Impunidad obscena

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral es un peso pesado de los tribunales de Comodoro Py. Acumula experiencia, generalmente de la mala. Se caracteriza por su entrenado olfato político y por haber sobrevivido a varios pedidos de juicio político. Últimamente es su patrimonio, o más precisamente el inexplicable incremento de su fortuna, el que es objeto de investigación en el Consejo de la Magistratura.

Una investigación de la nacion reveló que Canicoba Corral y su actual esposa son dueños de por lo menos tres propiedades por valor de dos millones de dólares: un semipiso en la zona más exclusiva de Palermo, una casona en Vicente López y un terreno en Uruguay. Estos inmuebles aparecen a nombre de su mujer, Viviana Tejada, una empleada del Poder Judicial que trabajó con el juez en Comodoro Py y que luego armó su propio estudio jurídico.

El escandaloso magistrado fue designado juez federal en 1993 y fue uno de los señalados por Domingo Cavallo como "juez de la servilleta". Como se recordará, esa expresión se acuñó para los jueces que el entonces ministro de Menem Carlos Corach consideraba leales a su gobierno y que listó de puño y letra en una servilleta. Fiel a esa pertenencia, una de sus características salientes -aunque no la única- es ser complaciente con el oficialismo de turno. Recientemente, el exdirigente sindical Omar "Caballo" Suárez lo denunció ante el Consejo de la Magistratura por un supuesto pedido de soborno que habría ascendido a 500.000 dólares. Suárez está procesado con prisión preventiva, con un embargo de 17 millones de pesos impuesto por Canicoba, en una causa por extorsión a empresarios marítimos y por administración fraudulenta en la obra social y en la mutual del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

La Unidad de Información Financiera (UIF) aportó a la Justicia un escrito en el que Canicoba aparecería comprometido en una maniobra millonaria de su amigo Guillermo Scarcella, exfuncionario de Daniel Scioli que estuvo al frente de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA).

A la cadena de sospechas sobre el tan exponencial como inexplicable enriquecimiento del juez hay que sumar la reciente fastuosa fiesta de cumpleaños de 15 que le obsequió a su hija, que, según estimaciones recogidas en varios medios, habría costado no menos de tres millones de pesos. Se festejó en el exclusivo Tattersall de Palermo y contó con la asistencia de 240 personas. Una investigación del programa Periodismo para todoselevó esa cuenta a 3,5 millones de pesos sumando los costos del alquiler del salón, el catering, la organización, la ambientación, el show, el DJ, las invitaciones y suvenires, los videos y el vestido y el maquillaje de la joven. Según los videos que trascendieron, el juez aprovechó también para celebrar sus 25 años de magistrado.

En un país con serias dificultades económicas y altos índices de pobreza, estas ostentaciones de opulencia y despilfarro de un juez federal poco ayudan a que los ciudadanos mantengan un mínimo nivel de confianza en la probidad de los miembros del Poder Judicial. Si, para peor, hablamos de un juez cuestionado por su enriquecimiento, resulta difícil apartarse del calificativo de "obscenidad".

Cambiemos ha prometido transparencia y, ya en el gobierno, se convenció de la necesidad de llevar a cabo una limpieza en ciertos fueros y juzgados cuyos titulares eran francamente indefendibles. Así, se logró apartar al juez Norberto Oyarbide y, más recientemente, a Jorge Ballestero. Es preciso perseverar en esta línea, por supuesto que siempre sobre la base de pruebas firmes y acorde con los procedimientos que indica la ley. La investigación sobre el patrimonio de este juez debe llevarse adelante respetando su derecho de defensa, sin ninguna especulación sobre el tenor de los sumarios que instruye y sin ceder a la tentación de usar esas investigaciones como elemento de negociación. Al mismo tiempo, esa investigación debe caracterizarse por la misma transparencia y celeridad que les exigimos a los jueces en su trascendental labor. La garantía de la inamovilidad de los jueces que la Constitución incluye en beneficio de los ciudadanos, para garantizar su imparcialidad, debe tener como contrapartida un régimen eficaz, rodeado de garantías, para separar rápidamente a quienes por su catadura moral nunca debieron tener la excelsa misión de impartir justicia.

En cambio, sería un grosero error repetir las fallidas estrategias empleadas en el gobierno de Menem y de los Kirchner de favorecer a ciertos magistrados salvándolos del juicio político a cambio de que fallaran en favor de funcionarios de esas administraciones. Un triste canje de impunidad para funcionarios corruptos por permanencia en sus cargos, o sea, impunidad también para magistrados corruptos. De poco sirvieron esas estrategias, pues los fallos de esos magistrados alentaban nuevas sospechas y facilitaban generalizaciones muchas veces injustas que alcanzaban a otros jueces probos

Es que el fuero federal penal, sobre todo el de la Capital Federal, es el que se ha forjado la peor imagen y ha manchado injustamente la percepción que la sociedad tiene de la Justicia. Pero tampoco se trata de todo el fuero federal penal, sino básicamente de algunos jueces con despachos en los tribunales de Comodoro Py, como Canicoba Corral.

Un sistema republicano verdaderamente sano se construye sobre la base de magistrados probos y honestos.