresiva, ya que los pobres se benefician el triple que los ricos, pero lo contrario ocurre con el gasto universitario. Mientras los sectores ricos se benefician con casi el 30% de este gasto, los pobres captan menos del 12%.

Tal diferencia según el nivel educativo en el impacto redistributivo del gasto público en educación está vinculada con la distinta escolarización según el nivel socioeconómico de las familias. La histórica universalización de la escuela primaria se evidencia cuando se observa que la tasa de escolarización de los niños entre 6 y 11 años no difiere entre el nivel socioeconómico bajo y el nivel alto. Pero cuando se considera el grupo entre 18 y 24 años, la población universitaria, la situación es otra.

El panorama aquí depende del nivel socioeconómico de las familias. Así, en esta franja entre 18 y 24 años la escolarización del nivel alto es casi un 51% superior a la escolarización de la población de nivel bajo. Esto no es una novedad, ya que la graduación en la escuela secundaria difiere según el nivel socioeconómico de las familias.

El presupuesto debe asegurar el desarrollo de la enseñanza universitaria, pero una universidad con pocos graduados incrementa el costo de cada graduado a cargo de los contribuyentes. Eso es lo que está ocurriendo en muchas universidades nacionales. El financiamiento de la universidad también proviene de quienes no pueden acceder a ella, tanto porque no concluyen la escuela secundaria como porque la mayoría de ellos son pobres.

La responsabilidad social de la universidad al utilizar los fondos públicos no contradice el principio de la autonomía universitaria. Un buen ejemplo en tal sentido lo da la nueva Constitución de Ecuador, que en su artículo 355, al referirse a la universidad, establece: "La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional". En el artículo 356, también dispone: "La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel [...] La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes."

Utilizar eficazmente los aportes de los contribuyentes al sostenimiento de las universidades es una responsabilidad de sus autoridades. Esto exige mejorar los niveles de graduación, reduciendo así el presupuesto por cada graduado y liberando recursos financieros para ampliar los programas de becas que fortalezcan la igualdad de oportunidades.
© LA NACION

El autor es miembro de la Academia Nacional de Educación y director del Centro de Estudios de Educación de la UB .