Imprudente aumento impositivo

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23 de enero de 2002  

Hace pocos días la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la ley de emergencia económica, por la cual se facultó al gobierno local a emitir títulos cancelatorios para hacerle frente, fundamentalmente, al pago de salarios y proveedores, por causa de la fuerte y persistente caída en la recaudación que desde los últimos meses viene desvelando tanto a los funcionarios porteños como a los de todo el país. Tal situación se ha visto agravada por las medidas que privaron a los ciudadanos de la libre disposición de su dinero.

Sin embargo, y a pesar de esa preocupación, los primeros anuncios provenientes de boca de los funcionarios no estuvieron a la altura de las expectativas de los contribuyentes, quienes esperaron -esperan- una efectiva reducción del gasto comunal a través de medidas concretas como, por ejemplo, una rebaja en los sueldos elevados, poco acordes con la realidad actual, y una racional reducción de personal, comenzando por los ya célebres ñoquis y por aquellos que fueron premiados con un cargo por el solo hecho de haber arrimado votos a la campaña, sin haber tenido en cuenta su idoneidad o aptitud.

Inmediatamente después, la Legislatura porteña aprobó modificaciones a la ley tarifaria y al Código Fiscal. No tuvo para nada en cuenta los efectos negativos que produjo el "impuestazo" del ministro Machinea a fines de 1999. Los legisladores acordaron aumentar la alícuota del impuesto a los ingresos brutos para algunos contribuyentes, entre ellos los supermercados de más de 1500 metros cuadrados, la telefonía celular y los bancos.

Según lo manifestado por el titular de la Comisión de Presupuesto de la comuna porteña, el frepasista Marcelo Vensentini, "los cambios no implican un aumento en los impuestos, ya que no se gravó ningún servicio que pueda ser trasladado a la gente". Los profesionales y técnicos en materia impositiva no comparten esa opinión.

Desde el punto de vista del sistema financiero, ese impuesto incrementa el costo del financiamiento por ser trasladado por las entidades financieras al costo de los préstamos otorgados. Ello puede derivar en mayores riesgos de incobrabilidad de dichos créditos y provocar el incremento del costo del financiamiento por encima de la incidencia que el impuesto tiene sobre las entidades financieras. Y las restantes actividades que han visto incrementada la alícuota se podrían ver obligadas a trasladar el aumento a los consumidores finales.

Es indudable que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado esa iniciativa en un momento crítico para el país, al incorporarle al escenario actual un factor de mayor perturbación económica y social, que va a contrapelo de las políticas tendientes a superar la grave recesión y a promover el desarrollo de la actividad económica en general.

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