Inadmisible intento de censura

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26 de diciembre de 2001  

Aun cuando se haya tratado de una acción de un gobierno que ya es historia, hay hechos que no pueden ser pasados por alto fácilmente. La advertencia del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) acerca de que está vigente la norma que permite disponer la caducidad de la licencia de los medios encuadrados bajo la jurisdicción de ese organismo, en caso de que sus emisiones transmitiesen contenidos o formas de expresión susceptibles de provocar conmoción o alarma colectiva, configuró una velada amenaza contra la libertad de información.

El recordatorio, por así denominarlo, fue difundido tras la declaración del estado de sitio, dictada con motivo de los gravísimos episodios de violencia registrados en la ciudad de Buenos Aires y otras localidades del interior del país. La restrictiva naturaleza de la disposición invocada por el Comfer está implícita en el hecho de que forma parte de la ley 22.285, dictada durante el último gobierno militar, en cuyo texto también se establece que "las noticias relacionadas con hechos o episodios sórdidos, truculentos o repulsivos, deben ser tratadas con decoro y sobriedad, dentro de los límites impuestos por la información estricta".

Aun dando por sentado que la República en su conjunto acaba de salir a duras penas de una situación conflictiva de inusitada magnitud institucional, no es en modo alguno admisible esa pretensión de encorsetar a las radios dentro de los estrictos parámetros de una norma que se retrotrae a las épocas en que el país se encontraba constreñido al estricto acatamiento de modalidades autoritarias de gobierno y que, en su fondo y en su forma, está reñida con expresas garantías constitucionales. Además, daría la impresión -de suyo negativa- de que el Comfer pusiera en tela de juicio la madurez de los responsables de esos medios y sustentase la pretensión de arrogarse la potestad de tutelar el criterio con el cual juzgan las informaciones y el modo en que deben transmitírselas al público.

Esa larvada intención de someter a la radiotelefonía a procedimientos donde subyacen metodologías en que están implícitos mecanismos de control o de censura, a todas luces se contradice con la plena vigencia del Estado de Derecho, incluso aunque mediasen -tal como así ocurrió- circunstancias excepcionales que justificaran su interrupción temporal.

Una de las características más importantes de la vida moderna es la insaciable sed de información que distingue a cada vez más vastos sectores de la sociedad. Ese requerimiento sólo puede ser satisfecho en plenitud por el amplio ejercicio de la actividad informativa -valga la redundancia- expresada en forma libre e independiente.

Por supuesto, eso no significa de manera alguna habilitar vías francas para la comisión de excesos que, sin dudas, desmerecerían la trascendental misión que las radios -y junto con ellas, los restantes medios informativos- tienen asignada. Pero tan razonable obligación ética no puede serles impuesta desde la letra de la legislación que exclusivamente debe servirles de marco regulatorio, sino que les corresponde a los propios medios -sometidos, es prudente no olvidarlo, al constante y exigente juicio del público- ejercer su labor con absoluta responsabilidad y objetivo enfoque.

A lo largo de varios siglos, millones de periodistas han luchado y hasta han muerto para que nadie les impusiese trabas o mordazas. Bastaría esa mención para demostrar cuán anacrónica y objetable es la intención de resucitar, sea cual fuere su finalidad, a esos auténticos sinónimos de la desinformación.

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